Corea del Sur

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COREA DEL SUR 2021

Se despenalizó el aborto. La violencia de género persistía, y las personas transgénero eran víctimas de odio y discriminación. La Comisión Nacional de Derechos Humanos halló discriminatoria la obligatoriedad de las pruebas de COVID-19 para los trabajadores y trabajadoras extranjeros. Las medidas del gobierno contra la emergencia climática fueron criticadas, por ser consideradas poco ambiciosas.

Discriminación

Derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes

En marzo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea halló discriminatorias las órdenes administrativas dictadas por ciertos gobiernos regionales, como los de Seúl y la provincia de Gyeonggi, que obligaban a los trabajadores extranjeros residentes en el país a someterse a pruebas de COVID-19. Posteriormente, el gobierno central ordenó al gobierno municipal de Seúl modificar la orden, por ser ésta discriminatoria para las personas extranjeras.

En septiembre, los trabajadores migrantes con visados temporales y menor nivel de renta quedaron, de nuevo, excluidos de la ayuda económica extraordinaria facilitada por el gobierno por la COVID-19. Esto podía haber afectado a casi dos millones de trabajadores migrantes, muchos de los cuales estaban desempleados a causa de las restricciones impuestas para combatir la COVID-19.

Género y orientación sexual

Se presentaron nuevos proyectos de ley a fin de aprobar una ley integral contra la discriminación, que incluiría imprescindibles salvaguardas contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Hasta el momento, la legislación en vigor no protegía a todos los grupos.1

Derechos de las mujeres y de las niñas

El aborto se despenalizó en enero, tras un fallo previo del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional su prohibición. El Parlamento no tomó medidas para reformar la ley del aborto, como había ordenado el Tribunal Constitucional en 2020. En la Asamblea Nacional seguían pendientes de aprobación varios proyectos de ley, algunos de los cuales establecían plazos concretos para acceder al aborto, mientras que otros pedían su despenalización total. Este prolongado vacío legal provocó confusión entre los proveedores de servicios médicos

El 8 de enero, en una sentencia emblemática, el Tribunal Central de Distrito de la capital, Seúl, ordenó al gobierno japonés indemnizar a 12 mujeres que habían sido obligadas a participar en el sistema de esclavitud sexual del ejército japonés antes de la Segunda Guerra Mundial y durante su transcurso. En abril, en otra sentencia, el tribunal de distrito desestimó demandas similares presentadas por otro grupo de sobrevivientes.2

Persistió la violencia de género, como pusieron en evidencia varios casos de presunto abuso de autoridad y de acoso y violencia sexuales en el ejército. En mayo, una sargenta mayor de la fuerza aérea se quitó la vida tras haber sufrido acoso sexual. Ese mismo mes se confirmó que una suboficial que había sido acechada y acosada sexualmente por un superior del ejército había intentado suicidarse. En agosto, una suboficial de la marina, que había denunciado abusos por parte de un compañero de rango superior, fue encontrada muerta en su base (presuntamente, por suicidio). Posteriormente se afirmó que sus superiores no habían tomado medidas adecuadas para protegerla de nuevos abusos a manos del mismo perpetrador.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En febrero se publicaron los resultados de una encuesta encargada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea sobre la situación de las personas transgénero. En el informe, que ponía de manifiesto que estas personas estaban “expuestas en todas partes al odio y la discriminación”, se criticaba la falta de leyes, instituciones y políticas que garantizaran sus derechos y se instaba al gobierno a aprobar una ley integral para prohibir la discriminación.

Al menos tres personas transgénero murieron en circunstancias que indicaban suicidio. El 8 de febrero, la dramaturga Lee Eun-yong fue hallada muerta en su domicilio. El 24 de febrero fue hallado, en su domicilio de la isla de Jeju, el cuerpo sin vida de Kim Ki-hong, una de las dos personas transgénero que se habían presentado como candidatas a las elecciones de 2020 (en el caso de Kim Ki-hong, por el Partido Verde). La exsargenta primera Byun Hui-su murió en marzo en Cheongju (provincia de Chungcheong del Norte). Su muerte se atribuyó a un suicidio. El ejército había calificado de “discapacidad” su operación de reasignación de género, y la había expulsado cuando pidió el traslado al cuerpo femenino. Tras su muerte, un tribunal de distrito resolvió, en octubre, que “no existía ningún motivo de discapacidad mental o física para el despido” y ordenó la revocación de su expulsión a título póstumo.

