Camboya 2025

Continuaron las violaciones de derechos humanos. La esclavitud, el trabajo forzoso, la trata de personas y la tortura proliferaron en centros de ciberestafas de todo el país con pleno conocimiento de las autoridades, que dejaron que muchos de ellos continuaran con su actividad. Seguía reprimiéndose la libertad de expresión, como demostró el presunto asesinato en el extranjero de un crítico político. Periodistas, personas con liderazgo en la sociedad civil y figuras críticas con el gobierno seguían enfrentándose a cargos penales infundados de motivación política. Miles de familias que vivían en la ciudad de Angkor, Patrimonio Mundial de la UNESCO, continuaron bajo amenaza de desalojo forzoso, mientras que a las ya desalojadas se les negó el derecho a interponer recursos y siguieron en viviendas inadecuadas, sin empleo y acuciadas por las deudas.

Información general

Camboya continuó siendo un Estado de partido único, el Partido del Pueblo Camboyano, respaldado por el ejército y con un férreo control sobre el poder judicial. Camboya y Tailandia se enzarzaron en un conflicto armado fronterizo con víctimas civiles en ambas partes.

Trabajo forzoso, y tortura y otros malos tratos

En más de 50 centros de todo el país donde se llevaban a cabo ciberestafas o apuestas por Internet se registraron prácticas de esclavitud, trata de personas, trabajo forzoso, trabajo infantil, privación de libertad y tortura y otros malos tratos.¹ En todos estos lugares se sometió a personas víctimas de trata —incluidos menores— a trabajo forzoso, confinamiento y amenazas de violencia y tortura.

Se traía a personas de todo el mundo, obligándolas a cruzar fronteras en embarcaciones y a atravesar ríos y selvas, para que los traficantes pudieran venderlas a los centros de ciberestafas, donde se las confinaba y explotaba. En estos centros se utilizaba la tortura y otros malos tratos para castigarlas y controlarlas. Varios centros tenían “cuartos oscuros” para castigar a quienes se habían puesto en contacto con las autoridades o no alcanzaban los objetivos de trabajo. Las víctimas también sufrían privación ilegítima de libertad, encarceladas en edificios con vigilancia diseñados para impedir que escaparan y con contacto restringido con el mundo exterior. Muchas eran objeto de compraventa y se las sometía a esclavitud en los centros.

En julio, el primer ministro anunció una campaña de medidas enérgicas contra los centros de ciberestafas a nivel nacional, gracias a la cual, según los informes, fueron liberadas más de 3.000 víctimas en redadas efectuadas en todo el país. Sin embargo, daba la impresión de que estas iniciativas para poner fin a las ciberestafas online eran más bien de cara a la galería, pues se investigaron menos del 20% de los centros identificados y, en algunos casos, las víctimas cautivas no fueron liberadas. Parecía que el esfuerzo para identificar o ayudar a las víctimas de la trata y para investigar o enjuiciar a los responsables de violaciones de los derechos humanos era mínimo.

El drástico recorte de fondos a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) tuvo un efecto devastador para el activismo contra el tráfico de personas, al dejarlo sin recursos durante la peor crisis de tráfico de personas que había sufrido el país hasta la fecha.

Libertad de expresión y de reunión

Sociedad civil

En abril, el Tribunal Supremo negó la libertad bajo fianza a cinco activistas de Mother Nature Cambodia que, al igual que otras personas también miembros de esta organización, llevaban en prisión desde 2024 por defender los derechos ambientales. Los activistas, condenados a largas penas, fueron transferidos a diferentes cárceles en un acto de crueldad añadida para separarlos entre sí y de sus familias.

En septiembre comenzaron los juicios colectivos contra 37 personas que habían sido detenidas arbitrariamente y mantenidas en prisión preventiva por haber protestado presuntamente más de un año antes contra la creación de una zona de desarrollo regional. La zona de desarrollo fue abandonada después debido a la presión de las protestas, pero estas personas continuaron en detención.

En agosto, el Tribunal Provincial de Kandal acusó a Chheng Sreyrath, conocida vendedora de productos online, de “incitar a la discriminación” y “desmoralizar al ejército”. En octubre, un guía turístico de la ciudad de Siem Reap fue acusado de conspiración para cometer traición mediante el derrocamiento del gobierno tras haber publicado un vídeo de la revolución en Nepal.

Periodistas

El ejercicio del periodismo continuó siendo la actividad más afectada por el implacable ataque del gobierno contra la libertad de expresión. En enero, dos periodistas de medios de comunicación afines al gobierno fueron detenidos tras intentar destapar un centro de ciberestafas (continuando así la tendencia iniciada en 2024, cuando el galardonado periodista Mech Dara, conocido por investigar los centros de ciberestafas, fue detenido en venganza por sacar a la luz su actividad).

