Informe 2025/26 de Amnistía Internacional - Análisis global

Amnistía Internacional documentó en 2025 un panorama generalizado de violaciones de derechos humanos cometidas por gobiernos y otros agentes, ausencia de rendición de cuentas e injusticias sistémicas, junto con algunos avances limitados. Muchos de estos escenarios han persistido en 2026, mientras el orden internacional basado en normas es objeto de ataques constantes.

Se han cometido gran cantidad de crímenes de derecho internacional, como el genocidio de Israel contra la población palestina en Gaza, los crímenes de lesa humanidad perpetrados por Rusia en Ucrania y los crímenes de guerra y otros crímenes previstos por el derecho internacional cometidos en Myanmar, Sudán y otras zonas en conflicto. Aunque el activismo y la presión judicial han llevado a algunos Estados a restringir o prohibir las exportaciones de armas a Israel, las transferencias irresponsables de armamentos han seguido fomentando atrocidades. Estados Unidos y Rusia menoscabaron en 2025 los mecanismos internacionales de rendición de cuentas, en concreto la Corte Penal Internacional (CPI), mientras que otros Estados anunciaron su retirada del Estatuto de Roma. No obstante, la Corte y otros mecanismos consiguieron que se practicaran importantes detenciones y se dictaran sentencias condenatorias relevantes; también se crearon nuevos organismos de investigación, como un tribunal especial sobre el crimen de agresión perpetrado contra Ucrania.

Las prácticas autoritarias se han intensificado en todo el mundo. En 2025, los gobiernos de Afganistán, China, Egipto, Estados Unidos, India, Irán, Kenia, Reino Unido y Venezuela, entre otros países, emplearon la violencia para reprimir protestas, criminalizaron la disidencia mediante leyes de seguridad y antiterroristas o hicieron uso de desapariciones forzadas, ejecuciones y tácticas abusivas de actuación policial. Aunque las iniciativas en favor de un tratado de las Naciones Unidas sobre el comercio sin tortura cobraron impulso, la tortura y los malos tratos —mediante dispositivos de descarga eléctrica, entre otros— siguieron siendo prácticas generalizadas.

Un tema central ha sido la discriminación. Se ha sometido a las personas refugiadas y migrantes a deportaciones masivas y a políticas racialmente discriminatorias, mientras que se ha seguido dejando muy desprotegidas a las que, desplazadas como consecuencia del cambio climático, se han visto obligadas a cruzar fronteras internacionales. Se ha mantenido la injusticia racial ligada al colonialismo y a las industrias extractivas, y con ella las exigencias de reparación. La violencia por motivos de género y la restricción de los derechos de las mujeres fueron fenómenos generalizados en 2025. Aunque en algunos países se hicieron avances de carácter jurídico para ampliar el derecho al aborto y prohibir el matrimonio precoz, los obstáculos existentes para acceder al aborto y a servicios de atención posterior al aborto se mantuvieron. Al mismo tiempo, en todo el mundo se intensificaron los ataques contra diversos derechos de las personas LGBTI, en especial las transgénero.

Los gobiernos no han potenciado el abandono gradual de los combustibles fósiles, y el apoyo a la financiación y la adaptación climáticas ha sido del todo insuficiente. La deuda, los recortes de la ayuda y las estructuras económicas mundiales injustas han menoscabado los derechos económicos y sociales. En 2025 continuaron los abusos empresariales —entre ellos, los daños ambientales, las vulneraciones de derechos laborales y la interposición de demandas—, mientras que en la Unión Europea (UE) se suavizó el texto de una nueva e histórica normativa sobre la diligencia debida empresarial.

Por último, los gobiernos se han valido de la tecnología para aplicar y afianzar prácticas autoritarias. Con la ayuda de agentes empresariales, han ejercido vigilancia ilícita para restringir el derecho a la libertad de expresión o reprimir las protestas. Aunque en 2025 se constataba cada vez más el daño que suponían para los derechos humanos las plataformas de redes sociales y el creciente número de herramientas de inteligencia artificial (IA) generativa, la regulación de estos ámbitos iba con retraso.

Crímenes de derecho internacional

Genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra

Israel cometió genocidio —además de diversos crímenes de guerra y de lesa humanidad—, contra la población palestina de Gaza, genocidio que continuó tras haberse acordado un alto el fuego con Hamás el 9 de octubre de 2025. Su sistema de apartheid contra todas las personas palestinas también tuvo graves consecuencias, especialmente en la Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Oriental, con operaciones militares de alta intensidad y un acusado aumento de la violencia de los colonos respaldada por el Estado. Las protestas multitudinarias contra el genocidio de Israel se extendieron por el mundo. Muy diversas organizaciones, organismos internacionales y Estados reconocieron que Israel estaba cometiendo genocidio. Pero, en general, los gobiernos más poderosos del mundo no tomaron medidas significativas para detenerlo, ni tampoco para poner fin a la ocupación ilegal y el apartheid israelíes.

Rusia perpetró en Ucrania crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, entre otros mediante la práctica generalizada de desapariciones forzadas, tortura y, según informes, ataques con drones contra civiles, e intensificó los bombardeos aéreos de infraestructuras civiles esenciales. Aumentaron los informes sobre ejecuciones extrajudiciales de prisioneros y prisioneras de guerra ucranianos por las fuerzas rusas. En los territorios que ocupaba, Rusia tomó también medidas para reprimir las identidades no rusas. Al margen de los conflictos armados, también constituyeron crímenes de lesa humanidad las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y los actos de tortura cometidos de manera generalizada contra disidentes y otras personas en Venezuela.

Las partes en los conflictos librados en muchos otros países cometieron actos que constituían crímenes de guerra. Las fuerzas gubernamentales, las milicias aliadas con ellas y los grupos armados de oposición mataron a miles de civiles. En la República Democrática del Congo, varios grupos armados fueron responsables del homicidio ilícito de centenares de civiles, y uno de ellos atacó además hospitales y secuestró a pacientes y personas que prestaban cuidados allí. En Myanmar, el ejército utilizó parapentes motorizados para lanzar sobre pueblos y otros lugares munición explosiva que mató a decenas de civiles, incluidos niños y niñas; además, bloqueó la llegada de ayuda humanitaria a las zonas controladas por la resistencia. Las Fuerzas Armadas de Sudán y sus aliados mataron a decenas de civiles en represalia por su presunta colaboración en las actividades de oposición de las Fuerzas de Apoyo Rápido, que también perpetraron homicidios ilícitos de civiles, incluidas matanzas llevadas a cabo durante ataques sobre Darfur Septentrional. Continuaron las denuncias de ataques y homicidios ilícitos cometidos por las fuerzas gubernamentales y los grupos armados en otros conflictos de larga duración en África, entre ellos los de Burkina Faso, Camerún, Malí, Mozambique, Níger, Nigeria, República Centroafricana, Somalia y Sudán del Sur. En Siria, las milicias afines al gobierno perpetraron una oleada de matanzas de centenares de civiles, incluidos homicidios sectarios.

