Hong Kong (China) 2023

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En Hong Kong se redujo cada vez más el espacio de la sociedad civil, al mantener las autoridades amplias prohibiciones sobre las protestas pacíficas y encarcelar por cargos relacionados con la seguridad nacional a activistas en favor de la democracia, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas. Las autoridades también intentaron detener a activistas de la oposición que habían huido al extranjero. En varios casos históricos, los tribunales de Hong Kong fallaron a favor de los derechos de personas LGBTI.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

Las autoridades de Hong Kong siguieron utilizando la Ley de Seguridad Nacional de 2020, así como las disposiciones sobre sedición de la Ordenanza sobre Delincuencia —que databan de la era colonial— y otra legislación restrictiva contra activistas en favor de la democracia, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas.

En febrero comenzó el mayor proceso judicial que había tenido lugar hasta la fecha por cuestiones relacionadas con la seguridad nacional, en el que se juzgaba a 47 activistas en favor de la democracia. Todas estas personas estaban acusadas de “conspiración para cometer subversión” en virtud de la Ley de Seguridad Nacional, debido a su participación en las primarias no oficiales de un partido político para las elecciones al Consejo Legislativo de 2020, que finalmente fueron aplazadas. La mayoría de ellas habían pasado más de dos años recluidas hasta el inicio del juicio y, de ser declaradas culpables, algunas se enfrentaban a penas de hasta cadena perpetua.¹

El juicio por cargos relacionados con la seguridad nacional y de sedición contra Jimmy Lai, editor y fundador del periódico prodemocrático Apple Daily, comenzó en diciembre, un año después de lo previsto inicialmente, tras haber sido aplazado en reiteradas ocasiones. Jimmy Lai llevaba detenido desde agosto de 2020. En marzo, cinco expertos y expertas en derechos humanos de la ONU escribieron al gobierno chino para expresar su profunda preocupación por el arresto, la detención y los múltiples procesamientos de Jimmy Lai, que parecían relacionados con sus críticas al gobierno chino y su apoyo a la democracia en Hong Kong.

En marzo, la policía de seguridad nacional detuvo por “sedición” a dos hombres, por estar en posesión de libros infantiles prohibidos, cuyos autores y editores habían sido condenados por sedición en 2022.² Ambos quedaron en libertad bajo fianza, pero podrían ser condenados a hasta dos años de prisión.

Se siguió procesando a personas pertenecientes a grupos en favor de la democracia y los derechos humanos, a pesar de que la mayoría de estos grupos habían dejado de estar operativos desde la introducción de la Ley de Seguridad Nacional en 2020. El 4 de marzo se dictó sentencia condenatoria contra Chow Hang-tung, Tang Ngok-kwan y Tsui Hon-kwong, integrantes de Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Patrióticos y Democráticos de China, por no haber satisfecho la solicitud policial de información sobre la membresía, la financiación y las actividades del grupo, formulada en 2021 en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional. Chow Hang-tung, exvicepresidenta de la Alianza de Hong Kong, se negó a cumplir las condiciones de su libertad bajo fianza, que limitaban su derecho a la libertad de expresión y, por tanto, continuó detenida en espera de que se resolviera el recurso que había interpuesto. Estuvo varias veces en régimen de aislamiento, en total durante 82 días.

El 1 de marzo, las autoridades de Hong Kong levantaron la normativa sobre reuniones públicas impuesta con motivo de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el derecho a protestar siguió estando muy restringido y reinaba un ambiente de intimidación. En marzo, la Asociación de Trabajadoras de Hong Kong suspendió una marcha programada con motivo del Día Internacional de la Mujer, al parecer debido a la preocupación de la policía por la participación de “grupos violentos” y a las amenazas sobre la posible detención de participantes.

En junio, el gobierno de Hong Kong solicitó una orden judicial para prohibir la popular canción de protesta en favor de la democracia “Glory to Hong Kong”, y amenazó con procesar, en virtud de la Ley de Seguridad Nacional y de las leyes de sedición, a cualquiera que la interpretara, emitiera o publicara.

El 4 y el 5 de junio, la policía detuvo al menos a 32 personas en las proximidades de Victoria Park, donde se celebraba anualmente una vigilia con velas para conmemorar la represión de Tiananmen hasta que este acto fue prohibido, en 2020. La policía afirmó que las personas detenidas estaban “exhibiendo artículos de protesta con textos sediciosos, entonando cánticos y cometiendo actos ilegales”. Posteriormente todas ellas quedaron en libertad sin cargos.

En junio, 10 personas que habían formado parte del personal de la organización Fondo de Ayuda Humanitaria 612 —constituida para ayudar con los costos judiciales y de otra índole a quienes habían participado en las protestas de 2019 en favor de la democracia, y disuelta en 2021—, o que habían tenido alguna relación con ella, fueron detenidas por presunta “conspiración para actuar en connivencia con un país extranjero o con elementos externos” en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, y por “incitación a la revuelta”. Fueron acusadas de haber aceptado donaciones de organizaciones extranjeras con el fin de proporcionar ayuda económica a personas que habían huido de Hong Kong o a organizaciones que defendían la imposición de sanciones contra las autoridades de Hong Kong.

