Chipre 2023
Según informes, la policía no respondió eficazmente a los ataques contra personas refugiadas y migrantes, y otras personas racializadas. Continuaron las devoluciones sumarias por mar a Líbano. Se puso en marcha una nueva investigación judicial sobre la muerte del recluta Athanasios Nicolaou.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Aunque las autoridades aumentaron la capacidad del Servicio de Asilo, seguía existiendo un retraso considerable en la tramitación de las solicitudes de asilo.
Continuaron las devoluciones sumarias por mar a Líbano. Las ONG denunciaron 2 devoluciones de esta índole en julio y agosto, y afirmaron que, el 30 de julio, 73 personas enviadas a Líbano habían sido devueltas desde allí a Siria. En octubre, expresaron su preocupación respecto a los planes de Chipre de apoyar la capacidad de gestión de las fronteras de Líbano y establecer controles fronterizos conjuntos.
En 2023, las autoridades llevaron a cabo un total de más de 11.000 devoluciones, entre forzosas y voluntarias.
ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, informó de que cada vez había más solicitantes de asilo en peligro de sinhogarismo y señaló que no recibían apoyo social adecuado.
A fecha de octubre, quienes pedían asilo debían esperar nueve meses (antes era un mes) tras presentar su solicitud hasta que se les permitía trabajar. El Consejo de Refugiados de Chipre expresó preocupación por la posibilidad de que esto empujase a más personas a hacer trabajos irregulares y a la miseria.
En diciembre, la reforma de las normas sobre naturalización —aprobada sin consultar a la sociedad civil— endureció los requisitos de residencia e introdujo la “entrada irregular” como criterio para juzgar el “buen carácter” de quien la solicitara, lo que podía afectar al acceso a la ciudadanía de las personas refugiadas, de las beneficiarias de protección subsidiaria y de las migrantes. Los niños y niñas nacidos en Chipre de progenitores cuya entrada o estancia fuera irregular —incluso si uno de ellos era chipriota— seguían enfrentándose a la posibilidad de ser apátridas.
El 27 de agosto y los días siguientes, multitudes racistas se manifestaron y atacaron a personas migrantes y refugiadas, y a otras personas racializadas, así como comercios propiedad de migrantes en Chloraka y Limassol. Las ONG denunciaron que la policía no había respondido eficazmente. En noviembre comenzó un juicio contra 13 personas acusadas en relación con los ataques de Limassol.
Impunidad
En junio, a raíz de una investigación policial, el Servicio Jurídico de Chipre decidió no reabrir la causa penal relacionada con la muerte del recluta Athanasios Nicolaou en 2005. A finales de octubre comenzó una nueva investigación judicial sobre su muerte. Según las conclusiones de un informe elaborado por un equipo de investigación penal en 2022, Athanasios había sido asesinado por estrangulación y la investigación policial presentaba graves deficiencias.
Desapariciones forzadas
Entre 2006 y diciembre de 2023, en su misión de determinar la suerte y el paradero de las personas sometidas a desaparición forzada durante los combates entre comunidades de 1963 y 1964 y los sucesos de 1974, el Comité sobre Personas Desaparecidas en Chipre había identificado los restos de 1.044 personas desaparecidas (751 grecochipriotas y 293 turcochipriotas).
Derecho a un medioambiente saludable
En mayo, el Tribunal Administrativo reconoció por primera vez el derecho de las ONG de defensa del medioambiente a presentar demandas de interés público en materia medioambiental. En octubre, el Tribunal reconoció, también por primera vez, el derecho de estas ONG a acceder a documentos oficiales en un caso de infracción incoado por la Comisión Europea contra las autoridades chipriotas en relación con el incumplimiento por Chipre de sus obligaciones contraídas en virtud de la legislación de la UE sobre protección de hábitats naturales. Al finalizar el año estaban pendientes en ambos casos las sentencias definitivas del tribunal de apelación. En un informe publicado en enero, Eurostat reveló que el 89% del suministro energético general del país provenía de combustibles fósiles y que Chipre compartía con otro país el segundo porcentaje más alto de la UE. Según opiniones expertas, persistían las deficiencias en la designación, conservación y gestión de las zonas de protección ambiental.