Una alumna brillante a quien no dejan matricularse en un centro de educación secundaria, una adolescente con quemaduras de aceite que es rechazada en un hospital, una mujer de la limpieza que está a punto de perder los únicos ingresos que le permiten mantener a su familia, un activista de derechos humanos que no puede viajar fuera de su localidad.
Son algunos entre las decenas de miles de casos de dominicanos privados de sus derechos humanos fundamentales desde que una sentencia de 2013 despojó de la nacionalidad a todas las personas nacidas a partir de 1929 cuyos progenitores, o los progenitores de éstos, fueran extranjeros indocumentados.
Sin papeles, estos ciudadanos y ciudadanas se convierten en “fantasmas”, ya que no tienen acceso a servicios básicos como educación y salud, ni posibilidad de ganarse la vida dignamente.
Merida, de 42 años, está entre esas personas. Nació en la República Dominicana de padre y madre haitianos, a quienes no permitieron declarar el nacimiento de su hija porque tampoco ellos tenían documentos. Merida padece una afección cardiaca, pero cada vez que va al médico le deniegan el tratamiento porque carece de documentos de identidad. Compra medicamentos con las recetas de una amiga aquejada de un problema parecido, pero cree que necesita cambiar de fármacos porque le están causando efectos secundarios.
En la práctica, las autoridades de la República Dominicana han barrido del mapa a cuatro generaciones de dominicanos de un plumazo.
Erika Guevara-Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América
Las autoridades no hacen lo suficiente
Las autoridades de la República Dominicana aseguran que ya han adoptado medidas suficientes para resolver el problema y que no hay una sola persona en el país que carezca de nacionalidad. Pero un estudio de Amnistía Internacional demuestra lo contrario.
El informe pone de manifiesto que la solución buscada por las autoridades, un programa de seis meses de duración que expiró el 1 de febrero de 2015, ha sido insuficiente para muchos, que siguen sin posibilidades de acceder a la nacionalidad a la que tienen derecho.
Centenares de personas afirman que nunca recibieron información acerca del plan y que cuando supieron de su existencia ya había expirado. Muchas aseguran que era imposible reunir todos documentos de la lista que era obligatorio presentar. Por ejemplo, en algunos casos se les pidió que presentaran un certificado de la comadrona que había atendido el parto, o una declaración escrita de siete testigos que pudieran dar fe de que esa persona realmente había nacido en el país.
Cerrar los ojos ante este drama afirmando que el problema no existe no hará que desaparezca.
Erika Guevara-Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América
La situación me está afectando psicológicamente, como persona.
Adonis Peguero Louis, nacido en 1994 en la República Dominicana de padre y madre haitianos
Obligadas a trabajar en régimen de esclavitud
Marisol (nombre ficticio) es una joven de ascendencia haitiana nacida en la República Dominicana. Ni ella ni sus hermanos y hermanas fueron inscritos al nacer, porque sus progenitores no tenían documentos de identidad válidos. Cuando éstos murieron, Marisol tenía 10 años y tuvo que ponerse a trabajar como empleada doméstica de una familia adinerada de Santo Domingo.
Aunque la familia se comprometió a enviarla a la escuela, lo que hizo fue obligarla a trabajar 15 horas diarias. Le daban golpes, y nunca permitieron que fuera a clase. No pudo acogerse al plan de naturalización porque, cuando se enteró de que existía, ya había vencido el plazo. La familia para la que trabaja de limpiadora ahora amenaza con despedirla, por miedo a las sanciones que deba afrontar por tener empleada a una persona indocumentada. Sin los documentos de identidad, Marisol tampoco puede inscribir a sus hijos en el Registro Civil.
Quería que mis hijos tengan un futuro mejor que yo, pero sin papeles no puede ser.
Joven de ascendencia haitiana nacida en la República Dominicana
Erika Guevara-Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América, dijo lo siguiente:
“Las autoridades de la República Dominicana deben encontrar urgentemente una solución de larga duración para esta crisis. Un primer paso fundamental sería establecer un procedimiento sencillo y accesible, sin límite de tiempo, para reconocer la nacionalidad dominicana de todas las personas que fueron privadas de ella en virtud de la sentencia de 2013”.