Resumen
El poder absoluto que las autoridades cubanas ejercen sobre todos los aspectos de la sociedad —social, político o económico— constituye una enorme amenaza para todas las personas que mantienen opiniones contrarias. En Cuba, a la disidencia se le hace frente con un hostigamiento, una criminalización y una violencia implacables. Toda persona que se atreva a alzar la voz contra el gobierno se arriesga a perder sus medios de sustento, ser encarcelada o puesta bajo arresto domiciliario, o sometida a violencia, e incluso a tortura y otros malos tratos, por las autoridades del Estado.
Esta atmósfera de temor se intensificó tras las protestas de julio de 2021, cuando una multitud de manifestantes salió a las calles para protestar contra la irresponsable gestión gubernamental de la prolongada crisis económica y la deriva sostenida hacia el autoritarismo. Cuando alzan la voz contra el gobierno, las mujeres se enfrentan a riesgos específicos, como represión estatal por motivos de género, insultos misóginos y acoso sexual.
A pesar de los implacables ataques contra activistas y personas que defienden los derechos humanos, la población cubana sigue oponiendo una valiente resistencia a las prácticas autoritarias y presionando para que se protejan sus derechos. Amnistía Internacional pide a las autoridades que atiendan estas demandas y abran el espacio para una floreciente sociedad civil, donde la gente no tenga miedo a la represión del Estado.
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Las mujeres cubanas que defienden los derechos humanos no luchan sólo por ellas: luchan por un país en el que alzar la voz no sea motivo de castigo. Sus denuncias de violencia estatal requieren nuestra atención y nuestra solidaridad para lograr un cambio real.
El contexto político
El sistema político unipartidista que lleva decenios vigente en Cuba no permite el pluralismo político: la idea de que personas con diferentes opiniones y valores puedan coexistir y compartir el poder por el bien común.
En Cuba, quienes mantienen opiniones críticas se exponen a graves consecuencias si alzan la voz. Además, los sindicatos y el trabajo están sujetos a un férreo control estatal, que se convierte en un control excepcional sobre la población. Un 70% de los empleos disponibles en Cuba pertenecen al sector público, lo que significa que la mayor parte de la población activa trabaja para el gobierno. Las autoridades utilizan este elemento como herramienta de represión, para coaccionar a las voces críticas con el fin de que guarden silencio.
Cuba permanece cerrada a las organizaciones internacionales de derechos humanos y a la sociedad civil local le resulta difícil actuar de forma libre y segura.
Estas e innumerables medidas más, concebidas para silenciar la disidencia, ponen en manos del Estado cubano un poder casi totalmente ilimitado.
Una prolongada crisis humanitaria
Cuba lleva decenios viviendo en una crisis humanitaria permanente. La pobreza es endémica y los servicios básicos como la atención médica y la educación son inadecuados y de difícil acceso.
El Estado ha repetido constantemente el falso discurso de que la situación económica de Cuba sólo puede atribuirse a las sanciones de Estados Unidos, vigentes desde 1962. Pero también hay problemas estructurales críticos creados por la política económica del Estado.
Desde la década de 1990 se han introducido una serie de reformas que han creado un mayor espacio para el crecimiento económico en el sector privado. Sin embargo, a estas reformas les siguieron rápidamente contrarreformas, como la congelación de los precios y las restricciones a la actividad económica independiente, que han dado lugar a ciclos de volatilidad e inestabilidad económicas que, a su vez, han afectado negativamente a los derechos humanos.
Desde 2020, las medidas económicas han contribuido a una inflación desorbitada que ha diezmado los salarios y las pensiones y ha dificultado aún más la compra de alimentos y el acceso a servicios básicos. Las crisis económica de los últimos años ha provocado cortes de electricidad más frecuentes y ciclos periódicos de escasez de alimentos y medicinas.
Las protestas de julio de 2021
Con el cántico de “libertad”, miles de personas salieron a las calles de Cuba en julio de 2021 para expresar su ira por la inacción del gobierno respecto a abordar el deterioro de la situación económica, la restricción de las libertades civiles y el manejo gubernamental de la pandemia de COVID-19. Su esperanzada resistencia obtuvo como respuesta violencia y represión.
Las fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente a centenares de personas, entre ellas siete que eran presas de conciencia, de las cuales tres ya han sido puestas en libertad. Las demás, sin embargo, continúan encarceladas.
Prácticas autoritarias en Cuba
En Cuba, las prácticas autoritarias adoptadas por el Estado para consolidar el poder, silenciar las críticas, infundir miedo y eludir la rendición de cuentas son sistemáticas. Afectan a todo el espectro de los derechos humanos, desde los civiles y políticos hasta los económicos, sociales y culturales. Las voces disidentes llevan decenios siendo reprimidas y su capacidad para ejercer sus derechos humanos y participar en los asuntos públicos está severamente limitada. Periodistas, activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos se enfrentan a detención arbitraria generalizada. Las autoridades someten a personas a desaparición forzada y utilizan tácticas de vigilancia abusivas e ilegales.
De hecho, cualquier persona a la que se considere crítica con el gobierno se arriesga a sufrir violencia a manos del Estado.
Acoso
Las autoridades del Estado utilizan una sofisticada maquinaria de acoso para aislar a cualquier persona a la que se considere crítica con el gobierno. A menudo se llega al extremo de intimidar a sus familiares.
Los y las activistas son interceptados por la policía, que les impide asistir a reuniones o eventos, y son objeto de una vigilancia constante. Los progenitores y familiares de los presos y presas políticos suelen ser sometidos a amenazas, restricciones ilegítimas de su libertad de circulación e incluso acordonamiento policial de sus domicilios.
