Las autoridades chinas están intensificando la represión de la disidencia a medida que se aproxima el inminente traspaso de poder en el país, ha alertado Amnistía Internacional.En las últimas semanas, más de 100 activistas han sido detenidos en redadas con las que el gobierno pretende silenciar las críticas e impedir las protestas antes del 18 Congreso del Partido Comunista, que comienza el 8 de noviembre en Pekín.El Congreso del Partido, delicado desde el punto de vista político, supondrá el inicio del cambio de liderazgo, que se produce cada 10 años.”Mientras una nueva generación de líderes se prepara para asumir el poder en China seguimos presenciando las mismas viejas tácticas de represión contra quienes tienen el valor suficiente como para cuestionar pacíficamente la actuación del régimen en materia de derechos humanos”, ha declarado Roseann Rife, directora de Amnistía Internacional para Asia Oriental. Según informes recibidos por Amnistía Internacional, desde septiembre se ha detenido o se han impuesto restricciones a no menos de 130 personas.Con el fin de reprimir la disidencia pacífica, la policía ha recluido bajo arresto domiciliario a decenas de activistas, ha procedido al traslado forzoso de personas desde Pekín, y ha cerrado las oficinas de grupos comunitarios.Se cree que decenas de activistas están encarcelados en “cárceles negras” por todo el país. Las cárceles negras son centros de detención secretos y no oficiales. Según los informes, se han utilizado como cárceles negras hoteles, albergues, sótanos de edificios y centros agrícolas. Se espera que se impongan nuevas restricciones en el acceso a Internet a partir del 7 de noviembre, ya que las autoridades pretenden aumentar los controles para limitar la libertad de expresión.El Ministerio de Tecnología de la Información ha expresado la necesidad de “cerrar la red”, acción conocida como fengwang, durante el Congreso del Partido.Este tipo de medidas se utilizó para censurar las críticas en 2010, cuando se concedió el Premio Nobel de la Paz a Liu Xiaobo, y durante la celebración de los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008.La semana pasada, la población china no pudo acceder en Internet a un polémico artículo publicado en The New York Times en el que se hablaba de los intereses económicos de la familia del primer ministro saliente, Wen Jiabao. También se están endureciendo los controles en la red de transporte, en un intento de limitar los desplazamientos de activistas a Pekín, Tíbet o la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, en donde se prevé que se registren protestas.A toda persona que viaje en tren a estas zonas en el próximo mes se le exigirá que deje constancia de su nombre completo cuando compre el billete. Además, las organizaciones que hacen campaña en favor de la protección de los derechos también se han visto obligadas a cerrar este mes, tras sufrir intimidación por parte de las autoridades. La delegación en Guangdong del Instituto de Educación para la Salud Aizhixing de Pekín cerró sus puertas cuando, según informes, la policía amenazó al personal con sufrir las “consecuencias” si continuaba en funcionamiento. El trabajo fundamental de la organización consiste en ofrecer asesoramiento sobre salud a trabajadores migrantes y minorías étnicas. “Las autoridades deben poner fin a esta campaña de persecución de activistas. Todas las personas detenidas únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión deben quedar en libertad de inmediato. El respeto de los derechos humanos supondría una verdadera demostración de fuerza por parte de los próximos dirigentes”, ha afirmado Roseann Rife.
