Por Cristhian Manuel Jimenez, encargado de campañas para el Caribe de Amnistía Internacional
En febrero, Amnistía Internacional realizó un taller con organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en Santo Domingo. Entre los ejes de la discusión estuvo la situación de las personas migrantes haitianas en el país, la ausencia de voluntad estatal para resolver el problema de la apatridia, y las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos en la República Dominicana.
Entre sus participantes estaban organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos que forman parte de una coalición de organizaciones de la sociedad civil dominicana involucradas en las sesiones previas al Examen Periódico Universal (EPU) de la República Dominicana, a celebrarse el próximo 7 de mayo.
El EPU es una revisión que realizan los Estados en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para verificar cómo los países cumplen con sus obligaciones sobre derechos humanos según los tratados ratificados por los Estados, la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este ejercicio se realiza cada cuatro años, y en él- a partir del diálogo, otros Estados recomendarán a la República Dominicana sobre cómo mejorar en el respeto y garantía de sus obligaciones de derechos humanos.
A continuación, comparto algunas reflexiones y expectativas de personas defensoras de derechos humanos frente al EPU, que pudimos recoger de nuestras conversaciones en Santo Domingo.
María Bizenny Martínez, defensora de derechos humanos y gerente legal del Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA), expresó su esperanza de que las delegaciones diplomáticas participantes en el EPU logren transmitir eficazmente las preocupaciones y recomendaciones propuestas a los representantes del Estado dominicano por la coalición de organizaciones de la sociedad civil. María aboga por una respuesta proactiva del Estado, no solo aceptando las recomendaciones sino también iniciando un diálogo inclusivo con la sociedad civil en el país, para la consolidación de un Estado que verdaderamente no deje a nadie atrás.
“Insto a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos a monitorear el cumplimiento de las recomendaciones acogidas por la Republica Dominicana, tanto en los exámenes anteriores como en el actual, con el fin de que el mismo logre eliminar las brechas y desafíos que persistente en materia de derechos humanos en la República Dominicana”, María Bizenny Martínez.
Insto a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos a monitorear el cumplimiento de las recomendaciones acogidas por la Republica Dominicana, tanto en los exámenes anteriores
María Bizenny Martínez, gerente legal MOSCTHA
como en el actual.
Por otro lado, Jenny Carolina Morón, a cargo del Departamento Legal y Derechos Humanos del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA), centra su atención en la relevancia del EPU como mecanismo de las Naciones Unidas. Resalta la importancia de la participación de la República Dominicana como actual miembro del Consejo de Derechos Humanos. Jenny subraya la necesidad de que el país aborde de manera efectiva las recomendaciones internacionales sobre discriminación, racismo y la adhesión a tratados internacionales. Expresa su optimismo hacia cambios positivos y mejoras en las políticas públicas que beneficien a los grupos más vulnerables del país, haciendo especial énfasis en la situación de las personas dominicanas de ascendencia haitiana, quienes continúan luchando por sus derechos a la identidad, la nacionalidad y la ciudadanía.
“Queremos seguir llamando la atención sobre la realidad que viven los y las dominicanas con ascendencia haitiana, los cuales siguen luchando y exigiendo sus derechos y denunciando la apatridia. Creemos que si la República Dominicana quiere asumir un compromiso serio con relación al cumplimiento en esta problemática debería firmar la Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961”, Jenny Carolina Morón.
Queremos seguir llamando la atención sobre la realidad que viven los y las dominicanas con ascendencia haitiana, los cuales siguen luchando y exigiendo sus derechos y denunciando la apatridia.
Jenny Carolina Morón
El pasado 2 de abril Amnistía Internacional y otras organizaciones defensoras de derechos humanos dominicanas dirigieron una carta abierta dirigida a las autoridades dominicanas planteando una preocupación profunda por las políticas migratorias racistas y las violaciones a los derechos humanos hacia las personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana en la República Dominicana.
La carta incluye denuncias sobre las expulsiones colectivas, perfilamiento racial, y violencia en operativos migratorios, así como la suspensión de vías legales para la entrada y permanencia de personas haitianas migrantes. Este conjunto de políticas funciona de manera racista en la práctica, pues afectan de manera desproporcionada a personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana para excluirlas con base en su raza, color de piel, origen nacional y ascendencia.
La carta insta a frenar de manera inmediata las expulsiones colectivasy a respetar el principio de no devolución, solicitando además la restitución de la nacionalidad y documentación a las personas de ascendencia haitiana afectadas. La carta también exige el cese del acoso y las amenazas contra personas defensoras de derechos humanos.
Adicionalmente, en el marco del EPU, Amnistía Internacional ha publicado una serie de recomendaciones con la aspiración que el Estado dominicano las acepte e implemente enfocadas en promover y respetar los derechos humanos en el país.
Entre las recomendaciones, se incluye la ratificación de convenios internacionales fundamentales para la prevención y erradicación de la apatridia, la protección de trabajadores migratorios y sus familias, y el establecimiento de protocolos para la investigación de denuncias de tortura conforme al Protocolo de Estambul. Además, se esperan compromisos del Estado en materia de erradicación de la apatridia, en la lucha contra la discriminación, promoviendo una ley de igualdad y no discriminación que sancione el racismo en todas sus formas, y la implementación de campañas educativas para contrarrestar la estigmatización y prejuicios.
En lo relativo a los derechos sexuales y reproductivos, la organización espera que el Estado avance hacia la despenalización del aborto y mejore significativamente el acceso a servicios de salud reproductiva, asegurando la atención médica sin discriminación. Por último, se solicita al Estado dominicano garantizar un entorno seguro para periodistas y personas defensoras de derechos humanos, investigar actos de intimidación y violencia, y cooperar plenamente con los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.
Estas perspectivas reflejan un anhelo común por avances significativos en la protección y promoción de los derechos humanos en la República Dominicana. El Estado Dominicano está llamado a adoptar acciones concretas y constructivas que respondan a las expectativas y necesidades de su población, en línea con sus obligaciones internacionales.