Italia 2025

Las condiciones y el tratamiento de las personas bajo custodia, tanto en las cárceles como en los centros de detención de migrantes, suscitaron motivos de preocupación relacionados con la tortura y otros malos tratos. Los niveles de violencia contra las mujeres y las niñas seguían siendo elevados. Se promulgó una ley draconiana que restringía indebidamente la libertad de reunión pacífica. Había periodistas que se enfrentaban a amenazas, ataques y vigilancia. Persistían las barreras para acceder al aborto. Los tribunales paralizaron los intentos del gobierno de tramitar las solicitudes de asilo extraterritorialmente en Albania. Continuó la cooperación en materia migratoria con Libia y Túnez, pese a que había claros indicios de que allí se cometían violaciones graves de derechos humanos. Italia no entregó a la Corte Penal Internacional a un ciudadano libio detenido en aplicación de una orden de la Corte. Casi seis millones de personas vivían en la pobreza. El cambio climático inducido por la actividad humana causó miles de muertes.

Tortura y otros malos tratos

Las personas detenidas soportaban condiciones de hacinamiento en centros precarios. El número de muertes bajo custodia se mantuvo alto.

En los centros de repatriación para personas migrantes, éstas permanecían recluidas en celdas desnudas y sin acceso a actividades significativas. En julio, el Tribunal Constitucional concluyó que la detención de migrantes violaba principios constitucionales y señaló que el Parlamento seguía sin establecer un marco regulatorio.

Continuó la investigación sobre la tortura y otros malos tratos infligidos a 33 varones en una prisión de menores de edad de la ciudad de Milán entre 2021 y 2024. En agosto salió a la luz que se estaba investigando a 42 personas, cargos directivos y personal médico entre ellas.

En junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que Italia había violado la prohibición de infligir trato inhumano o degradante en un caso de malos tratos bajo custodia policial de 2001, y que la investigación había sido inadecuada. Aunque se presentaron cargos contra 31 funcionarios, muchos de los procedimientos se archivaron porque el delito había prescrito.

Violencia contra mujeres y niñas

El índice de violencia contra las mujeres continuaba siendo elevado. Al concluir el año, 85 mujeres habían sido asesinadas en casos de violencia de género en el ámbito familiar, 62 de ellas a manos de su pareja o expareja. En noviembre, el Parlamento no aprobó un proyecto de ley que introducía una definición de violación basada en el consentimiento.

Libertad de reunión pacífica

La legislación aprobada en junio introdujo nuevos delitos y penas más duras para restringir de manera desproporcionada la desobediencia civil y las protestas, incluida la resistencia pasiva en las cárceles y en los centros de detención de migrantes.¹ Varios relatores y relatoras especiales de la ONU criticaron la decisión del gobierno de eludir los trámites parlamentarios para evitar el escrutinio de las disposiciones que no se ajustaban al derecho internacional.

Persistía la preocupación por el uso excesivo e innecesario de la fuerza contra quienes se manifestaban de manera pacífica. Las autoridades continuaron utilizando indebidamente restricciones administrativas del derecho a la libertad de circulación para castigar a manifestantes pacíficos. En octubre se prohibió la entrada en la ciudad de Udine durante largos periodos a varias personas que se habían manifestado pacíficamente contra el genocidio en Gaza.

Libertad de expresión

Se siguió sometiendo a periodistas a intimidación, amenazas y ataques. En octubre explotó una bomba colocada bajo el automóvil de un periodista, aunque nadie resultó herido. Al final del año había una investigación en curso.

Seguían causando preocupación las demandas abusivas contra periodistas presentadas por cargos públicos y figuras políticas, especialmente por difamación, que continuaba tipificada como delito.

El programa espía Graphite de Paragon se utilizó ilegalmente para espiar a personas defensoras de los derechos humanos y al menos a dos periodistas. En junio, una comisión parlamentaria confirmó que los servicios de inteligencia de Italia lo utilizaban para espiar a activistas alegando motivos de seguridad nacional. Sin embargo, el gobierno no respondió a las denuncias verosímiles de que también se estaba espiando ilegalmente a periodistas.

Derechos sexuales y reproductivos

Las autoridades no garantizaron el acceso a servicios legales de aborto, en un contexto en el que un gran número de profesionales de la medicina se negaba a prestar esos servicios.²

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Al menos 1.195 personas murieron en el mar en la ruta del Mediterráneo central tratando de llegar a Italia. Hubo varios naufragios justo fuera de las aguas territoriales italianas. Las ONG de salvamento criticaron la tardanza de las autoridades en responder a sus alertas sobre embarcaciones en dificultades, señalando que ponía vidas en peligro.

En julio se presentaron cargos formales contra seis agentes de la policía de aduanas y la guardia costera por no haber impedido un naufragio cerca de Steccato di Cutro (Calabria) en febrero de 2023, en el que se ahogaron en aguas italianas al menos 94 personas, en su mayoría de Afganistán.

En marzo, el Tribunal de Casación resolvió que el gobierno debía indemnizar a las personas rescatadas en el mar y detenidas ilegalmente durante 10 días a bordo del buque de la guardia costera italiana Diciotti en 2018, después de que el entonces ministro del Interior impidiera su desembarco en Sicilia.

