La región seguía estando en primera línea de la erosión global del respeto a los derechos humanos universales y los marcos de justicia internacional. Rusia continuó liderando esta tendencia al persistir en su agresión a Ucrania y cometer otros crímenes de derecho internacional en ese país, como ataques indiscriminados contra civiles y contra infraestructuras esenciales. La mayor parte del sufrimiento recayó en la población civil.
En este contexto, los derechos humanos se utilizaron cada vez más como objeto de transacción. Bielorrusia consiguió una reducción de las sanciones de Estados Unidos a cambio de la liberación de personas presas, y en Ucrania y otros lugares se antepuso la obtención de minerales raros y recursos energéticos a las vidas humanas. Se celebró la primera cumbre Unión Europea-Asia Central en un contexto de incumplimiento sistemático de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos en toda Asia Central. A pesar del pésimo historial de Azerbaiyán en materia de derechos humanos, la Unión Europea y otros actores internacionales intensificaron su cooperación energética con ese país para disponer de una alternativa al petróleo y el gas rusos.
La sociedad civil fue sometida a una presión implacable. Un número creciente de activistas, periodistas y organizaciones fueron calificados de “terroristas”, “extremistas”, “indeseables” o “agentes extranjeros” y obligados a exiliarse o a cesar en sus actividades. El clima de miedo y la reducción del apoyo internacional a los derechos humanos, marcada por la medida sin precedentes de Estados Unidos de retirar la ayuda exterior, diezmaron las organizaciones de la sociedad civil y redujeron de manera significativa la información sobre los derechos humanos.
Otros ejemplos de reducción drástica del respeto a los derechos humanos incluyeron el intento de Kirguistán de volver a introducir la pena de muerte a pesar de las prohibiciones constitucionales e internacionales. Georgia adoptó sin restricciones prácticas autoritarias y medidas represivas sistémicas contra la disidencia.
La libertad de religión o de creencias, el Estado de derecho y los derechos de las personas refugiadas y migrantes no fueron excepción al deterioro general de los derechos humanos, y su declive fue generalizado en toda la región. La tortura y otros malos tratos seguían siendo endémicos. Persistía la violencia por motivos de género. El crecimiento de la producción y el consumo de combustibles fósiles puso de manifiesto el desprecio de los gobiernos hacia sus obligaciones en materia climática.
La brecha entre el compromiso público de respetar el derecho internacional expresado por muchos gobiernos y sus actos era abismal; algunos directamente se negaron a cooperar con la Corte Penal Internacional. Varios Estados continuaron transfiriendo armas a Israel. La inmensa mayoría de los gobiernos recurrieron a castigar la solidaridad con el pueblo palestino tratando como delito la disidencia y usando fuerza ilícita, en lugar de cumplir su obligación jurídica de detener el genocidio que Israel estaba perpetrando en la Franja de Gaza ocupada. Algunos Estados intensificaron sus ataques contra el orden jurídico internacional, incluidos los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Hubo Estados que encabezaron iniciativas tanto a nivel nacional como regional para dejar sin efecto las protecciones contenidas en los tratados regionales de derechos humanos. Varios adoptaron deliberadamente medidas para externalizar su responsabilidad de gestionar la migración.
Aunque algunos Estados mejoraron el acceso al aborto, en otros persistieron las barreras y quienes defendían el derecho al aborto sufrieron persecución y criminalización. Se intensificó la discriminación y la violencia contra las personas LGBTI debido a campañas bien dotadas de recursos lanzadas por actores y gobiernos antiderechos y antigénero. Millones de personas cayeron en la pobreza o continuaron sumidas en ella; los gobiernos de algunos países aprobaron medidas regresivas que podían aumentar el número de personas sin hogar o dificultar el acceso a la atención médica y otros servicios esenciales. Miles perdieron sus prestaciones de seguridad social debido al uso de herramientas de toma de decisiones intrínsecamente discriminatorias. Aumentaron los informes sobre delitos de odio contra personas racializadas, romaníes y percibidas como musulmanas o judías. Catástrofes agravadas por el cambio climático causaron estragos, sobre todo en el sur de Europa. Mientras que algunos Estados fueron proactivos y tomaron medidas para prevenir el cambio climático, otros incumplieron sus obligaciones. Defensores y defensoras de los derechos humanos sufrieron hostigamiento y prisión.
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