Resumen

Se restringieron aún más los derechos civiles y políticos con nuevas leyes sobre el uso de Internet y en respuesta a la pandemia de COVID-19. Se respondió con detenciones y cárcel a los incumplimientos de las normativas contra la COVID-19 y a las críticas al gobierno. Se condenó a largas penas de prisión, en juicios colectivos sin las debidas garantías, a miembros de un partido de oposición prohibido. Se persiguió especialmente a las personas dedicadas a labores de activismo ambiental, y se prohibió a los pueblos indígenas llevar a cabo actividades de conservación. La grave situación de hacinamiento en las prisiones y en los centros de detención por delitos de drogas socavó el derecho a la salud de la población reclusa.