El gobierno vigiló estrechamente la cobertura mediática del conflicto en la frontera entre Camboya y Tailandia y detuvo a un periodista por emitir en directo desde allí. En agosto, el gobierno retiró la licencia al portal de noticias Sara NCC Daily, alegando “información falsa que amenaza[ba] la seguridad nacional”.

Figuras políticas

En enero, Lim Kimya, expolítico de oposición y crítico del gobierno, fue asesinado en Bangkok en lo que se consideró un asesinato político ordenado desde Camboya.² El asesinato en Tailandia de un político camboyano alarmó a los críticos del gobierno que viven allí. En octubre, Ekkalak Paenoi fue juzgado en Tailandia y declarado culpable del asesinato. Sus presuntos cómplices, identificados en vídeos como camboyanos con relaciones con altos funcionarios de este país, siguieron en libertad.

Derecho a un medioambiente saludable

En julio, el gobierno publicó información actualizada de su contribución determinada a nivel nacional, en la que se establece un objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de hasta el 55% para 2035.

Los proyectos de compensación del carbono a gran escala en zonas forestales siguieron adelante sin que hubiera un verdadero consentimiento libre, previo e informado de las personas afectadas. Las personas indígenas sufrieron desalojos forzosos, destrucción de cosechas y criminalización de sus medios de vida tradicionales al ser expulsadas de sus tierras ancestrales por estos proyectos.

Las autoridades animaron a las empresas a realizar actividades de dragado de arena a lo largo del río Mekong. Estas actividades suponían una amenaza para los ecosistemas, pues rebajaban los lechos de los ríos y desestabilizaban las riberas rápidamente, intensificando la salinización y la degradación de espacios vitales para la pesca y la agricultura.

Privación arbitraria de la nacionalidad

En agosto, una enmienda a la Constitución permitió la revocación de la ciudadanía a las personas que fueran condenadas por traición o connivencia con potencias extranjeras. Estas medidas, que trataban de intimidar y silenciar a la disidencia tras las detenciones masivas y el presunto asesinato de Lim Kimya, suscitaban la preocupación de que se produjeran más violaciones del derecho internacional de los derechos humanos.³

Las personas de etnia vietnamita que vivían en Camboya siguieron en peligro de convertirse en apátridas. Las autoridades continuaron retirando documentos de identidad, residencia y naturalización, o negándose a emitirlos, lo cual dejaba a la gente sin forma de demostrar su nacionalidad camboyana. En muchos casos, las circunstancias de estas personas eran similares a la apatridia. La retirada de la ciudadanía o de los documentos de identidad parecía formar parte de una política arbitraria y a menudo de motivación étnica.

Derecho a la vivienda

Los desalojos forzosos en el complejo de templos de Angkor continuaban paralizados desde 2023 gracias a las presiones de la sociedad civil. Muchas familias que habían sido desalojadas a la fuerza del lugar seguían endeudadas y sin poder acceder a una vivienda adecuada o a cualquier forma de ayuda o reclamación. Tras una misión de observación a los lugares de reubicación de Angkor, el Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO concluyó que los desalojos forzosos del gobierno —que Amnistía Internacional había hallado contrarios al derecho internacional de los derechos humanos— se ajustaban a la legislación nacional.

Miles de familias de todo el país continuaban endeudadas con entidades de microfinanciación abusivas que las condenaban a la pobreza, la inseguridad alimentaria y el trabajo infantil, y a tener que vender sus hogares y sus tierras.

Ataques indiscriminados

En mayo, se produjeron enfrentamientos a lo largo de la frontera entre Camboya y Tailandia en lo que supuso una escalada de una disputa territorial que venía de lejos. Hubo indicios que sugerían que tanto Camboya como Tailandia podrían haber llevado a cabo ataques indiscriminados que habían causado daños a infraestructuras civiles.⁴ Hasta diciembre, más de 40 personas habían perdido la vida y ambas partes habían sufrido bajas civiles y daños en bienes de carácter civil, entre ellos un centro de salud, una pagoda y viviendas civiles en Camboya. Los centros de ciberestafas fueron objeto de persecución por parte de las autoridades tailandesas, lo que puso en peligro a las víctimas de la trata de personas.

El 27 de diciembre se acordó un segundo alto el fuego. Miles de familias camboyanas no regresaron o no pudieron regresar a sus hogares, en algunos casos debido a la presencia militar tailandesa en Camboya. La preocupación humanitaria se agravó cuando decenas de personas migrantes regresaron a Camboya desde Tailandia y miles de personas camboyanas permanecieron desplazadas internamente sin acceso a refugio, alimentos ni agua adecuados.

Derechos de las mujeres

Tras las elecciones de 2023, la representación de las mujeres descendió a un 13% en el Parlamento, a pesar de haber un 42% de mujeres en la administración pública. Las mujeres seguían en peligro de sufrir violencia por motivos de género, así como discriminación laboral.