Las restricciones a la libertad de expresión aumentaron. Una nueva ley de nacionalidad facultó a las autoridades para retirar la ciudadanía a quienes criticaran al sultán o al Estado, a la vez que se detenía y encarcelaba a activistas y manifestantes por el ejercicio pacífico de la libertad de expresión. La libertad de prensa se vio aún más restringida por nuevas normativas sobre medios de comunicación que otorgaban a las autoridades estatales amplios poderes de censura y vigilancia. Aunque se establecieron unas normas mínimas para emplear a trabajadores y trabajadoras domésticos, la mano de obra migrante, en particular la del sector doméstico, siguió atrapada en el abusivo sistema de patrocinio conocido como kafala, por lo que sufría explotación sin contar apenas con protección jurídica. Las mujeres y las niñas continuaron siendo víctimas de discriminación por motivos de género, incluso en virtud de la nueva ley de nacionalidad, y carecían de protección frente a la violencia de género en el ámbito familiar.
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Herramientas de campaña que se pueden emplear para intervenir con carácter de urgencia y defender los derechos humanos de alguien.
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