La policía usó fuerza excesiva contra personas que salían de su domicilio para procurarse alimentos durante el confinamiento impuesto por la COVID-19. Aumentó la violencia por motivos de género al quedar las víctimas atrapadas en el hogar con parejas maltratadoras. La violencia en la provincia de Cabo Delgado se intensificó hasta derivar en un conflicto armado que se saldó con más de 2.000 muertes. Las autoridades no hicieron rendir cuentas a responsables de crímenes de derecho internacional y graves violaciones y abusos contra los derechos humanos. La represión de la libertad de expresión tomó un nuevo rumbo al ser atacada con explosivos incendiarios la oficina de un periódico.
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