En julio, cinco expertos y expertas de la ONU escribieron a los gobiernos de China y Hong Kong para expresar su preocupación por las repercusiones en materia de derechos humanos que podrían tener las propuestas sobre la regulación de las actividades de financiación colectiva (crowdfunding) publicadas en diciembre de 2022. En la comunicación se resaltaban especialmente los riesgos que podía suponer para las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión la aplicación de unos motivos de seguridad nacional y lucha contra el terrorismo vagamente definidos como criterio principal para evaluar la naturaleza y la finalidad de las actividades de financiación colectiva.

En septiembre, la joven Zeng Yuxuan, de 23 años y procedente de China continental, que estudiaba un posgrado de derecho en la Universidad China de Hong Kong, se declaró culpable de sedición y fue condenada a 6 meses de prisión por haber hecho planes para desplegar una pancarta con la imagen de una escultura de un artista danés que conmemoraba la represión de Tiananmen. Aunque debía quedar en libertad en octubre al haber cumplido la mayor parte de su condena en detención previa al juicio, fue deportada a China continental, donde se creía que permanecía recluida en régimen de incomunicación. Ésta se consideró la primera vez que una persona de China continental era deportada desde Hong Kong tras haber sido condenada por sedición.

En diciembre, la policía arrestó a 7 personas y emitió órdenes de arresto contra otras 2 que vivían en el extranjero por “incitar a otras personas a no votar o a emitir votos nulos” en las elecciones a los consejos de distrito.

Represión de la disidencia

Se siguió persiguiendo a personas críticas con las autoridades de Hong Kong residentes en el extranjero. En julio, la policía emitió órdenes de arresto contra 8 activistas, incluidos 3 exdiputados, que se habían exiliado en Australia, Estados Unidos y Reino Unido. Estaban acusados de haber violado la Ley de Seguridad Nacional, y se ofreció una recompensa de un millón de dólares de Hong Kong (unos 128.228 dólares estadounidenses) a quien facilitara información que permitiera su detención. En octubre, 4 expertos y expertas de la ONU expresaron profunda preocupación por la emisión de estas órdenes de arresto y pidieron una reforma de la Ley de Seguridad Nacional. En diciembre se añadió a la lista de personas buscadas, y con la misma recompensa, a 5 activistas hongkoneses más residentes en el extranjero.

En noviembre, la estudiante Yuen Ching-ting, de 23 años, fue condenada a 2 meses de prisión por haber publicado mensajes “sediciosos” en las redes sociales mientras estudiaba en una universidad de Japón. Yuen Ching-ting, que se declaró culpable de haber publicado 13 mensajes de apoyo a la independencia de Hong Kong, fue detenida en marzo, cuando regresó a Hong Kong para renovar su documento de identidad.

En diciembre, la destacada activista estudiantil Agnes Chow publicó en Instagram el relato de cómo tuvo que aceptar viajar a China continental y participar en actos y “visitas patrióticas” para que le devolvieran el pasaporte y poder estudiar en Canadá. Agnes Chow había sido encarcelada en 2020, pero había permanecido sometida a vigilancia tras haber quedado en libertad bajo fianza en 2021 y, además, le había sido confiscado el pasaporte. Tras su llegada a Canadá, expresó su temor de no poder regresar nunca a Hong Kong puesto que, de hacerlo, correría el riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Se produjeron avances positivos para los derechos de las personas LGBTI gracias a una serie de decisiones judiciales en recursos interpuestos contra políticas y prácticas discriminatorias En febrero, el Tribunal de Última Instancia resolvió que el gobierno había vulnerado los derechos de dos personas transexuales al rechazar sus solicitudes de modificación del sexo en sus documentos de identidad porque no se habían sometido a cirugía de reasignación completa.

En agosto, en una causa interpuesta por una pareja de lesbianas, el Tribunal Superior reconoció legalmente a la madre no gestante como segunda progenitora. En otra histórica sentencia dictada en septiembre, el Tribunal de Última Instancia rehusó reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero resolvió que el gobierno tenía la obligación constitucional de proporcionar un marco jurídico alternativo para que las relaciones entre personas del mismo sexo quedaran reconocidas. El Tribunal fijó un plazo de dos años para que los derechos de las parejas homosexuales —incluido el acceso a hospitales y herencias—, quedaran protegidos en igualdad de condiciones que los de las parejas heterosexuales.³

En octubre, en otras dos causas, el Tribunal de Apelación declaró discriminatoria la decisión del gobierno de negar a los matrimonios homosexuales el derecho a alquilar y poseer viviendas públicas. Asimismo, el tribunal falló a favor de la igualdad en los derechos de herencia.