Hong Kong (China) 2024

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Una nueva ley de seguridad nacional restringió aún más el espacio de la sociedad civil en Hong Kong, donde se condenó a largas penas de prisión a decenas de activistas en favor de la democracia.

Libertad de expresión

Se redujo aún más el espacio para la libertad de expresión, de por sí muy restringido debido a la Ley de Seguridad Nacional y a otras leyes represivas.

En marzo, tras unas consultas públicas que no fueron adecuadas, el Consejo Legislativo de Hong Kong aprobó por unanimidad la Ley de Salvaguardia de la Seguridad Nacional, que tipificaba nuevos delitos relacionados con la seguridad nacional, endurecía las penas de los ya existentes y afianzaba las amplias facultades del gobierno para hacer cumplir la ley. Además, la Ley introdujo en Hong Kong las definiciones amplias e imprecisas de “seguridad nacional” y “secreto de Estado” de China continental, que, en la práctica, podían aplicarse a casi cualquier conducta o información. El nuevo texto sustituyó una ley de sedición de la era colonial frecuentemente utilizada, pero amplió las disposiciones que castigaban la intención de causar “odio u hostilidad entre residentes de diferentes regiones de China”, y que abarcaban de manera expresa actos o discursos que no incitaban a la violencia.¹ La pena máxima de prisión por sedición aumentó de dos a siete años, o hasta 10 si implicaba connivencia con fuerzas externas.

Tras la adopción de la Ley de Salvaguardia de la Seguridad Nacional, 15 personas fueron detenidas en aplicación de sus disposiciones sobre sedición. Posteriormente se presentaron cargos contra cuatro de ellas. En septiembre, tres fueron condenadas en diferentes juicios por llevar una camiseta y una máscara con lemas de protesta, formular comentarios políticos contra el gobierno en plataformas de Internet y escribir lemas de protesta en asientos de autobús. Fueron condenadas a entre 10 y 14 meses de prisión.

Haciendo uso de las nuevas facultades que les otorgaba la Ley de Salvaguardia de la Seguridad Nacional, en junio y diciembre, respectivamente, las autoridades anularon los pasaportes de seis y siete activistas de Hong Kong residentes en el extranjero contra quienes se habían dictado órdenes de arresto en 2023. Incluyeron a seis más en una lista de personas buscadas y ofrecieron una recompensa de un millón de dólares hongkoneses (128.500 dólares estadounidenses) por cada una de ellas.

En mayo, el Tribunal de Apelación concedió al gobierno como medida cautelar la prohibición de la canción de protesta prodemocrática “Gloria a Hong Kong”.² Esta decisión, que revocaba la sentencia de un tribunal inferior, prohibía emitir, interpretar, distribuir, divulgar, mostrar y reproducir la canción con intención de atentar contra la seguridad nacional, por ejemplo, con intención de sedición o de incitar a la secesión. Toda persona que incumpliera esta medida cautelar podía ser declarada culpable de desacato al tribunal y encarcelada. Tras la decisión, YouTube bloqueó el acceso desde Hong Kong a 32 vídeos en los que aparecía la canción.

También en mayo, en una importante causa contra 47 activistas en favor de la democracia, el Tribunal Superior, aplicando la Ley de Seguridad Nacional, declaró a 14 personas culpables de “conspiración para cometer subversión” por haber organizado unas primarias no oficiales para las elecciones al Consejo Legislativo de 2020 que finalmente fueron aplazadas. Otras 31 personas se habían declarado culpables de esos mismos cargos con anterioridad. En noviembre, el tribunal impuso a estas 45 personas penas de prisión que iban desde los cuatro años y tres meses hasta los diez años. Dos personas fueron absueltas, pero el Departamento de Justicia recurrió una de las sentencias absolutorias.

Al concluir el año continuaba en curso el juicio contra Jimmy Lai, hombre de 77 años fundador del periódico prodemocrático Apple Daily al que se había acusado de “connivencia con fuerzas extranjeras” en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional. Su falta de comparecencia en una audiencia judicial en junio hacía temer el deterioro de su salud. En junio se prohibió la entrada en Hong Kong a una persona de Reporteros sin Fronteras que había acudido como observadora del juicio.

En agosto, el Tribunal de Última Instancia desestimó los recursos interpuestos por Jimmy Lai y seis activistas más contra una sentencia condenatoria anterior por haber participado en una reunión no autorizada durante las protestas de 2019, por lo que Lai fue condenado a nueve meses de cárcel.