Al asignar puertos de desembarco distantes a los buques de las ONG y requisar sus embarcaciones y aviones, el gobierno continuó obstaculizando las iniciativas de defensores y defensoras de los derechos humanos dirigidas a realizar rescates en el mar, con lo que aumentó el riesgo de ahogamiento de personas en su intento de llegar a Italia.

En octubre, seis miembros de la ONG Mediterranea Saving Humans fueron enjuiciados en Ragusa (Sicilia) acusados de facilitación de la migración irregular con agravantes por subir a bordo de su barco a 27 personas sobrevivientes de un naufragio y desembarcarlas en Sicilia en 2020. Estas personas, entre las que había un menor y una mujer embarazada, habían sido rescatadas por un petrolero danés que seguía instrucciones de las autoridades maltesas, quienes posteriormente le negaron el permiso de desembarco durante casi seis semanas.

Cooperación con Albania

En marzo, Italia amplió el uso de sus centros de detención de migrantes en Albania para recluir en ellos a personas que habían recibido una orden de expulsión y que ya estaban en un centro de detención de migrantes en Italia. La finalidad original de estos centros —poner bajo custodia a las personas solicitantes de asilo presuntamente procedentes de países considerados “seguros” por Italia interceptadas en aguas internacionales— se siguió impugnando ante los tribunales. En agosto, el Tribunal de Justicia de la UE resolvió que los tribunales competentes debían poder someter a revisión judicial la designación de un país de origen como “seguro”, lo que ponía en entredicho el marco jurídico de Italia para tramitar tales solicitudes de asilo.

También en agosto, un tribunal de Roma ordenó la puesta en libertad inmediata de un hombre detenido en Albania, en vista de que los acuerdos vigentes no garantizaban el derecho a la salud.

Las autoridades italianas repatriaron a Egipto desde Albania a varias personas de nacionalidad egipcia sin que ese proceso estuviera previsto en el acuerdo de Italia con Albania ni en otra legislación.

Tras realizar visitas de observación, profesionales de la abogacía, miembros del Parlamento y titulares de Defensorías del Pueblo de la región de Lazio y de Roma criticaron el acceso inadecuado a asistencia médica y jurídica y a otros derechos por las personas detenidas en los centros de Albania. El Ministerio del Interior negó a Amnistía Internacional el acceso a esos centros alegando “motivos de orden público y seguridad”.

Cooperación con Libia

Italia continuó apoyando a las autoridades libias en la tarea de impedir llegadas a Europa, con medidas como renovar su memorándum de entendimiento con Libia en noviembre a pesar de los indicios de violaciones graves y generalizadas de derechos humanos contra personas refugiadas y migrantes en ese país y de la persistencia de las autoridades libias en no garantizar operaciones de búsqueda y salvamento con arreglo al derecho internacional.

En dos incidentes registrados en agosto y septiembre, la guardia costera libia abrió fuego contra embarcaciones de rescate de ONG en aguas internacionales poniendo en peligro la vida de la tripulación y de las personas rescatadas. Los ataques se efectuaron desde buques transferidos por Italia a Libia en el marco de programas financiados por la UE.

Cooperación con Túnez

Italia también siguió cooperando con Túnez en la interceptación y el desembarco de personas refugiadas y migrantes en ese país pese a los indicios de que allí corrían peligro de sufrir violaciones de derechos humanos.

Derecho a verdad, justicia y reparación

En enero, Italia no entregó a la Corte Penal Internacional a Osama Elmasry Njeem, alto cargo libio acusado de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que, a pesar de haber sido arrestado por la policía italiana en aplicación de una orden de detención de la Corte, fue posteriormente liberado y devuelto por Italia a Libia. En octubre, la Corte resolvió que Italia no había cumplido sus obligaciones en virtud del Estatuto de Roma, pero aplazó la decisión de tomar más medidas.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU criticó a Italia por no haber establecido una institución nacional de derechos humanos a pesar de que se había comprometido a hacerlo.³

Derechos económicos, sociales y culturales

En octubre, el Instituto Nacional de Estadística informó de que 5,7 millones de personas vivían en la pobreza absoluta en 2024. Más del 30% de las familias con al menos un miembro extranjero entraban en esta categoría.

Derecho a un medioambiente saludable

En septiembre, personal científico radicado en Reino Unido anunció que el cambio climático había causado 4.597 muertes asociadas al calor en Italia entre junio y agosto.

Italia descendió tres puestos (al 46) en el Índice de desempeño frente al cambio climático debido a que su Plan Nacional sobre Energía y Clima era poco ambicioso e “incompatible con los compromisos de Italia ante la UE y en virtud del Acuerdo de París”.

Transferencias irresponsables de armas

Italia siguió transfiriendo armas a Israel con licencias emitidas antes del 7 de octubre de 2023. Tampoco impidió que transferencias procedentes de otros países —cuyo destino final era Israel, según la información recibida— pasaran por Italia en tránsito, incluido un envío de explosivos que salió del puerto de Rávena en junio.