La ONU y otros organismos registraron miles de casos de violencia de género y violencia sexual relacionadas con los conflictos en países como República Centroafricana, República Democrática del Congo, Somalia, Sudán y Sudán del Sur. En Sudán, las Fuerzas de Apoyo Rápido utilizaron violencia sexual de manera generalizada y sistemática para humillar, castigar y desplazar a mujeres, y las Fuerzas Armadas de Sudán también cometieron actos de violencia sexual, incluidas violaciones, contra mujeres y hombres.

Los gobiernos deben tomar medidas significativas para detener el genocidio y colaborar en la ONU y otros foros para abordar y prevenir los crímenes de derecho internacional.

Producción y transferencias irresponsables de armas

Pese al riesgo de complicidad que entrañaba, los Estados continuaron llevando a cabo y facilitando transferencias irresponsables de armas incluso a agentes implicados en la comisión de crímenes de derecho internacional. Estados Unidos lideró la prestación de apoyo militar masivo a Israel. Emiratos Árabes Unidos suministró armas —incluidos vehículos blindados para transporte de personal y armamento chino avanzado— a las Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán, que el grupo utilizó en Darfur.

La presión sobre los Estados y las empresas de armamento ha aumentado y ha surtido algún efecto. En los años previos a 2025, Bélgica, Canadá, España, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido, entre otros Estados, ya habían tomado algunas medidas para reducir el suministro de armas a Israel, aunque a menudo se limitaron a no conceder nuevas licencias de exportación y siguieron suministrando armas bajo licencias antiguas, pero en 2025 hubo más avances. En Bélgica, tras haberse prohibido las exportaciones de armas a Israel desde la región de Valonia, un tribunal resolvió que la región de Flandes detuviera todo el transbordo de armas con destino a Israel. En Alemania, el gobierno anunció que no iba a conceder nuevas licencias de exportación de armas a Israel si cabía la posibilidad de que se utilizaran en Gaza, si bien posteriormente levantó la suspensión de las exportaciones de armas allí. En Eslovenia, aunque ha habido problemas de aplicación, el gobierno anunció que iba a prohibir todo el comercio de armas con Israel, incluidos el tránsito y la importación. En España se aprobó por ley un embargo integral de armas a Israel. El Grupo de La Haya —el bloque de Estados formado por Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica, que propugna la adopción coordinada de medidas jurídicas y diplomáticas en defensa del derecho internacional y la solidaridad con el pueblo palestino— se comprometió a detener completamente el comercio de armas con Israel. El activismo mundial contra el flujo de armas a Israel aumentó, con paros nacionales en Italia y acciones del personal portuario en España, Francia, Grecia, Italia Marruecos y Suecia, por ejemplo, para desviar las rutas de transporte de armas a Israel.

No obstante, algunos Estados revocaron en 2025 los compromisos que habían contraído con respecto a las armas prohibidas o expresaron su intención de hacerlo. Lituania se retiró de la Convención sobre Municiones en Racimo, convirtiéndose en el primer Estado en hacerlo desde su adopción en 2008. Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania y Polonia notificaron a la ONU su intención de retirarse de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción (Convención de Ottawa), alegando amenazas de Rusia. Las autoridades de Finlandia y Polonia dijeron que sus países iban a reanudar la producción nacional de minas antipersonal. Ucrania comunicó a la ONU que tenía intención de suspender la aplicación de la Convención de Ottawa, en contra de lo dispuesto en el propio tratado. Aun así, la mayoría de los países reconocieron los motivos de preocupación que planteaba la cuestión de la inteligencia artificial y la autonomía en los sistemas de armas desde el punto de vista humanitario, jurídico y ético. En la Primera Comisión de la Asamblea General de la ONU, 156 Estados votaron a favor de una resolución en la que se pedía terminar el trabajo que se estaba realizando sobre los elementos necesarios para elaborar un instrumento internacional sobre los sistemas de armas autónomos, con miras a futuras negociaciones.

Los Estados y las empresas deben detener las transferencias irresponsables de armas, incluidas todas las destinadas a Israel.¹ Deben reasumir sus compromisos con la Convención sobre Municiones en Racimo y la Convención de Ottawa y negociar un tratado que prohíba determinados sistemas de armas autónomos y controle estrictamente el uso de los sistemas que puedan utilizarse de manera ilícita.

Impunidad

En 2025, algunos Estados, como Estados Unidos y Rusia, atacaron o menoscabaron los mecanismos internacionales de rendición de cuentas. Especialmente perjudiciales fueron las medidas adoptadas por Estados Unidos, que impuso sanciones a integrantes de la fiscalía y la judicatura de la Corte Penal Internacional, así como a la relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado desde 1967 y a varias organizaciones palestinas de derechos humanos, con la intención de obstaculizar la labor de la Corte y evitar que nacionales israelíes y estadounidenses tuvieran que rendir cuentas. Los tribunales rusos dictaron órdenes de detención contra personal de la CPI. Otros Estados no hicieron prácticamente nada para proteger a esas personas y organizaciones, ni a la CPI misma. La UE optó por no activar en respuesta su estatuto de bloqueo, el instrumento jurídico que le permitía contrarrestar la aplicación extraterritorial de leyes extranjeras en perjuicio de entidades suyas. Tres Estados Partes en el Estatuto de Roma de la CPI, Burkina Faso, Malí y Níger, anunciaron su intención de retirarse de él, mientras que Hungría fue más allá y presentó formalmente la notificación de su retirada en 2026. Varios Estados Partes en el Estatuto de Roma, entre ellos Hungría, Italia y Tayikistán, no ejecutaron órdenes de detención de la CPI.