Se acusó a varias personas de “insultos” al himno nacional chino. En junio, tres personas fueron detenidas en virtud de la Ordenanza sobre el Himno Nacional por ponerse de espaldas mientras sonaba el himno en un partido de fútbol.³ En agosto, otra persona fue condenada a ocho semanas de cárcel por haberse cubierto los oídos y cantado una canción asociada al movimiento prodemocracia mientras sonaba el himno nacional en un partido de voleibol en 2023.

En agosto, Chung Pui-kuen y Patrick Lam, exeditores del clausurado medio de comunicación Stand News, fueron declarados culpables de “conspirar para publicar material sedicioso”. En septiembre fueron condenados a 21 y 11 meses de prisión, respectivamente. En octubre, Patrick Lam recurrió su condena.

Libertad de reunión

Las autoridades siguieron impidiendo las conmemoraciones de la represión de Tiananmen de 1989. El 4 de junio, 35 aniversario de la represión, se registró una fuerte presencia policial en el parque Victoria y sus alrededores, donde se habían celebrado vigilias durante 30 años, hasta su prohibición en 2020. Cuatro personas fueron formalmente detenidas, mientras que a otras cinco “las llevaron a comisarías de policía”. Llevar a una persona a comisaría era una táctica intimidatoria que permitía a la policía retirar a una persona del lugar de los hechos sin proceder a su detención formal.

En enero, el Tribunal de Última Instancia restituyó la sentencia condenatoria de Chow Hang-tung por “incitar a otras personas a participar en una reunión no autorizada” en 2021, con motivo del aniversario de la represión de Tiananmen. El juicio contra Chow Hang-tung por otro cargo en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional fue aplazado reiteradamente. Continuaba recluida en espera de juicio por su participación en un grupo que celebraba todos los años vigilias a la luz de las velas por Tiananmen en el parque Victoria.

A finales de mayo, la policía inició actuaciones adicionales contra Chow Hang-tung y detuvo a su madre y a seis de sus amistades por “aprovechar la proximidad de una fecha delicada para publicar reiteradamente mensajes con intención sediciosa en una plataforma social”, en aplicación de la Ley de Salvaguardia de la Seguridad Nacional.

Libertad de asociación

En julio, el Consejo Legislativo aprobó una ley que establecía una cuota mayoritaria de personas nombradas por el gobierno en la composición de la Junta de Registro de Trabajadores Sociales, que concedía la habilitación para ejercer esa profesión. La medida se adoptó a raíz de las críticas vertidas por un alto cargo gubernamental sobre la negativa de la Junta a prohibir que las personas condenadas por delitos contra la seguridad nacional se profesionalizaran como trabajadores sociales.

También en julio, el Instituto Cristiano de Hong Kong anunció su disolución debido al “entorno social” y a la imposibilidad de llevar a cabo su misión libremente. Este instituto había apoyado el movimiento de 2014 en favor de la democracia y las protestas de 2019 contra un proyecto de ley que, de haber sido aprobado, habría permitido las extradiciones a China continental.

En septiembre, el Tribunal Superior falló a favor del gobierno en una causa en la que éste acusaba al Sindicato General de Logopedas de Hong Kong, cuyo registro había sido revocado en 2021, de haber utilizado fondos para poner en peligro la seguridad nacional. El tribunal concedió al gobierno una orden de confiscación para incautar 116.000 dólares hongkoneses (unos 14.900 dólares estadounidenses) del sindicato prodemocrático.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

El gobierno de Hong Kong no informó de ninguna novedad relevante con respecto a la aplicación de una sentencia dictada en 2023 por el Tribunal de Última Instancia que le exigía proporcionar un marco jurídico alternativo para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo

En noviembre, el Tribunal de Última Instancia desestimó el recurso del gobierno contra una sentencia de un tribunal inferior que otorgaba a las parejas del mismo sexo casadas en el extranjero los mismos derechos hereditarios y de acceso a vivienda pública que a las parejas casadas heterosexuales.

Según informes de los medios de comunicación, el gobierno de Hong Kong recortó la financiación de al menos tres grupos LGBTI y aplicó medidas administrativas para obstaculizar las actividades de recaudación de fondos y de promoción de uno de ellos.