El temor a una nueva oleada de ejecuciones en Japón aumentó tras la ejecución en la horca el jueves de dos personas condenadas a muerte, una de ellas la primera mujer ejecutada en más de 15 años.
Sachiko Eto, de 65 años, y Yukinori Matsuda, de 39, fueron ejecutados en la horca el jueves por la mañana en los centros de detención de Sendai y Fukuoka, respectivamente. Eto es la primera mujer ejecutada en Japón desde 1997.
“Las ejecuciones de Matsuda y Eto son actos homicidas realizados con premeditación y a sangre fría por el Estado japonés”, ha dicho Roseann Rife, directora para Asia Oriental de Amnistía Internacional.
Están convocadas protestas contra el uso de la pena de muerte para la noche del jueves ante el Ministerio de Justicia en Tokio.
Con estas dos ejecuciones se eleva a siete el total de personas ejecutadas en el país durante 2012. En 2011 no hubo ejecuciones en Japón.
En Japón hay 131 personas en espera de ejecución. Amnistía Internacional considera que todas ellas corren peligro inminente de ser ejecutadas.
Makoto Taki, ministro de Justicia japonés, apoya el uso de la pena de muerte y ha autorizado cuatro ejecuciones en los cuatro meses que lleva en el cargo. Las últimas fueron las de dos hombres, ejecutados en la horca el 3 de agosto de 2012.
Todo esto a pesar de la promesa electoral del Partido Democrático de Japón, en el poder, de celebrar un debate nacional sobre el uso de la pena de muerte.
“Las últimas ejecuciones son una burla del compromiso del Partido Democrático de Japón de celebrar un debate nacional sobre la abolición de la pena de muerte. Ese debate tiene que producirse y el gobierno debe declarar de inmediato la suspensión de las ejecuciones”, ha dicho Roseann Rife.
Japón forma parte de la minoría de países que continúan aplicando la pena de muerte. Más de dos tercios de los países del mundo han suprimido el uso de este castigo en la ley o en la práctica.
Matsuda fue condenado a muerte por el Tribunal de Distrito de Kumanoto en septiembre de 2006 por el asesinato de dos personas. En su caso no se llevó a cabo la apelación preceptiva para plantear si se había seguido el proceso legal necesario que recomienda el derecho internacional.
Eto fue condenada a muerte en 2002 por asesinato y homicidio involuntario.
Las ejecuciones en Japón son por ahorcamiento, y por lo general se llevan a cabo en secreto. Lo habitual es que a los presos les comuniquen que van a ser ejecutados pocas horas antes, aunque en algunos casos no reciben aviso alguno. Por lo general, a los familiares no se les notifica la ejecución hasta que ésta se ha producido.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos y sin excepción, con independencia de la naturaleza del delito, las características del delincuente o el método empleado por el Estado para llevar a cabo la ejecución.
La pena de muerte viola el derecho a la vida y es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.