No obstante, los mecanismos internacionales continuaron con su importante trabajo en pos de la rendición de cuentas. La CPI dictó sendas órdenes de detención contra dos líderes talibanes por el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género cometido contra mujeres, niñas y personas LGBTI desde su vuelta al poder en Afganistán en 2021, y también hizo públicas órdenes dictadas contra nacionales libios acusados de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Tras la ejecución de la orden de detención dictada contra él por el crimen de lesa humanidad de asesinato en relación con los homicidios de la “guerra contra las drogas”, el expresidente de Filipinas fue entregado a la CPI. En diciembre, su Sala de Cuestiones Preliminares confirmó 39 cargos presentados por la Fiscalía contra el líder del grupo ugandés Ejército de Resistencia del Señor. Ese mismo mes, Alemania entregó a la CPI a Khaled Mohamed Ali El Hishri, destacado miembro de una poderosa milicia libia contra quien se había dictado orden de detención por crímenes de lesa humanidad y de guerra en relación con abusos perpetrados en la tristemente célebre prisión de Mitiga de la capital libia, Trípoli. Asimismo, la CPI declaró a un líder de las milicias yanyawid culpable de crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos en 2003 y 2004 durante brutales ataques perpetrados en Darfur (Sudán). El Tribunal Penal Especial de República Centroafricana, de naturaleza híbrida, dictó sentencia condenatoria contra seis exmiembros de un grupo armado por crímenes de lesa humanidad y de guerra en relación con el homicidio de decenas de personas y el desplazamiento de centenares más durante un ataque llevado a cabo por el grupo en 2020.

Al mismo tiempo se instituyeron nuevos mecanismos. El Consejo de Europa estableció el Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania con el fin de investigar y enjuiciar a altos cargos gubernamentales y militares de Rusia y otros Estados responsables de este crimen en Ucrania. Aunque la CPI ha dictado órdenes de detención contra seis autoridades rusas, incluido Vladimir Putin, por crímenes de lesa humanidad y de guerra, no tiene competencia para enjuiciar el crimen de agresión en Ucrania. Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció un mecanismo de investigación independiente para Afganistán.

Los gobiernos deben prestar apoyo y protección a la CPI con medidas que incluyan la activación o el establecimiento de estatutos de bloqueo para proteger de amenazas y sanciones a su personal y a quienes participen en labores relacionadas con ella. Deben garantizar que las órdenes de detención de la CPI contra autoridades públicas se ejecutan sin que éstas puedan invocar inmunidad frente al enjuiciamiento por sus crímenes.²

Prácticas punitivas y autoritarias

Represión de la disidencia

En todo el mundo, las autoridades públicas y otros agentes poderosos se valieron de diversas prácticas autoritarias para silenciar a la sociedad civil y eludir la rendición de cuentas. En 2025, muchos Estados hicieron uso ilícito de la fuerza para reprimir protestas en las que se expresaban quejas de índole política y socioeconómica. En Tanzania, las severas medidas aplicadas para sofocar las protestas poselectorales causaron la muerte de centenares de personas. En Nepal, la represión de las protestas lideradas por jóvenes contra la corrupción y la prohibición de las redes sociales se cobró la vida de 76 personas, entre manifestantes y agentes de policía. En Irán, durante las protestas iniciadas el 28 de diciembre en la capital, Teherán, y que se propagaron rápidamente por todo el país, las fuerzas de seguridad hicieron uso ilícito de fusiles y escopetas de perdigones, causando muertes y lesiones. También se documentaron muertes de participantes en protestas como consecuencia del uso ilícito de la fuerza en otros países, como Angola, Camerún, Ecuador, Indonesia, Kenia, Madagascar, Pakistán, Perú y Turquía. En algunos, la policía recurrió a tipos de armamento insuficientemente regulado —como dispositivos acústicos de largo alcance, en Serbia— y, en muchos, al uso imprudente de gas lacrimógeno.

Algunos Estados —entre ellos, Afganistán, Bielorrusia, Burkina Faso, China, Corea del Norte, Cuba, Malí, Myanmar, Nicaragua, Pakistán, Rusia, Uganda y Venezuela— se valieron de la desaparición forzada de personas como defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y periodistas para infundir miedo. Otros, como Arabia Saudí e Irán, recurrieron a la pena de muerte tanto para atemorizar como para dar una falsa impresión de seguridad y fortaleza gubernamental.³

Algunos gobiernos hicieron uso indebido de la legislación de seguridad nacional y antiterrorista en 2025 para castigar a figuras de la oposición y a defensores y defensoras de los derechos humanos y demás activistas por formas de disidencia como la celebración de actos pacíficos de desobediencia civil. En Egipto, las autoridades llevaron a juicio a miles de personas por delitos de terrorismo, en muchos casos sólo por haber ejercido pacíficamente sus derechos humanos. En India y en las regiones administrativas chinas de Hong Kong y Macao, las autoridades hicieron amplio uso de la legislación de seguridad nacional y antiterrorista para detener a defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas. En Venezuela, donde el gobierno mantuvo su política de represión de cualquier forma de disidencia real o aparente, al menos 806 personas continuaban detenidas arbitrariamente, en muchos casos sometidas a desaparición forzada. En Túnez, las autoridades sometieron a miembros de la oposición a juicios colectivos de motivación política y a punitivas condenas de hasta 45 años de prisión en aplicación de la legislación contra el terrorismo y la ciberdelincuencia. En Reino Unido, prohibieron Palestine Action —red de acción directa contraria a la participación británica en las operaciones militares de Israel— en aplicación de una imprecisa legislación antiterrorista; más de 2.000 personas fueron detenidas en todo el país por el simple hecho de oponerse pacíficamente a la prohibición. También procesaron a 16 activistas de la coalición ecologista Just Stop Oil por participar en varios actos de desobediencia civil organizados con el fin de detener el aumento de la extracción de combustibles fósiles. Las condenas oscilaron entre cinco meses y cinco años de prisión. En Estados Unidos, las autoridades detuvieron y deportaron a estudiantes no estadounidenses que expresaban su apoyo al pueblo palestino y detuvieron a quienes protestaban contra la represión ejercida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) sobre migrantes sin documentación.

Los gobiernos deben poner fin a la represión y criminalización de la disidencia, incluidos los actos pacíficos de desobediencia civil. Deben garantizar la rendición de cuentas por todas las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de protestas, así como el derecho de las víctimas a un recurso efectivo.

