Corea del Sur 2025
Se criminalizaron protestas pacíficas de activistas en favor de los derechos de las personas con discapacidad y se condenó a prisión a personas que participaron en ellas. Un fallo judicial consideró excesivos los requisitos para notificar con antelación la celebración de una reunión. La declaración de la ley marcial a finales de 2024 fue declarada judicialmente inconstitucional. El objetivo del gobierno de reducir la emisión de gases de efecto invernadero siguió siendo insuficiente, pero se creó un nuevo ministerio con un mandato más amplio para abordar la crisis climática del país. Se aprobó una enmienda legislativa para abordar la violencia de género facilitada por la tecnología, aunque seguían faltando mecanismos de aplicación y rendición de cuentas. Se presentó un proyecto de ley para despenalizar el aborto. Los objetores de conciencia debían realizar un servicio alternativo de duración desproporcionada. Las personas LGBTI encontraban obstáculos para que se reconociera legalmente su identidad de género. Migrantes y grupos étnicos, especialmente de origen chino, sufrieron discriminación.
Información general
En abril, el Tribunal Constitucional resolvió por unanimidad que el presidente Yoon Suk-yeol fuera destituido por declarar la ley marcial en diciembre de 2024. En junio se celebraron elecciones anticipadas, que ganó Lee Jae-myung, del Partido Demócrata. Se designó un fiscal especial para investigar el papel de la cúpula del ejército y el anterior gobierno en la declaración de la ley marcial.
En marzo, Corea del Sur sufrió la peor oleada de incendios forestales de su historia, en los que murieron 30 personas y se quemaron más de 48.000 hectáreas. De julio a septiembre, las lluvias torrenciales causaron numerosos daños en todo el país, mientras que el verano más caluroso jamás registrado dejó 16 víctimas mortales.
Libertad de expresión, de asociación y de reunión
El 7 de marzo, el Tribunal Administrativo de Seúl falló que la obligación de presentar personalmente en una comisaría la notificación previa de la celebración de una reunión al aire libre suponía una limitación excesiva de la libertad de reunión. La comisaría contra la que se había interpuesto la demanda recurrió ante una instancia superior, que confirmó la sentencia, y esto permitió que quienes organizaban reuniones lo notificaran por otros medios, como el correo.
El 18 de marzo, el Tribunal Supremo condenó a Park Kyung-seok, representante de la ONG Solidaridad contra la Discriminación por Discapacidad, a cuatro meses de cárcel y dos años de libertad vigilada por haber llevado a cabo una protesta pacífica en 2021. En septiembre, otro activista por los derechos de las personas con discapacidad fue condenado a un año de cárcel y dos de libertad vigilada por embestir a un agente de policía con su silla de ruedas durante una protesta que tuvo lugar en 2023 en una estación de metro de la capital, Seúl. En noviembre, una persona, activista por los derechos de las personas con discapacidad fue arrestado y acusado de agredir a un policía.
En una sentencia de abril, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la proclamación de la ley marcial en diciembre de 2024, y la consideró una violación de la libertad de conciencia, reunión y expresión.
Derecho a un medioambiente saludable
En agosto, el Comité Consultivo para la Planificación de Asuntos de Estado propuso la transición hacia las energías renovables como una de las prioridades estratégicas quinquenales del gobierno, aunque no concretó los métodos para lograr que fuera una transición justa. El gobierno mantuvo el objetivo de alcanzar en 2030 una reducción del 40% en las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a los niveles de 2018, incumpliendo así el objetivo del 43% establecido por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. En noviembre, la Comisión Presidencial sobre Neutralidad en Carbono y Crecimiento Verde estableció el objetivo de alcanzar en 2035 una reducción de entre un 53 y un 61% en las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a los niveles de 2018.
En octubre, el nuevo gobierno creó el Ministerio de Clima, Energía y Medioambiente con un mandato más amplio que el del anterior Ministerio de Medioambiente, con el fin de permitirle abordar los graves riesgos relacionados con el clima que afrontaba el país.
Violencia por motivos de género
La violencia de género facilitada por la tecnología continuó siendo un problema importante. Se aprobaron reformas legislativas para abordar el problema de los contenidos hiperrealistas falsos (deepfake) generados por inteligencia artificial, incluida una enmienda a la Ley de Prevención de la Violencia Sexual y Protección de sus Víctimas. La enmienda ofrecía recursos adicionales a las autoridades nacionales para facilitar la eliminación de contenido que perpetuara la violencia de género facilitada por la tecnología, desde grabaciones ilegales a información personal de las víctimas. Sin embargo, tanto la aplicación de estas medidas como la rendición de cuentas de las plataformas continuaron siendo limitadas, y las reparaciones para las personas sobrevivientes, inadecuadas.