Estas tácticas son sólo una parte de una estrategia más amplia para alterar la vida cotidiana de quienes ejercen el periodismo y quienes defienden los derechos humanos y crear una atmósfera de temor.
Criminalización
Las organizaciones de derechos humanos han advertido reiteradamente sobre el uso indebido que las autoridades cubanas hacen del sistema judicial para reprimir el activismo social y el ejercicio de los derechos humanos.
En 2022 entró en vigor un nuevo Código Penal que contiene una serie de estremecedoras disposiciones que otorgan a las autoridades un poder aún mayor para seguir sofocando la libertad de expresión y de reunión. Entre ellas se encuentran la penalización de cualquier persona que “ponga en peligro el orden constitucional y el normal funcionamiento” del gobierno, la criminalización de la recepción de fondos que se considere que tienen “el propósito de sufragar actividades contra el Estado cubano” y una limitación severa de la libertad de expresión online.
Estos cambios jurídicos indican una clara estrategia de las autoridades para silenciar la disidencia.
Represión facilitada por la tecnología
El Estado cubano ha ampliado sus tácticas represivas hasta llevarlas al ámbito digital, donde controlan el flujo de información y vigilan la disidencia.
Las autoridades han llevado a cabo cortes de Internet nacionales y selectivos para impedir a la población organizarse o difundir indicios de abusos contra los derechos humanos. Estos bloqueos son una violación directa del derecho de acceso a la información y el derecho a la libertad de expresión.
Los agentes de seguridad también realizan vigilancia digital selectiva ilícita para seguir los movimientos y las comunicaciones de quienes ejercen el activismo. La información que se recopila se utiliza habitualmente como base para practicar detenciones o chantajear a los y las activistas con el fin de que guarden silencio.
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Presos y presas de conciencia
Desde la represión de las protestas de 2021, Amnistía Internacional ha nombrado a siete personas presas de conciencia.
Un preso o presa de conciencia es una persona encarcelada, o sometida a otro tipo de privación de libertad, exclusivamente por ser quien es o creer en lo que cree. Aunque Amnistía Internacional hace campaña para que todo el mundo disfrute de los derechos humanos y reconoce que hay mucha gente en circunstancias similares, estas personas fueron nombradas presas de conciencia porque sus casos son representativos de la situación que afecta a muchas otras encarceladas injustamente en Cuba.
Donaida Pérez Paseiro
Sacerdotisa y lideresa de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba que lucha por la libertad religiosa y los derechos humanos. Fue condenada a ocho años de prisión.
Félix Navarro
Disidente político y fundador del Partido por la Democracia “Pedro Luis Boitel”. Fue condenado a nueve años de prisión. Esta es la tercera vez que es encarcelado por motivos políticos.
Loreto Hernández García
Sacerdote y vicepresidente de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba. Padece diabetes e hipertensión, para las que no está recibiendo tratamiento en la cárcel. Fue condenado a siete años de prisión.
Luis Manuel Otero Alcántara
Artista cubano y líder del Movimiento San Isidro de artistas contra la represión en Cuba. Encabezó la resistencia contra la censura de la expresión artística. Fue condenado a cinco años de prisión.
Maykel “Osorbo” Castillo Pérez
Músico, activista y miembro del Movimiento San Isidro de artistas por los derechos humanos. Es ganador de dos Grammy Latinos y coautor de la canción “Patria y Vida”, que se convirtió en himno de las protestas. Fue condenado a nueve años de prisión.
Roberto Pérez Fonseca
Activista y defensor de los derechos humanos. Durante las protestas de julio de 2021 fue filmado rompiendo una foto del exlíder cubano Fidel Castro. Fue condenado a 10 años de prisión.
Sayli Navarro
Activista y cofundadora del movimiento Damas de Blanco, un grupo de madres, esposas e hijas de personas que fueron detenidas durante la represión de 2003 contra el activismo. Fue condenada a ocho años de prisión.
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Violencia estatal por motivos de género contra defensoras de los derechos humanos
Las mujeres que defienden los derechos humanos en Cuba se enfrentan a riesgos específicos cuando alzan la voz contra el gobierno. En 2025, la investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional reveló un patrón de represión estatal dirigido a silenciar a las mujeres. Las prácticas documentadas incluían desnudez forzada y registros corporales invasivos, estigmatización por razón de género, edad y orientación sexual, y el aprovechamiento de su papel como madres y cuidadoras o las amenazas dirigidas a familiares con el fin de intimidarlas y controlarlas.
Los Estados, en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, tienen la clara obligación de tipificar como delito la violencia de género. Sin embargo, Cuba aún no cuenta con una ley nacional sobre este tipo de violencia.
¿Qué hace Amnistía Internacional a este respecto?
Amnistía Internacional trabaja para documentar las violaciones de derechos humanos que se cometen en Cuba y ponerlas bajo la mira de la comunidad global. Los equipos de investigación y campaña de la organización recopilan testimonios de activistas de Cuba, sus familias y gente corriente para lograr que sus voces se escuchen en la escena mundial.
Se han emitido y emprendido decenas de acciones urgentes y campañas globales para poner fin a las detenciones arbitrarias, proteger a las personas en situación de riesgo y pedir a las autoridades que asuman sus obligaciones en materia de derechos humanos.
En 2025 se lanzó una nueva campaña para pedir al gobierno cubano que ponga fin al acoso contra las defensoras de los derechos humanos y avance hacia una ley integral contra la violencia de género.
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