Aplicación abusiva de la ley

En 2025, muchos Estados fueron culpables de vulnerar el derecho internacional de los derechos humanos en contextos de lucha contra la criminalidad. Algunos recurrieron a homicidios auspiciados por el Estado. En septiembre, el ejército estadounidense comenzó a bombardear barcos y a cometer abiertamente ejecuciones extrajudiciales en Latinoamérica, el mar Caribe y el océano Pacífico alegando que los objetivos de sus acciones eran “narcoterroristas” que traficaban con drogas. En octubre, la policía civil y militar brasileña llevó a cabo en las favelas de Río de Janeiro una operación contra las drogas que causó más de 120 muertes —en su mayoría de personas negras y que vivían en la pobreza—, denunciadas en muchos casos como ejecuciones extrajudiciales. En contextos de aumento de las ejecuciones por delitos de drogas, a menudo también se han incumplido en nombre de la seguridad las salvaguardias y restricciones internacionales relativas al uso de la pena de muerte.

En todo el mundo, los organismos encargados de hacer cumplir la ley han empleado también técnicas constitutivas de tortura u otros malos tratos. En algunos casos han utilizado dispositivos de descarga eléctrica por contacto directo, como pistolas aturdidoras y porras eléctricas, en la calle, en fronteras y en lugares de reclusión como centros de detención de personas migrantes y refugiadas, instituciones de salud mental, comisarías de policía y prisiones. Estos dispositivos, que permiten administrar dolorosas descargas con sólo pulsar un botón y son intrínsecamente abusivos, se han utilizado contra manifestantes, estudiantes, figuras políticas de oposición, mujeres (incluso embarazadas), niños y niñas, y defensores y defensoras de los derechos humanos, entre otras víctimas. Las personas que han sobrevivido a su aplicación han sufrido quemaduras, entumecimiento, abortos, disfunciones urinarias, insomnio, agotamiento y profundos traumas psicológicos. Los Estados y las empresas han continuado fabricando, promocionando y vendiendo este tipo de materiales. También ha sido generalizado el empleo indebido de armas de proyectiles paralizantes, que, aunque pueden tener un uso legítimo en las funciones de aplicación de la ley, se han utilizado a menudo en actos de tortura y otros malos tratos, lo que pone de relieve la necesidad de establecer controles comerciales del material utilizado normalmente para hacer cumplir la ley que sean estrictos y basados en los derechos humanos.⁴

No obstante, en 2025 se produjo un alentador aumento de la presión en favor de un tratado de la ONU sobre el comercio sin tortura. En junio, los cuatro mecanismos de la ONU contra la tortura se valieron de un llamamiento a aumentar la responsabilidad y la rendición de cuentas en la actuación policial durante manifestaciones para respaldar las propuestas de elaboración del tratado. Asimismo, el Comité de Ministros del Consejo de Europa adoptó una decisión que instaba a sus 46 Estados miembros a apoyar la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre el comercio sin tortura. En julio, la UE amplió el alcance de las prohibiciones de productos establecidas en su pionero reglamento contra la tortura, con lo que reforzó las medidas que aplicaba en toda la región para impedir la transferencia de material empleado para hacer cumplir la ley a quienes lo utilizaran para infligir tortura y otros malos tratos en cualquier parte del mundo.⁵

Los gobiernos deben poner fin a los homicidios auspiciados por el Estado, incluidos los cometidos en nombre de la seguridad. Deben redoblar sus esfuerzos para prohibir los equipos de aplicación de la ley intrínsecamente abusivos y establecer controles comerciales basados en los derechos humanos sobre el material estándar de aplicación de la ley, apoyando para ello la negociación de un tratado de la ONU sobre el comercio sin tortura.

Discriminación

Violaciones de los derechos de las personas refugiadas y migrantes

Los gobiernos han incurrido en todo el mundo en prácticas autoritarias en el contexto del asilo y la migración. Algunos han autorizado medidas ilícitas o eludido procesos legislativos para instituir políticas migratorias lesivas. En 2025, Estados Unidos y Estados europeos como Chipre, Finlandia, Grecia, Hungría, Italia y Polonia, entre otros países, adoptaron o aplicaron medidas extremas, incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos, para llevar a cabo deportaciones y otros tipos de devolución e impedir las llegadas irregulares de personas refugiadas y migrantes. Irán devolvió o deportó a Afganistán a más de 1,8 millones de afganos y afganas, y Pakistán a más de 990.000, a pesar de los abusos que seguían cometiendo allí los talibanes. Entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, las autoridades etíopes devolvieron a más de 600 personas a Eritrea, donde el gobierno consideró las solicitudes de asilo que habían presentado en Etiopía como prueba de traición.

Los gobiernos suelen describir sus políticas migratorias y sistemas de asilo como instrumentos neutrales con que reafirmar la soberanía del Estado, garantizar la seguridad nacional, proteger los intereses económicos del país o evitar una carga excesiva para los recursos públicos. Sin embargo, los legados del colonialismo y la esclavitud continúan conformando en todo el mundo sistemas, leyes, políticas y prácticas que discriminan directa o indirectamente a las personas racializadas. En 2025, Amnistía Internacional denunció prácticas sistemáticas de racismo estructural en relación con las políticas de asilo y migración de varios países, entre ellos, Arabia Saudí, Canadá, Estados Unidos, Francia, Libia, República Dominicana y Túnez, así como, de forma más general, los países europeos del espacio Schengen.⁶ En algunos casos, los gobiernos utilizaron tecnologías digitales para reforzar regímenes fronterizos que discriminaban por razones de raza, etnia u origen nacional.⁷ A los motivos de preocupación se sumó a veces la discriminación basada en el género, como ocurrió en República Dominicana, donde se deportó directamente desde hospitales a mujeres haitianas embarazadas o lactantes.

En todo el mundo, los gobiernos, en general, no han prestado protección a las personas desplazadas como consecuencia del cambio climático que se han visto obligadas a cruzar fronteras internacionales. Casi ninguno ha emitido visados específicos para facilitar la migración en condiciones de seguridad desde zonas especialmente afectadas por el cambio climático. En su lugar, obligan a seguir los procedimientos y vías existentes, que suelen ser discriminatorios y restrictivos. Las personas más afectadas son las pertenecientes a comunidades racializadas y pobres, las mujeres y otros grupos marginados. Las personas de edad avanzada, con discapacidad o con problemas de salud suelen quedarse atrás por no poder cumplir los requisitos para la obtención de un visado, como se puso de manifiesto en el caso de las personas que abandonaron las islas de Tuvalu y Kiribati, en el océano Pacífico, para buscar refugio en Aotearoa Nueva Zelanda.

