La legislación que regulaba las protestas pacíficas seguía siendo contraria al derecho internacional. La escasez de profesionales médicos generalistas dejó a 140.000 personas sin acceso aceptable a asistencia médica primaria. Las personas “borradas” que no habían podido recuperar la condición de residentes seguían sin tener acceso a derechos fundamentales. La población romaní y las personas LGBTI sufrían discriminación. El gobierno impuso sanciones más estrictas a algunas emisiones nocivas, pero abandonó su compromiso de dejar de subvencionar los combustibles fósiles.
Leer másNo aplica la pena de muerte para ningún delito
Herramientas de campaña que se pueden emplear para intervenir con carácter de urgencia y defender los derechos humanos de alguien.
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