Marruecos y el Sáhara Occidental 2025
Las autoridades marroquíes intensificaron su represión de la libertad de expresión y la disidencia pacífica. Pese a que algunas personas que eran presas de conciencia se habían beneficiado en años anteriores de un indulto real, se siguió enjuiciando, intimidando y sometiendo a vigilancia digital a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y voces críticas con el gobierno. Se respondió con fuerza excesiva, detenciones arbitrarias y juicios sin garantías a protestas generalizadas motivadas por la crisis económica, la desigualdad y el estado de los servicios públicos. Se siguió aplicando una legislación discriminatoria que socavaba los derechos de las mujeres y las personas LGBTI con disposiciones como penalizar las relaciones homosexuales consentidas y limitar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluido el aborto seguro. La sequía provocada por el cambio climático socavaba el derecho a la alimentación y a un nivel de vida adecuado.
Información general
En octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que prorrogaba por un año el mandato de la Misión de la ONU para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO). El texto exhortaba a las partes a negociar con miras a lograr la libre determinación del pueblo saharaui. Señalaba que la propuesta de autonomía formulada por Marruecos en 2007 seguía siendo una base seria y creíble para el proceso político y reconocía que una autonomía real bajo soberanía marroquí podía constituir una solución factible.
Tras una oleada de protestas encabezadas por jóvenes que estallaron en todo el país en septiembre, el gobierno marroquí prometió acometer reformas que respondieran a las demandas expresadas en la calle. En particular, anunció un aumento del prepuesto de 2026 para salud y educación, que pasaría de 128.000 a 140.000 millones de dírhams marroquíes (unos 15.100 millones de dólares estadounidenses), y prometió crear más puestos de trabajo para la juventud marroquí, especialmente en las zonas rurales. Además, se comprometió a realizar reformas políticas para facilitar el acceso de las personas jóvenes a puestos de toma de decisiones y a entablar un diálogo con ellas de cara a la redacción y aplicación de las reformas.
Libertad de expresión
Las autoridades seguían tratando de silenciar a activistas, firmantes de blogs y personas críticas con el gobierno recurriendo a leyes excesivamente generales que penalizaban la blasfemia, la difamación y las injurias a las instituciones públicas y al islam.
En enero, Said Ait Mahdi, activista crítico con la respuesta de Marruecos al terremoto de Al Haouz de 2023, fue condenado a tres meses de prisión por “difamación” e “injurias a funcionarios públicos” a raíz de que hubiera pedido más ayuda para las poblaciones afectadas y una reconstrucción más rápida. En marzo, el Tribunal de Apelación de Rabat, la capital, le aumentó la pena un año.
Ese mismo mes, un tribunal de Casablanca condenó in absentia al defensor de los derechos humanos y activista Fouad Abdelmoumni a seis meses de prisión por haber publicado en Facebook comentarios sobre el uso del programa espía Pegasus por parte de Marruecos.
El 1 de julio se detuvo en Casablanca a la defensora de los derechos humanos Saida El Alami por “injurias a un órgano constituido legalmente, difusión de acusaciones falsas e injurias a la judicatura”, entre otros cargos relacionados con su activismo en Internet. En su primera comparecencia ante el fiscal se le negó la asistencia letrada. En septiembre fue enjuiciada y condenada a tres años de prisión por cargos de “difusión de información falsa”, “injurias a una institución pública” e “injurias a un órgano constituido legalmente”. En diciembre, el tribunal de apelación de Casablanca confirmó la sentencia. En 2022 había sido encarcelada por otro cargo y había quedado en libertad en 2024 tras recibir un indulto real.
El 9 de julio, un hombre y una mujer que trabajaban como periodistas para el medio de comunicación español El Faradio y un activista de la ONG española Cantabria por el Sáhara fueron interceptados y detenidos en un puesto de control policial de la ciudad de El Aaiún cuando trataban de entrar en el Sáhara Occidental. Las autoridades marroquíes los declararon persona non grata sin justificación y los expulsaron.