Los gobiernos deben abolir o reformar los sistemas de visados vinculados a un empleador y los permisos de residencia precarios que fomentan la discriminación y la explotación, impedir que las tecnologías digitales refuercen las prácticas discriminatorias de control de fronteras y establecer marcos jurídicos para proteger a las personas desplazadas en el contexto del cambio climático.⁸

Discriminación racial

En todas las regiones, los gobiernos han utilizado una retórica racista y discriminatoria al adoptar prácticas autoritarias en el contexto del asilo y la migración, así como en la represión de la disidencia y en la aplicación de la ley. En muchos países se ha denunciado también un aumento de los crímenes de odio. En sus esfuerzos por abordar las causas básicas de la discriminación racial, comunidades afectadas de todo el mundo han venido haciendo campaña para exigir reparaciones por las injusticias históricas heredadas del colonialismo y la esclavitud, y por su impacto actual. En 2025, designado por la Unión Africana como el Año de las Reparaciones, el innovador festival Wakati Wetu convocó a centenares de asistentes de ámbitos como el arte, la música, la elaboración de políticas, el activismo, las actividades filantrópicas y la educación cultural con objeto de examinar el legado perdurable de la trata de personas esclavizadas y el colonialismo y promover un discurso de justicia restaurativa. Al mismo tiempo, con ocasión del bicentenario en 2025 de la “deuda de la independencia” impuesta por Francia a Haití, que obligaba a éste a indemnizar a la antigua potencia colonial por la pérdida de los beneficios derivados del trabajo esclavo, activistas y organizaciones de Haití y su diáspora instaron a Francia a proporcionar reparaciones y afrontar en general su pasado colonialista allí.

En 2025, los gobiernos de Bolivia, Canadá y Ecuador, entre otros países, ampliaron proyectos extractivos en territorios de pueblos indígenas sin consultar con ellos en el marco de procedimientos acordes con las normas internacionales sobre consentimiento libre, previo e informado. Los pueblos indígenas, cuyas culturas y medios de vida suelen depender de los ecosistemas, han utilizado vías judiciales y políticas para pedir reparaciones por los daños de esa expropiación de tierras, así como de la colonización y el exterminio. En un caso destacado de 2025, el pueblo indígena Avá Guaraní Paranaense consiguió, tras más de 40 años de lucha, que se le proporcionara reparación por la desposesión y anegación de sus tierras. La empresa responsable, creada por los gobiernos brasileño y paraguayo para construir y gestionar la presa hidroeléctrica causante de los daños, tuvo que costear por orden judicial la compra de 3.000 hectáreas de tierra para las comunidades afectadas.

Los gobiernos de Estados participantes o beneficiarios de injusticias históricas como el colonialismo, la trata de personas esclavizadas y la esclavitud deben aplicar medidas adecuadas de justicia restaurativa. Estas medidas no sólo deben garantizar reparación por las injusticias sufridas, sino también desmantelar las estructuras y sistemas actuales de discriminación racial y desigualdad.

Discriminación y violencia por motivos de género

Las mujeres y las niñas sufrieron en todo el mundo violencia por motivos de género y encontraron obstáculos para recibir protección, justicia y reparación, todo ello agravado a veces por discriminación basada en factores como la condición migratoria, la casta, el trabajo, la clase o la religión. En Afganistán, los talibanes dictaron decretos que negaban a las mujeres el acceso a la educación, el trabajo y la libertad de circulación y fomentaban la violencia de género y el matrimonio precoz. En Nepal no se investigaron casos de violencia de género contra mujeres dalit. En Siria se desoyó a familias alauíes que denunciaron secuestros de mujeres y niñas por hombres armados no identificados. En las Américas, las mujeres y las niñas continuaron sufriendo niveles alarmantes de violencia, incluidos femicidios; en Argentina, a pesar de que se registraba un femicidio cada 35 horas aproximadamente, el gobierno eliminó 13 importantes programas de prevención y respuesta a la violencia de género. En Georgia, la retórica misógina y sexista de las autoridades se tradujo en abusos por motivos de género contra mujeres participantes en protestas, incluidas amenazas de agresión sexual y degradantes registros corporales integrales sin ropa. Una novedad positiva fue la aprobación en Bolivia y Burkina Faso de nuevas leyes que prohibían los matrimonios precoces de niñas, además de los de niños.

Como en años anteriores, en 2025 se registraron avances en la ampliación del derecho al aborto en algunos países. En Dinamarca, Islas Feroe y Noruega, el Parlamento aprobó legislación que mejoraba el acceso a este procedimiento, y en Luxemburgo quedó recogido como libertad garantizada en la Constitución. En Malawi, el Tribunal Superior confirmó el derecho de las niñas sobrevivientes de violencia sexual a solicitar un aborto. En cambio, en República Dominicana se impuso por ley una prohibición total del aborto. En muchos otros países de todo el mundo, los obstáculos existentes para acceder al aborto y a servicios de atención posterior al aborto persistieron.

Los ataques a diversos derechos de las personas LGBTI, en especial las transgénero, se intensificaron en todo el mundo, a menudo fomentados por diversos agentes contrarios a las iniciativas de género. En Burkina Faso, una nueva ley penalizaba las relaciones homosexuales consentidas. En Eslovaquia y en Hungría, el Parlamento aprobó enmiendas a la Constitución que comportaban el reconocimiento de sólo dos géneros (masculino y femenino) y afianzaban la discriminación de las parejas del mismo sexo. En Canadá, Estados Unidos, Paraguay, Perú y Puerto Rico se aplicaron leyes o políticas restrictivas de los derechos de las personas transgénero. En China, diversas plataformas digitales, sitios web y portales de debate, cumpliendo con las directrices oficiales de censura, silenciaron debates de personas y grupos sobre los derechos LGBTI y de las mujeres. En muchos Estados de Oriente Medio y el Norte de África se detuvo y procesó a personas por su orientación sexual o identidad de género y, en algunos casos, se las castigó con severas condenas por mantener relaciones homosexuales consentidas. En Japón y en México, en cambio, se dictaron fallos judiciales favorables al reconocimiento jurídico de las personas transgénero.

