Gambia 2022
El gobierno acordó aplicar la mayoría de las recomendaciones de la Comisión de Verdad, Reconciliación y Reparación, incluido el enjuiciamiento del expresidente Yahya Jammeh por violaciones de derechos humanos cometidas durante su mandato. La libertad de expresión de quienes criticaban al gobierno estaba amenazada. La policía usó fuerza excesiva contra manifestantes. Las mujeres seguían estando infrarrepresentadas en el ámbito político y en los medios de comunicación. Las prisiones seguían teniendo una ocupación muy superior a su capacidad, y las personas permanecían periodos excesivamente prolongados recluidas en espera de juicio. Al menos cinco hombres fueron condenados a muerte.
Información general
Adama Barrow comenzó su segundo mandato como presidente en enero. En abril se celebraron elecciones legislativas.
Derecho a verdad, justicia y reparación
En enero, tres exmiembros de los Junglers (escuadrón de la muerte de carácter paramilitar que había existido durante la presidencia de Yahya Jammeh), entre ellos el exjefe de la guardia estatal, fueron detenidos al llegar al país desde Guinea Ecuatorial. El Tribunal Superior ordenó su puesta en libertad un mes después al no presentarse cargos contra ellos. En marzo, la Comisión de Verdad, Reconciliación y Reparación, cuyo objetivo era crear un registro imparcial de los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos durante los 22 años de mandato del expresidente Yahya Jammeh, recomendó una amnistía para el exvicepresidente del Consejo de Gobierno Provisional de las Fuerzas Armadas, Sanna Sabally, que admitió su responsabilidad en los homicidios extrajudiciales de soldados. Varias organizaciones dirigidas por víctimas condenaron el procedimiento por el cual se recomendaban las amnistías —sin incluir sus aportaciones— y pidieron al gobierno que ignorase la recomendación de la Comisión de Verdad, Reconciliación y Reparación de conceder la amnistía a Sanna Sabally.
En mayo, el gobierno publicó un libro blanco y aceptó 263 de las 265 recomendaciones de la Comisión de Verdad, Reconciliación y Reparación, incluidos la suspensión de los funcionarios en activo que fueran acusados de violaciones de derechos humanos en el informe de la Comisión y el enjuiciamiento del expresidente Yahya Jammeh. El gobierno rechazó la recomendación de la Comisión de conceder una amnistía a Sanna Sabally. En junio, el fiscal general y el ministro de Justicia revelaron que el gobierno no tenía suficiente presupuesto para comenzar a aplicar las recomendaciones de la Comisión en 2022.
En noviembre, el ministro de Justicia declaró que el gobierno había entablado conversaciones con la Comunidad Económica de Estados del África Occidental a fin de establecer un tribunal híbrido para enjuiciar delitos cometidos durante el mandato de Yahya Jammeh.
Libertad de expresión
En mayo, durante su reunión anual con los ancianos musulmanes de Banjul, el presidente atacó verbalmente al activista Madi Jobarteh por haber pedido la destitución de un ministro por presunta gestión inadecuada de tierras públicas. El presidente llamó al activista “alborotador” y lo acusó de querer incendiar el país. También criticó a los medios de comunicación por servir a éste de tribuna y advirtió que no lo toleraría.
Uso excesivo de la fuerza
El 10 de marzo se produjeron enfrentamientos entre simpatizantes del opositor Partido Democrático Unido (UDP, por sus siglas en inglés) y la Unidad de Intervención de la Policía en Brikama tras rechazar el órgano electoral la candidatura de un miembro del UDP por la circunscripción de Busumbala. Poco después de los enfrentamientos comenzó a circular en Internet un vídeo en el que se veía a agentes de policía propinando patadas y golpes con porras a un simpatizante del UDP desarmado. El vídeo fue verificado por Amnistía Internacional. El Centro para las Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos de Gambia y la Comisión Nacional de Derechos Humanos condenaron el uso excesivo de la fuerza por la policía, y la Comisión instó al inspector general de la Policía a garantizar la aplicación de las Directrices para el Control de Reuniones por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley en África, de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
Discriminación
Derechos de las mujeres
En marzo, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea señaló en su informe que la participación de las mujeres en la política era muy baja: las mujeres ocupaban únicamente 5 de los 58 escaños de la Asamblea Nacional y sólo 4 de las 23 carteras ministeriales. Un mes antes se había debatido en la Asamblea Nacional un proyecto de ley destinado a reservar escaños en esa misma cámara para mujeres y para personas con discapacidad, pero no se aprobó.
En marzo, el presidente del Sindicato de Prensa de Gambia (GPU) expresó su preocupación por el acoso sexual y la discriminación generalizados contra las mujeres en los medios de comunicación, ya que los puestos más influyentes en los consejos editoriales y las redacciones estaban ocupados por hombres. El presidente del GPU instó a las empresas de medios de comunicación a adoptar la política del sindicato en materia de acoso sexual y a nombrar más mujeres para puestos influyentes.
En octubre, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU que recomendara que Gambia tipificase como delito la violación conyugal, ya que la Ley sobre Delitos Sexuales no lo contemplaba.
Derechos de las personas detenidas
Varios medios de comunicación publicaron que el informe de la Comisión de Verdad, Reconciliación y Reparación calificaba de degradantes y no aptas para seres humanos las condiciones de vida de la Prisión Central del Estado (Mile II). En una sesión informativa en la Comisión de Consolidación de la Paz de la ONU celebrada en octubre, el ministro de Justicia declaró que las prisiones del país estaban ocupadas muy por encima de su capacidad, y que en Mile II había 25 personas en celdas concebidas para 5.
En septiembre, después de una misión de investigación en el centro penitenciario, el Comité de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional afirmó que presionarían al presidente del Tribunal Supremo para que examinara el caso de un recluso cuyo juicio se había prolongado durante 10 años. El ministro de Justicia anunció una investigación sobre el caso y afirmó que su departamento estaba compilando una lista de todas las personas que se hallaban en prisión preventiva, con el objetivo de reducir el tiempo que tendrían que esperar hasta el juicio.
Pena de muerte
En julio, el Tribunal Superior de Banjul condenó a muerte al exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia durante la presidencia de Yahya Jammeh y a otros cuatro hombres por el asesinato del líder juvenil del Partido Democrático Unido.