Amnistía Internacional ha designado como presos de conciencia a Luis Pacheco y Héctor Chaclán, ex representantes de los 48 cantones de Totonicapán, que llevan más de un año encarcelados injustamente solamente por haber hecho uso de su derecho de protesta pacífica y libertad de expresión.
“Luis Pacheco y Héctor Chaclán nunca debieron ser encarcelados. Su detención y procesamiento constituyen un castigo arbitrario por haber participado en protestas pacíficas y por representar a su comunidad. Cada día que permanecen en prisión agrava la violación de sus derechos humanos”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Luis Pacheco y Héctor Chaclán nunca debieron ser encarcelados. Su detención y procesamiento constituyen un castigo arbitrario por haber participado en protestas pacíficas y por representar a su comunidad. Cada día que permanecen en prisión agrava la violación de sus derechos humanos”
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Luis y Héctor fueron detenidos el 23 de abril de 2025 y han permanecido en detención preventiva desde esta fecha. El Ministerio Público los acusa de los delitos de terrorismo, asociación ilícita y obstaculización a la acción penal, por el rol que desempeñaron durante las protestas pacíficas que bloquearon el país en octubre de 2023, delitos que suman penas superiores a los 30 años de prisión.
Al momento de los hechos, ejercían un rol de servicio comunitario como alcaldes comunales nombrados de acuerdo con los usos y costumbres del pueblo Maya K’iche’ de Totonicapán. Además, se desempeñaban respectivamente como presidente y tesorero de la junta directiva del Consejo de Alcaldes de los 48 Cantones de Totonicapán, autoridad ancestral e indígena que aglutina las comunidades K’iche’ de este municipio del occidente del país.
A partir de la revisión del expediente penal, Amnistía Internacional ha constatado múltiples arbitrariedades y demoras injustificadas que han entorpecido el proceso y constituyen violaciones de sus derechos a la defensa y a las garantías procesales. Por ejemplo, debido a los cambios sucesivos de jueces a cargo, el proceso se ha estancado, y no se ha celebrado la audiencia de fase intermedia, inicialmente agendada para inicios del mes de julio de 2025. Además, ha transcurrido más de un año sin que Luis Pacheco y Héctor Chaclán comparezcan ante un juez para la revisión de la privación de su libertad, y hasta la fecha, sus abogados no han podido acceder a todas las evidencias del expediente. Estas prácticas son características del patrón de criminalización contra personas operadoras de justicia, defensoras de derechos humanos y periodistas que han participado de la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Amnistía Internacional condena el uso indebido de los delitos de terrorismo y de asociación ilícita para castigar el uso legítimo de la libertad de expresión en violación de los estándares internacionales de derechos humanos, basados en una interpretación errónea de tipos penales cuya redacción ambigua abre una puerta a este tipo de arbitrariedades.
Otras dos personas, también autoridades ancestrales, fueron arrestadas por esta misma causa y luego liberados con una medida de arresto domiciliario: Basilio Puac, ex integrante de la Junta Directiva de los 48 cantones, acusado de los delitos de asociación ilícita, sedición, obstaculización a la acción penal y obstrucción a la justicia, y Esteban Toc Tsay, ex vicealcalde de la Alcaldía Indígena de Sololá acusado de los delitos de asociación ilícita, terrorismo, sedición, obstaculización a la acción penal y obstrucción a la justicia.
La organización también alerta sobre el carácter discriminatorio de las acusaciones en contra de los cuatro representantes Indígenas en el país, que buscan castigar las formas de organización de los Pueblos Indígenas y disuadirles de hacer uso de su derecho de protesta pacífica.
“En un país como Guatemala, cuya historia ha sido marcada por la violencia y el racismo sistemáticos en contra de los Pueblos Indígenas, recurrir a delitos graves como los de terrorismo, sedición y asociación ilícita contra representantes de los Pueblos Indígenas no es una casualidad. Estas acusaciones infundadas, que criminalizan sus formas de organización, son una manifestación más de la discriminación racial en su contra, que permanece profundamente arraigada en las instituciones de justicia”, agregó Ana Piquer.
En un país como Guatemala, cuya historia ha sido marcada por la violencia y el racismo sistemáticos en contra de los Pueblos Indígenas, recurrir a delitos graves como los de terrorismo, sedición y asociación ilícita contra representantes de los Pueblos Indígenas no es una casualidad.”
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La designación como persona prisionera de conciencia por parte de Amnistía Internacional se basa en un riguroso análisis de las circunstancias de la detención. Este estatus se otorga a quienes han sido privadas de libertad exclusivamente por expresar sus ideas, ejercer sus derechos o por motivos relacionados con su identidad —como su origen étnico, religión, orientación sexual u otras características protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos—, sin haber recurrido a la violencia ni incitado al odio. La organización pide la liberación inmediata e incondicional de estas personas.
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