Los gobiernos deben poner fin a la discriminación basada en el género y la sexualidad y acometer reformas de las leyes y políticas para garantizar igualdad plena de derechos —incluidos los derechos sexuales y reproductivos— a todas las mujeres, niñas y personas LGBTI. Asimismo, deben velar por que todas las víctimas y supervivientes de violencia de genero puedan acceder a protección, justicia y reparación de manera oportuna y efectiva.

Injusticia económica y climática

Derecho a un medioambiente saludable

Debido a sequias, inundaciones, huracanes, olas de calor, incendios forestales y otros desastres que tienen más probabilidades de producirse y de hacerlo con mayor intensidad como consecuencia del cambio climático, en países de todos los niveles de ingresos se han acelerado la inseguridad alimentaria, el desplazamiento forzado y la destrucción de viviendas y medios de vida. Como de costumbre, a menudo la peor parte se la han llevado quienes menos contribuían a provocar el cambio climático.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente informó en noviembre de 2025 que el mundo va camino de alcanzar para el final de siglo aproximadamente 3 °C de calentamiento por encima de los niveles preindustriales, y ello suponiendo que los países cumplan con las políticas que han adoptado, lo que resulta cada vez menos probable. En los últimos años, los gobiernos apenas han hecho nada para abandonar gradualmente los combustibles fósiles o abordar otros factores clave del cambio climático. En 2025, los gobiernos de varios países, como Brasil y Canadá, fueron aún más lejos: tomaron medidas importantes para aumentar su producción y sus exportaciones de combustibles fósiles, a menudo por medio de subvenciones financiadas con fondos públicos. Estados Unidos coaccionó a miembros de la UE para que se comprometieran a importar y utilizar combustibles fósiles. Sólo alrededor de un tercio de las partes en el Acuerdo de París presentaron los planes de acción climática requeridos (las contribuciones determinadas a nivel nacional) en el plazo fijado de 2025.

Además de impulsar el cambio climático, los combustibles fósiles entrañan graves riesgos para la salud de los al menos 2.000 millones de personas que viven a menos de 5 km de más de 18.000 emplazamientos de infraestructuras de combustibles fósiles en funcionamiento, repartidos por 170 países del mundo. Se calcula que más de 520 millones son niños y niñas. Al menos 463 millones de personas viven a menos de un kilómetro de esos emplazamientos, por lo que están expuestas a riesgos de salud y ambientales mucho mayores.⁹

Los líderes y lideresas asistentes a la conferencia sobre el cambio climático celebrada en Brasil en noviembre de 2025, la COP30, no desarrollaron ni reafirmaron siquiera el compromiso adquirido en la COP28 de llevar a cabo una “transición” para dejar de usar combustibles fósiles. Tampoco aportaron la financiación ampliada basada en subvenciones que los países de bajos ingresos necesitan para la adaptación.¹⁰ Proporcionar financiación climática es una obligación que los países de ingresos altos tienen que cumplir para ayudar a los de bajos ingresos a adaptarse a los devastadores efectos que tiene y tendrá un cambio climático del que no son responsables. Se calcula que serán necesarios al menos 300.000 millones de dólares estadounidenses al año, una cantidad que los gobiernos podrían aportar aplicando una fiscalidad justa y reorientando de manera significativa las subvenciones a los combustibles fósiles.¹¹

En este contexto, un hecho importante fue que las opiniones consultivas de dos tribunales internacionales —la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos— confirmaron la obligación de los Estados de proteger del cambio climático a los seres humanos y los ecosistemas de los que dependen, incluida la obligación de prescindir gradualmente de los combustibles fósiles. Además, en la COP30, los gobiernos de Colombia y Países Bajos anunciaron que, en abril de 2026, iban a acoger conjuntamente la Primera Conferencia sobre la Transición para Abandonar los Combustibles Fósiles.

Los gobiernos deben comprometerse a llevar a cabo con rapidez, equidad y financiación el abandono gradual de los combustibles fósiles y a emprender una transición justa, procediendo para ello, entre otras cosas, a aprobar el Tratado de No Proliferación de los Combustibles Fósiles y sumarse a la iniciativa multilateral liderada por los gobiernos de Colombia y Países Bajos.

Violaciones de derechos económicos y sociales

A esta aceleración de los daños climáticos se han sumado prolongadas crisis económicas y conflictos mundiales que se han visto agravados por el injusto sistema global de gobernanza económica centrado en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que no cumple ya las funciones requeridas, y por la decisión evitable de los Estados de ingresos altos de reducir, mediante enormes recortes de la ayuda, la financiación necesaria para hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales.

La inflación ha continuado aumentando el coste del pago de los intereses de la deuda, hasta el punto de que muchos países de ingresos medios o bajos han alcanzado niveles de deuda tan insufribles que no han podido dedicar fondos a la realización de derechos económicos y sociales como la salud, la educación y la seguridad social. La existencia de sistemas fiscales injustos y la falta de medidas para controlar la elusión y la evasión agresivas de impuestos por agentes empresariales y particulares adinerados han privado aún más a los gobiernos de los ingresos que tanto necesitan para hacer efectivos los derechos económicos y sociales.

Los caóticos y bruscos recortes estadounidenses de la asistencia internacional al desarrollo han provocado la suspensión o el cierre de programas de salud e interrupciones del acceso a medicamentos vitales en muchos países de bajos ingresos, en perjuicio especialmente de los grupos marginados.¹² Estos recortes, que forman parte de una tendencia más general de los países de ingresos altos, incluidos los europeos, a reducir la ayuda, no hicieron más que aumentar la diferencia de casi 25.000 millones de dólares estadounidenses existente ya entre los fondos necesarios para los llamamientos de la ONU y los recibidos realmente. Las personas que necesitan con urgencia ayuda humanitaria — se calcula que casi 300 millones, en muchos casos residentes en zonas en conflicto— se han visto especialmente afectadas por el déficit, según un análisis publicado en mayo de 2025 por el Comité Internacional de Rescate. En Haití, Sudán, Sudán del Sur y Yemen, casi la mitad de la población pasaba hambre en grado extremo, y otra gran parte sufría desnutrición.