Derechos de las mujeres y de las niñas
En septiembre, el nuevo gobierno nombró a una ministra de Igualdad de Género y Familia, cartera ministerial que estaba sin titular desde febrero de 2024. El gobierno anunció una reestructuración administrativa del ministerio que incluía ampliar su mandato para ofrecer más apoyo al crecimiento personal de jóvenes y menores, así como mejores mecanismos de protección para las mujeres frente a amenazas tanto físicas como por Internet, tales como la violencia de género facilitada por la tecnología y la violencia de género en el ámbito de la pareja.
Derechos sexuales y reproductivos
En julio se presentó en la Asamblea Nacional un proyecto de ley para despenalizar totalmente el aborto y para que el sistema nacional de salud cubriera la interrupción voluntaria del embarazo y las píldoras abortivas fueran de acceso público. En agosto, el Comité Consultivo para la Planificación de Asuntos de Estado señaló que una de las prioridades estratégicas quinquenales claves del gobierno era el suministro de píldoras abortivas, si bien no indicó ningún plan concreto para llevarlo a cabo.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
En agosto, el tribunal de Distrito de Seúl decidió que el reconocimiento legal de la identidad de género podía basarse en la autodeterminación aunque no hubiera tratamientos médicos de reasignación. No obstante, las personas que intentaban ver reconocida legalmente su identidad de género se enfrentaban a obstáculos económicos, físicos y psicosociales, al no existir en Corea del Sur legislación formal sobre este reconocimiento.
Libertad de religión o de creencias
Los objetores de conciencia continuaban sometidos a un servicio civil alternativo de carácter punitivo cuya duración era de 36 meses —el doble que la del servicio militar—, que pasaban confinados en centros penitenciarios bajo supervisión militar. Su excesiva duración, las condiciones similares a la detención y su falta de independencia del ejército violaban la libertad de pensamiento, conciencia, religión y creencias, así como el derecho al trabajo, la vida familiar y la participación en la vida cultural.
Discriminación
La discriminación y la violencia que sufrían los trabajadores y las trabajadoras migrantes —restricciones para cambiar de trabajo, robo de salarios, muertes por accidentes laborales y violencia verbal y física— continuó siendo motivo de preocupación. Según informaron los medios de comunicación, en febrero, en una fábrica de ladrillos de la ciudad de Naju (provincia de Jeollanam-do), un trabajador migrante de Sri Lanka fue agredido físicamente por su jefe en el trabajo. El presidente Lee Jae-myung condenó la discriminación y la violencia contra los trabajadores y las trabajadoras migrantes y ordenó que se tomaran medidas estrictas para evitar que algo así se repitiera. Posteriormente el agresor fue procesado y condenado por violencia en el lugar de trabajo.
Durante todo el año se celebraron concentraciones sinófobas en zonas con grandes comunidades chinas, como los barrios de Daerim-dong y Myeong-dong en Seúl, con reiteradas expresiones de odio hacia las personas chinas, incluidas las de etnia coreana con ciudadanía china.
En mayo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación por el incremento incesante, en Internet y en el mundo físico, del discurso de odio y la incitación a la discriminación en Corea del Sur. El Comité recomendó varias medidas para prohibir el discurso de odio racista, como realizar campañas de educación de la población para combatir los prejuicios y la hostilidad contra las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.
En julio, el gobierno anunció una política de “tolerancia cero” hacia la violencia, la discriminación y los abusos contra los derechos humanos de grupos socialmente vulnerables, incluidos los trabajadores y las trabajadoras extranjeros, y reconoció oficialmente la necesidad de mejorar sistemas y prácticas relacionados con estas actitudes.
Rendición de cuentas de las empresas
En mayo, la empresa surcoreana fabricante de maquinaria pesada HD Hyundai afirmó “no estar implicada en actividades” en el Territorio Palestino Ocupado, a pesar de que las investigaciones de Amnistía Internacional demostraban que entre 2021 y 2023 se habían realizado envíos de excavadoras claramente relacionados con demoliciones ilícitas.1 En junio, se presentó en la Asamblea Nacional una versión revisada del proyecto de ley sobre protección de los derechos humanos y el medioambiente para una gestión empresarial sostenible, concebido para que las empresas rindieran cuentas por abusos contra los derechos humanos y el medioambiente a lo largo de todas sus cadenas de suministro mediante la aplicación de la diligencia debida obligatoria en materia de derechos humanos. En julio, tras las críticas sobre sus prácticas en la obtención de materias primas para fabricar las baterías de sus vehículos eléctricos, Hyundai Motors publicó un informe de sostenibilidad en el que presentó sus planes para incorporar a proveedores de segundo nivel a sus evaluaciones de sostenibilidad y ampliar el alcance de su política de responsabilidad en materia de minerales.