En agosto, la activista feminista Ibtissame Lachgar fue detenida y acusada de “dañar el islam” por haber publicado en las redes sociales una foto en la que llevaba puesta una camiseta con la consigna “Allah es lesbiana”. En septiembre se le impuso una pena de 30 meses de prisión y una multa. El tribunal de apelación de Rabat confirmó la sentencia y la condena en octubre.
En octubre, el Tribunal de Primera Instancia de Rabat condenó a ocho meses de prisión a una mujer con necesidades de atención de la salud mental documentadas tras declararla culpable de “injurias a la monarquía” y participación en concentraciones no autorizadas. Fue declarada culpable y condenada pese a las peticiones fundamentadas que había formulado su abogada para que se le proporcionara apoyo médico en lugar de enjuiciarla.
Ese mismo mes, en Rabat, las autoridades detuvieron y enjuiciaron por “consignas instigadoras” a dos estudiantes y un impresor que habían estampado lemas propalestinos en camisetas.
Libertad de reunión y de asociación
En febrero, el Parlamento aprobó el Proyecto de Ley 97-15, que establecía condiciones y procedimientos relativos al derecho de huelga. La Ley entró en vigor en septiembre e imponía restricciones y sanciones penales, incluida la prohibición general de las huelgas con “fines políticos”, que vulneraban otros derechos humanos fundamentales. Los sindicatos y otros grupos de defensa de los derechos laborales expresaron el temor de que, si bien ofrecía un marco jurídico largamente esperado, los requisitos procedimentales que establecía (incluidos los plazos de notificación, que en el sector público alcanzaban los 45 días; las reglas de representación, y la definición de “servicios esenciales”) derivasen en restricciones significativas del ejercicio efectivo del derecho de huelga. El Consejo Nacional de Derechos Humanos publicó un memorando sobre el Proyecto de Ley 97-15 que recogía recomendaciones de diversas partes interesadas, incluidas la eliminación de todas las sanciones penales y el establecimiento de una definición más precisa de la prohibición de “huelgas políticas”.
Las autoridades marroquíes siguieron cometiendo violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental. El Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos (CODESA) denunció continuos casos de detención arbitraria de activistas saharauis, vigilancia prolongada, arresto domiciliario de familias enteras y uso de tácticas de censura sistemática contra convocantes de protestas.
En febrero y marzo, las fuerzas de seguridad dispersaron con violencia manifestaciones pacíficas celebradas en El Aaiún y otras ciudades en las que se pedía la independencia y la libre determinación saharauis. En una de esas protestas, celebrada el 17 de marzo en El Aaiún, la policía agredió físicamente a las activistas saharauis Mahfouda Lefkir y Salha Boutenguiza en la avenida Smara, epicentro de las manifestaciones.
En junio, un tribunal de la ciudad de Salé condenó a seis miembros de la organización Frente Marroquí de Apoyo a Palestina y contra la Normalización a penas condicionales de prisión en relación con unas concentraciones propalestinas “no declaradas” que habían tenido lugar en diciembre de 2024.
En septiembre estallaron en todo el país protestas convocadas por el movimiento juvenil GenZ 212. Exigían el fin de la corrupción y mejoras en la sanidad y la educación públicas, y criticaban el gasto público en acontecimientos deportivos de los que Marruecos iba a ser país anfitrión, como la Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) 2030. La policía y la Gendarmería Real respondieron prohibiendo las protestas y dispersándolas por la fuerza, incluso con medios letales. Mataron a tres personas, hirieron a decenas más y practicaron detenciones masivas de participantes en manifestaciones pacíficas. Las fuerzas de seguridad detuvieron a cerca de 2.480 personas, y las autoridades judiciales incoaron causas penales contra al menos 1.473 manifestantes a quienes sometieron a detención en espera de juicio.
Derechos de las mujeres y de las niñas
La legislación seguía afianzando la desigualdad de género, sobre todo en relación con la herencia y la custodia de hijos e hijas. Continuaba habiendo barreras estructurales que privaban a las mujeres de acceder de forma legal y segura a servicios integrales de salud reproductiva y al aborto.
Marruecos propuso e impulsó la aprobación de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en favor de una mayor participación de las mujeres en la diplomacia. La resolución se aprobó oficialmente en abril.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
El artículo 489 del Código Penal seguía tipificando como delito las relaciones homosexuales consentidas, que se castigaban con penas de hasta tres años de prisión y el pago de una multa. Las personas LGBTI continuaban siendo objeto de detención arbitraria, hostigamiento y encausamiento.