Esta situación se produce en un contexto de avances insuficientes en los Objetivos de Desarrollo Sostenible cuando quedan menos de cinco años para alcanzar las metas de 2030. Según un informe publicado por el secretario general de la ONU en julio de 2025, la consecución de las metas ha comenzado o avanza moderadamente en poco más de un tercio (el 35%) de ellas, mientras que en casi la mitad (el 48%) está estancada. En el 31% muestra sólo progresos marginales y, en el 17%, ninguno en absoluto. Y, más preocupante aún, en el 18% de las metas se ha retrocedido hasta valores inferiores a los iniciales de 2015.

Las negociaciones en curso para elaborar una convención vinculante de la ONU sobre fiscalidad brindan a los Estados la oportunidad de reparar las desigualdades del sistema fiscal global acordando principios que impidan la tributación indebida, graven a quienes contaminan y proporcionen ingresos suficientes para financiar todos los derechos humanos. En 2025 se hicieron considerables avances a la hora de acordar los términos de referencia, que contemplan la necesidad de que el tratado definitivo se ajuste a las obligaciones contraídas ya por los Estados en materia de derechos humanos. Es necesario establecer con urgencia un proceso y un mecanismo similares con respecto a la deuda.

Los gobiernos deben destinar sin discriminación a la ayuda internacional al menos el 0,7% del ingreso nacional bruto si están en condiciones de hacerlo, abordar la crisis de deuda mediante el alivio oportuno de la deuda de todos los países que estén sobreendeudados o corran riesgo de estarlo y apoyar la Convención Marco de la ONU sobre Cooperación Fiscal Internacional.

Abusos de las empresas

Los agentes empresariales continúan fomentando en provecho propio las crisis del mundo, como los conflictos de Gaza, Sudán y Myanmar, la crisis climática global y la destrucción de hábitats esenciales, así como los incontables incidentes de abusos de las empresas contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de las personas afectadas por sus operaciones. Los Estados no están protegiendo a las víctimas de los abusos de las empresas contra los derechos humanos, hasta el punto de que Estados Unidos incluso reduce la regulación establecida y desmantela organismos clave.

Estados Unidos ha impulsado la expansión de la industria de los combustibles fósiles, mientras que la hostilidad hacia el multilateralismo, la retórica belicosa de importantes dirigentes mundiales y la competencia económica con China han propiciado una pugna por los minerales, impulsada por motivos de seguridad, dada su importancia para la transición hacia las energías renovables y para diversos usos militares. En el contexto de esa pugna, que está ampliando la extracción intensiva de recursos naturales, las empresas hacen caso omiso de los derechos humanos para maximizar sus beneficios. Esto ha tenido un alto coste: desalojos forzosos, abusos contra los derechos laborales y contaminación del agua, el suelo y el aire con los consiguientes daños para la salud y la agricultura.

La adopción por la UE de la Directiva sobre la Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad, histórica regulación que exigía a las grandes empresas respetar nuevas normas en materia de derechos humanos, impactos medioambientales y cambio climático, dio motivos de esperanza: las empresas de muchos otros países de todo el planeta tendrían también que cumplir las normas para comerciar con la UE. La regulación se granjeó el apoyo popular: en una encuesta encargada por Amnistía Internacional y Global Witness en 2025, el 75% de las más de 10.000 personas de 10 países europeos entrevistadas la respaldaron.¹³ La Directiva animó también a otros Estados, como Corea del Sur e Indonesia, a considerar la posibilidad de aprobar normas similares. Sin embargo, tras la presión ejercida por grandes empresas y otros países, en especial, Estados Unidos, en noviembre de 2025 el Parlamento Europeo votó a favor de limitar extremadamente su alcance.¹⁴

Por otra parte, la proliferación de demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) ha tenido un efecto disuasorio en los esfuerzos de la sociedad civil por combatir la degradación medioambiental y otras actuaciones indebidas de las empresas poderosas. Debido a una de esas SLAPP, un tribunal de Estados Unidos ordenó a Greenpeace pagar 660 millones de dólares estadounidenses a la empresa de combustibles fósiles Energy Transfer, lo que suponía una amenaza para la existencia de esta ONG internacional. El tribunal consideró probadas las acusaciones formuladas contra ella por oponerse al oleoducto Dakota Access, que lleva crudo de Dakota del Norte a Illinois, y determinó que Greenpeace era culpable de difamación, entrada ilícita en propiedad privada y alteración del orden, entre otros cargos. La empresa también ha intentado impedir que Greenpeace entablara acciones en Países Bajos, donde los marcos jurídicos nacionales y de la UE ofrecen una sólida protección contra el uso de demandas estratégicas por parte de las entidades empresariales.¹⁵

Los gobiernos deben adoptar normas nuevas y estrictas para impedir que las empresas cometan abusos contra los derechos humanos, y exigir responsabilidades a aquéllas que lo hagan, así como garantizar un recurso efectivo a las víctimas.

Tecnología y daños a los derechos humanos

Vigilancia ilícita y represión digital

Los gobiernos utilizaron la tecnología para posibilitar y reforzar prácticas autoritarias. Nuevas investigaciones realizadas en 2025 revelaron el alcance del empleo de herramientas de vigilancia y censura. Amnistía Internacional desveló la venta al gobierno paquistaní de una versión comercial de la Gran Muralla Cortafuegos de China —el sistema de censura y filtrado de Internet utilizado por el gobierno chino para controlar la información accesible online en el país— y el empleo por el gobierno de Estados Unidos de herramientas de vigilancia contra estudiantes y migrantes que participaban en protestas. Las autoridades de algunos países, entre ellos Afganistán, Pakistán, Sudán del Sur y Tanzania, impusieron restricciones al acceso a Internet para reprimir el derecho a la libertad de expresión, principalmente en el contexto de protestas. En Kenia, las autoridades emplearon sistemáticamente tácticas de represión facilitadas por la tecnología —como intimidación, amenazas, incitación al odio y vigilancia ilícita por Internet— en el marco de una campaña coordinada y constante de eliminación de las protestas lideradas por jóvenes.

Los agentes empresariales han facilitado estas prácticas. Continuaron apareciendo indicios de ataques en los que se utilizaba software espía altamente invasivo de empresas como Intellexa, NSO y Paragon, lo que puso de manifiesto el peligro que seguía representado el mercado no regulado de programas espías avanzados.

Los gobiernos deben imponer de inmediato una prohibición del uso o transferencia de software espía altamente invasivo y declarar una suspensión del uso o transferencia de todo el software espía hasta que se establezca un sistema de salvaguardias capaz de proteger de los abusos contra los derechos humanos en la práctica.

