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GAMBIA 2021

Se llevaron a cabo detenciones arbitrarias en Sanyang, y las protestas seguían estando restringidas. Se promulgó el proyecto de Ley de Acceso a la Información. La Comisión de Verdad, Reconciliación y Reparación envió al gobierno su largamente esperado informe. Las fábricas de harina de pescado tuvieron un efecto económico y ambiental negativo en las poblaciones locales. Las mujeres y las personas LGBTI seguían sufriendo discriminación. El proyecto de ley sobre la tortura seguía pendiente al terminar el año, y los tribunales continuaron dictando condenas a muerte.

Información general

Gambia celebró en diciembre elecciones presidenciales, en las que resultó vencedor Adama Barrow. El informe de la Comisión de Verdad, Reconciliación y Reparación publicado en diciembre recomendaba procesar al expresidente Yahya Jammeh por delitos cometidos durante su mandato.

Detención y reclusión arbitrarias

El 15 de marzo estallaron violentas protestas en Sanyang después de que un ciudadano senegalés matara a un hombre de la zona. La policía arrestó al menos a 50 personas durante los siete días siguientes. La mayoría de ellas quedaron en libertad sin cargos, y a 22 se las acusó inicialmente de delitos entre los que figuraban incendio provocado, destrucción de edificios por parte de alborotadores, reunión ilegal y concierto para delinquir. Al finalizar el año seguían con cargos pendientes 19 personas, entre ellas 14 acusadas de conspiración para cometer delitos menores, reunión ilegal y disturbios, y 5 acusadas de ir armadas en lugares públicos, vandalismo contra comercios, robo, incendio provocado, daños a la propiedad, conspiración para provocar incendios, reunión ilegal y disturbios.

En mayo, el fiscal general retiró los cargos pendientes contra quienes encabezaron la protesta del movimiento Three Years Jotna (“tres años bastan”) que la policía había reprimido con violencia en 2020. La protesta pedía al presidente Adama Barrow que cumpliera su promesa de dimitir después de tres años en el cargo.

Libertad de reunión

Continuó en vigor el artículo 5 de la Ley de Orden Público, que exigía la obtención de un permiso para manifestarse. Dicha disposición se empleaba para denegar el permiso de organizar protestas. En junio, el inspector general de la Policía denegó a la organización Gambia en Favor de los Cinco Años y la Consolidación de la Paz el permiso para protestar contra la decisión de la comisión electoral de permitir a la alcaldesa de Banjul expedir certificados para la inscripción de votantes en el censo.

Libertad de expresión y derecho a la información

En julio, el Parlamento promulgó el proyecto de Ley de Acceso a la Información, y el presidente lo sancionó el 25 de agosto. Este proyecto de ley fue el resultado de un esfuerzo de colaboración entre la sociedad civil y el gobierno, y permitía a la población y los periodistas acceder a información de las instituciones públicas.

Al concluir el año seguían pendientes los proyectos de ley que modificaban las disposiciones del Código Penal y de la Ley de Información y Comunicaciones que restringían el derecho a la libertad de expresión. A consecuencia de ello, la sedición contra el presidente y la administración de justicia seguía tipificada como delito castigado con duras penas, incluso de prisión. Las autoridades investigadoras y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos conservaban la potestad de interceptar sin supervisión judicial efectiva comunicaciones con fines de vigilancia.

Derecho a verdad, justicia y reparación

La Comisión de Verdad, Reconciliación y Reparación, constituida en octubre de 2018 para examinar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas durante los 22 años de régimen del expresidente Yahya Jammeh, celebró su última sesión pública el 28 de mayo. La Comisión presentó su informe final al gobierno el 25 de noviembre. El ministro de Justicia hizo público el informe el 24 de diciembre.

Derechos económicos, sociales y culturales

Las poblaciones locales denunciaron el efecto económico y ambiental de las fábricas de harina de pescado en las regiones costeras, incluidas Gunjur y Sanyang.

Las fábricas de harina de pescado dieron lugar a la sobrepesca, y el gobierno seguía siendo incapaz de controlar la pesca ilegal realizada por embarcaciones extranjeras debido a su limitada capacidad de vigilancia en el mar. La consiguiente escasez de pescado provocó una subida de los precios de este producto. En junio, Greenpeace publicó un informe que hacía hincapié en el impacto de la industria de la harina y el aceite de pescado en la región. Las personas más afectadas eran las vendedoras de pescado ahumado, los pescadores artesanales y las personas que dependían del pescado como fuente de proteínas. El informe concluía que dicha industria suponía una amenaza para la seguridad alimentaria en la región.

Discriminación

Derechos de las mujeres

Persistió la violencia contra las mujeres. En julio, la ministra para la Mujer, la Infancia y el Bienestar Social declaró que, en los 12 meses anteriores, la Red contra la Violencia de Género había registrado 251 casos de violencia de género y, de éstos, 240 contra mujeres.

Las mujeres seguían infrarrepresentadas en los cargos públicos. Según ONU Mujeres, en febrero de 2021 sólo el 8,6% de los escaños del Parlamento estaban ocupados por mujeres.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Las personas LGBTI continuaron viviendo bajo la amenaza de leyes opresivas que creaban un entorno inseguro. El artículo 144 del Código Penal establecía penas de 14 años de prisión para quien tuviera “relaciones carnales contra natura con otra persona […] o permitiera que una persona mantuviera con él o ella relaciones carnales contra natura”. El artículo 147 castigaba con 5 años de cárcel la comisión de un “acto de grave indecencia” entre dos personas del mismo sexo. El artículo 144A establecía el delito de “homosexualidad con agravantes”, punible con cadena perpetua, para “reincidentes” y quienes vivían con el VIH.

Tortura y otros malos tratos

El proyecto de Ley de Prohibición y Prevención de la Tortura seguía pendiente ante la Asamblea Nacional, de modo que al terminar el año no había ninguna ley nacional que definiera la tortura ni la tipificara como delito.

Pena de muerte

Pese al establecimiento de una moratoria oficial de las ejecuciones y de la adhesión del país al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, los tribunales continuaron imponiendo condenas a muerte. El 14 de julio, el Tribunal Superior de Banjul declaró a Yankuba Touray (antiguo miembro de la junta militar y aliado del expresidente Yahya Jammeh) culpable del asesinato de Ousman Koro Ceesay, exministro de Economía. Yankuba Touray fue condenado a muerte por ahorcamiento. Otros dos hombres fueron condenados a muerte por asesinato, uno en julio y otro en octubre.