En octubre, un tribunal de apelación concedió el reconocimiento de género a un hombre transgénero que no se había sometido a esterilización, una importante resolución judicial para los derechos de las personas transgénero. Las directrices del Tribunal Supremo sobre reasignación de género incluían el requisito de la esterilización.

Las autoridades siguieron impidiendo el acceso de las personas transgénero a las fuerzas armadas.

Criminalización

Siguió pendiente ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 92.6 del Código Penal Militar, que penalizaba las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo en el ejército.

Libertad de expresión, asociación y reunión

Las autoridades continuaron defendiendo la llamada Ley contra los Folletos, que entró en vigor en marzo para mitigar las tensiones con Corea del Norte. Esta ley prohibía la distribución de material impreso y otros artículos al otro lado de la frontera de Corea del Sur. Los grupos de la sociedad civil aducían que la ley amenazaba la libertad de expresión y establecía sanciones desproporcionadas —hasta tres años de cárcel o multas de hasta 30 millones de wones (27.000 dólares estadounidenses)— para los grupos de Corea del Sur que enviaran folletos o unidades USB a Corea del Norte.3

Un proyecto de ley de reforma de la Ley sobre Arbitraje y Compensaciones de Prensa fue muy criticado tanto dentro como fuera del país por su imprecisa formulación, que supondría la imposición de indemnizaciones punitivas a periodistas y organizaciones de prensa por presuntas “noticias falsas”. Al finalizar el año, el proyecto de ley seguía pendiente en la Asamblea Nacional.

En febrero, el gobierno ratificó tres de los principales convenios de la OIT: el Convenio sobre el trabajo forzoso (núm. 29), el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (núm. 98). Estos convenios entrarían en vigor en Corea del Sur en abril de 2022.

Derechos laborales

El comité formado para prevenir las muertes de personal de reparto por agotamiento y sobrecarga de trabajo se mostró preocupado por las condiciones laborales en las empresas de comercio electrónico, y resaltó la elevada demanda y la competencia existente entre las empresas y la ausencia de salvaguardias. En concreto, la empresa Coupang fue criticada por numerosos casos de abuso.

En octubre, la Confederación de Sindicatos Coreanos convocó una huelga a gran escala en Seúl para protestar por las deficientes condiciones laborales y la desigualdad. Se denunció a organizadores y participantes por violar la prohibición de celebrar reuniones para evitar la propagación de la COVID-19 y se investigó a 34 personas.

Actuación deficiente contra la crisis climática

En noviembre, en la COP26, el Comité de Neutralidad de Carbono de Corea del Sur anunció una nueva contribución determinada a nivel nacional, que consistía en reducir las emisiones en un 40% con respecto a los niveles de 2018, antes de 2030. Esta cifra era inferior a la necesaria para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5˚C.

En agosto, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Marco de Crecimiento Verde Neutral en Emisiones de Carbono, que establecía por ley el objetivo de llegar a la neutralidad en emisiones de carbono antes de 2050. Los grupos ambientalistas y otros grupos de la sociedad civil criticaron esta nueva ley por considerar que sus objetivos eran muy poco ambiciosos. En octubre, grupos de la sociedad civil y una serie de partidos políticos interpusieron un recurso ante el Tribunal Constitucional, alegando que la nueva ley no protegía los derechos fundamentales de la población.

Seguía pendiente de resolución ante el Tribunal Constitucional otra causa sobre cuestiones climáticas a la que se fueron sumando escritos adicionales presentados por activistas juveniles a lo largo del año. En los escritos iniciales se aducía, entre otras cosas, que, de conformidad con la Constitución, el Estado estaba obligado a proteger la salud, la vida y los derechos ambientales de la población, y que la reforma de 2019 de la ley de cambio climático había violado esos derechos, al no establecer objetivos efectivos de reducción de las emisiones.


  1. Corea del Sur: La Asamblea Nacional debe aprovechar la oportunidad para aprobar histórica ley contra la discriminación, 9 de agosto
  2. Corea del Sur: Decepcionante sentencia sobre Japón no hace justicia a las “mujeres de solaz”, 21 de abril
  3. Controversy over Anti-Leaflet Law – Amnesty International’s approach (sólo en coreano), 17 de mayo