Inteligencia artificial y daños a los derechos humanos

En 2025, la explosión de herramientas de inteligencia artificial generativa de fácil acceso público ha continuado a un ritmo vertiginoso, con la aparición de numerosos modelos de grandes empresas tecnológicas, como Google, Meta y Microsoft, e importantes actores del sector de la IA, como Anthropic y OpenAI. La creación y gestión de la inmensa infraestructura física necesaria para alcanzar los objetivos de la industria y los inversores con respecto a la IA, incluida la construcción de centros de datos, han generado una creciente explotación de recursos naturales —como minerales para el hardware y agua para la refrigeración— y de energía. Todo ello ha tenido efectos en los derechos humanos, entre ellos la degradación medioambiental en torno a los centros de datos y el menoscabo de los derechos laborales. A modo de respuesta, en países como Brasil, Estados Unidos, Irlanda y México se ha disparado el activismo local contra la construcción incontrolada de centros de datos. Asimismo, los trabajadores y trabajadoras del sector tecnológico —desde el personal de las sedes empresariales de Silicon Valley en Estados Unidos hasta el de los centros de moderación de contenidos, etiquetado de datos y demás labores de apoyo externalizadas en África y otras partes del mundo— se han ido organizando cada vez más para hacer campaña por condiciones de trabajo más seguras.

La regulación de la IA sigue siendo insuficiente. Los nuevos instrumentos de gobernanza aparecidos en 2025, como las Directrices de Gobernanza de la IA en India, fueron no vinculantes o muy generales. La UE tomó medidas para simplificar su regulación en materia de tecnología y rendición de cuentas de las empresas. Las presentó como parte de una iniciativa más amplia de reducción de la burocracia y mejora de la competitividad. Sin embargo, van dirigidas a debilitar salvaguardias legislativas existentes —como su Ley de Inteligencia Artificial, que tiene por objeto garantizar que los sistemas de IA utilizados en la UE son seguros, transparentes, no discriminatorios y respetuosos con los derechos fundamentales— y podrían afectar a muchas otras salvaguardias reguladoras de la UE.

Los gobiernos han continuado invirtiendo en proyectos de infraestructura pública digital. Reino Unido anunció en 2025 un nuevo sistema digital de identificación, y la UE también ha estado elaborando una cartera de identidad digital. Estas iniciativas se inscriben en una tendencia de implantación gubernamental de grandes sistemas de identificación digital, como el programa Aadhaar de India, que se prolonga desde hace años. Han ido acompañadas del uso de la IA en la protección social, que ha impulsado la desigualdad, o ha abonado el terreno para ello. La integración de sistemas de IA en funciones como la actuación policial, el control de la migración y el ejército ha agravado las violaciones de derechos humanos, especialmente en el caso de las comunidades racializadas.

Los gobiernos deben promulgar normativa vinculante, ejecutable y basada en los derechos humanos para regular los sistemas de IA, incluida la prohibición del desarrollo y empleo de sistemas de IA incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos.

Redes sociales y daños a los derechos humanos

El conocimiento público de la interrelación de los daños de las redes sociales y otras cuestiones sociales ha ido en aumento. Amnistía Internacional ha contribuido a ello analizando el sistema de recomendación de la red social X en el caso, a modo de ejemplo, de los disturbios racistas que se produjeron en Reino Unido en 2024 tras una agresión ocurrida en Southport (Inglaterra) que causó la muerte de tres niñas de corta edad.¹⁶ La afirmación falsa de que el autor de la agresión había sido un inmigrante o solicitante de asilo musulmán tuvo gran repercusión en Internet. A medida que X se convertía en puesto de avanzada de la retórica islamófoba y xenófoba, fuera de Internet estalló la violencia en forma de ataques de turbas contra mezquitas, albergues para personas refugiadas y comunidades asiáticas, negras y musulmanas. Mientras, X y Meta, que gestiona Facebook e Instagram, han reducido considerablemente sus equipos de “confianza y seguridad” —responsables de garantizar que las plataformas sean seguras, fidedignas y ajenas a comportamientos lesivos— y recortado programas de verificación de datos.

Muchos Estados se plantearon cómo podían proteger mejor a los niños y las niñas en Internet. Australia promulgó en 2025 una nueva ley que prohibía el uso de las redes sociales a menores de 16 años, mientras que Malasia anunció que pensaba imponer una prohibición general similar. Aunque estas medidas demostraron un compromiso de abordar la cuestión de las plataformas nocivas, restringieron el derecho de la juventud a expresarse y a acceder a información en Internet y no trataron el problema básico subyacente, a saber: que las plataformas de redes sociales pueden resultar perjudiciales para todas las personas que las utilizan, al intentar incesantemente hacerlas participar y sacar provecho de sus datos personales. En 2025, Amnistía Internacional puso de relieve la facilidad con que menores y jóvenes que expresaban interés en la salud mental podían caer en un abismo de contenido depresivo y suicida en TikTok.¹⁷

También otras organizaciones y activistas han desafiado a las grandes empresas que gestionan plataformas de redes sociales. Una causa abierta en Kenia contra Meta y que plantea importantes cuestiones jurídicas con respecto a las prácticas algorítmicas de Facebook registró en 2025 una significativa victoria preliminar. El Tribunal Superior de Kenia confirmó su competencia para determinar la comisión de violaciones de derechos constitucionales frente a una impugnación de Meta. La causa había sido incoada a instancias de dos etíopes y de la organización keniana Katiba Institute, que alegaban que Facebook había promocionado contenido digital peligroso durante el conflicto armado que tuvo lugar en Etiopía entre 2020 y 2022, y contaba con el apoyo de Amnistía Internacional.¹⁸ El fallo supuso un importante avance en los esfuerzos por garantizar que las comunidades marginadas puedan acceder a la justicia con independencia de su ubicación geográfica, y cuestionó la idea imperante de que, salvo que sean Estados Unidos o estén en Europa, los países existen simplemente como mercados en los que obtener ganancias.

Las empresas de redes sociales deben revisar sus modelos de gestión para prevenir los daños a los derechos humanos y abordarlos cuando se produzcan. Los Estados deben establecer una regulación más estricta para proteger a todas las personas usuarias de las redes sociales y aplicar rigurosamente la existente.