Derecho a un juicio justo
En febrero, el gobierno marroquí anunció la creación de un banco de huellas digitales de ADN para ayudar a resolver delitos, lo que suscitó inquietudes en torno a la protección de los datos, la supervisión, la custodia de los datos genéticos y la prevención de su uso indebido.
En julio, el Parlamento aprobó un proyecto de ley de reforma del Código de Procedimiento Penal que, entre otros cambios, proponía ampliar el uso de alternativas a la detención en espera de juicio, reforzar las garantías de acceso a asistencia letrada desde el inicio de la custodia, mejorar la protección de las víctimas y testigos, incrementar la supervisión judicial, usar las tecnologías digitales y abordar con prontitud y eficacia las causas penales. Aunque su aprobación suponía un avance positivo, se siguió encausando y condenando a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas.
Derechos económicos y sociales
En mayo tuvo lugar en Rabat una concentración de personas con discapacidad a las puertas del Parlamento en protesta por la inacción del gobierno a la hora de favorecer su inclusión socioeconómica en ámbitos como el acceso a la educación, el empleo y las infraestructuras públicas. Las autoridades no adoptaron ni aplicaron políticas adecuadas para garantizar la igualdad de oportunidades.
Se priorizó el gasto en la Copa Mundial 2030 frente al apoyo a las personas sobrevivientes del terremoto de 2023, que seguían pidiendo las reparaciones y la ayuda para vivienda prometidas por el gobierno.
Las tasas de desempleo y subempleo juvenil continuaron siendo elevadas. Según el Consejo Económico, Social y Ambiental de Marruecos, en torno a un 25% de la población de entre 15 y 24 años no estudiaba, no trabajaba ni seguía ninguna formación. Esta situación avivó las protestas encabezadas por el movimiento GenZ 212 y otros colectivos de jóvenes. Las autoridades no adoptaron suficientes medidas para abordar la carencia de oportunidades laborales para la juventud.
Derecho a un medioambiente saludable
Marruecos sufría una persistente sequía provocada por el cambio climático. En enero, las autoridades informaron de un déficit de precipitaciones de entre el 60 y el 70%, lo que mantenía el nivel de agua embalsada en un rango del 25 al 30%. La sequía afectaba al riego de las tierras de cultivo, al ganado y a los medios de vida rurales y socavaba los derechos a la alimentación y a un nivel de vida adecuado, especialmente para los hogares rurales. Las autoridades aceleraron la inversión en plantas de desalinización de agua marina. Según datos del Ministerio de Equipamiento y Agua, Marruecos tenía 17 plantas desalinizadoras en funcionamiento a mediados de año, y varias más en construcción o planificadas. Se temía que, pese a estas iniciativas, las poblaciones rurales agrícolas, las comunidades amazighs y otros grupos vulnerables siguieran sin disponer de agua suficiente.
En septiembre, el gobierno presentó una actualización de su contribución determinada a nivel nacional en la que se comprometía a alcanzar para 2035 objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero más ambiciosos —del 21,6% de forma incondicional y del 53% con ayuda internacional—, así como a ampliar las energías renovables y a abandonar gradualmente el carbón. No obstante, no estaba claro hasta qué punto estos compromisos se traducirían en medidas concretas de protección de los grupos de población que ya sufrían las graves consecuencias del cambio climático. La contribución determinada a nivel nacional identificaba necesidades prioritarias de adaptación en la gestión del agua, la agricultura y la ayuda para grupos vulnerables. Sin embargo, su fuerte dependencia de la financiación internacional y la falta de un marco claramente definido para una transición justa suscitaban la duda de si se protegerían de manera efectiva los derechos de las comunidades marginadas —especialmente los hogares del medio rural, las pequeñas explotaciones agrícolas y los grupos de bajos ingresos— al agua, a la alimentación y a un nivel de vida adecuado.
Pena de muerte
Marruecos mantenía la pena de muerte en la legislación, pero seguía sin llevar a cabo ejecuciones desde 1993.