El 31 de agosto de 2022, el Presidente de México propuso una serie de reformas legislativas que aumentarían la militarización de la institución de seguridad pública más importante del país, la Guardia Nacional. Las reformas propuestas incorporarían a la institución al control militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, institucionalizarían el entrenamiento militar para miembros de la Guardia Nacional y permitirían que presuntos crímenes bajo el derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de la institución sean juzgados en tribunales militares. Amnistía Internacional hace un llamado al Senado de la República a rechazar las reformas y a presionar al gobierno a abandonar el enfoque militarizado de la seguridad pública.
