El grupo armado conocido localmente como Al Shabaab, las fuerzas de seguridad del gobierno y los agentes militares privados siguieron cometiendo crímenes de guerra y otras violaciones graves de derechos humanos. Las autoridades gestionaron de forma deficiente la crisis humanitaria de Cabo Delgado y menoscabaron gravemente el derecho a la alimentación, al agua, a la educación, a la vivienda y a la salud. La violencia contra las mujeres y las niñas continuó incontrolada. Las madres gestantes recibían un trato inhumano, y eran golpeadas, insultadas y humilladas en las maternidades públicas. Las autoridades reprimieron la actividad en el espacio cívico mediante la intimidación, el hostigamiento y las amenazas contra activistas de la sociedad civil y periodistas.
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