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MOZAMBIQUE 2020

La policía usó fuerza excesiva contra personas que salían de su domicilio para procurarse alimentos durante el confinamiento impuesto por la COVID-19. Aumentó la violencia por motivos de género al quedar las víctimas atrapadas en el hogar con parejas maltratadoras. La violencia en la provincia de Cabo Delgado se intensificó hasta derivar en un conflicto armado que se saldó con más de 2.000 muertes. Las autoridades no hicieron rendir cuentas a responsables de crímenes de derecho internacional y graves violaciones y abusos contra los derechos humanos. La represión de la libertad de expresión tomó un nuevo rumbo al ser atacada con explosivos incendiarios la oficina de un periódico.

Información general

En enero, el presidente inició un segundo mandato tras unas controvertidas elecciones celebradas en un contexto de violencia armada en el norte de la provincia de Cabo Delgado, zona que permaneció cerrada a los medios de comunicación. El escándalo de los préstamos secretos del gobierno desestabilizó las condiciones socioeconómicas. Mientras tanto, las inundaciones de 2019 y 2020 destruyeron infraestructuras, lo que aumentó el aislamiento de la población también en el norte de Cabo Delgado. En respuesta a la pandemia de COVID-19, las autoridades impusieron el estado de emergencia del 30 de marzo al 6 de septiembre. La medida contribuyó al deterioro de las condiciones de vida en todo el país y agravó en particular las precarias condiciones imperantes en Cabo Delgado cuando un grupo armado de oposición, conocido localmente como Al Shabaab (aunque no se le conocía relación alguna con Al Shabaab en Somalia), aprovechó la situación para intensificar sus ataques durante ese periodo.

Derecho a la alimentación

Las disposiciones del estado de emergencia eran punitivas y dieron pie a un aumento de la inseguridad alimentaria en barriadas marginadas, especialmente porque la mayoría de la población dependía de la economía informal para ganarse el sustento en la calle y en los mercados. Quienes salían de sus casas para trabajar o en busca de alimentos eran objeto de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, además de correr mayor riesgo de contraer la COVID-19. Las autoridades no introdujeron medidas adecuadas de seguridad social para proteger a estas personas del hambre y los problemas de salud.1

Violencia contra mujeres y niñas

La violencia de género aumentó drásticamente en el marco de las restricciones impuestas con motivo de la COVID-19, cuando las mujeres y niñas se vieron atrapadas en el hogar y expuestas aún más a sufrir violencia de género en el ámbito familiar. El predominio de las mujeres en la mano de obra de los servicios esenciales hacía que corrieran mayor riesgo de sufrir violencia fuera del hogar, especialmente como consecuencia de las restricciones en el transporte público, ya que tenían que viajar a altas horas de la noche o de madrugada. El cierre de centros escolares incrementó el número de niñas expuestas al matrimonio precoz.

Personas internamente desplazadas

El conflicto armado entre el grupo armado de oposición llamado Al Shabaab y las fuerzas gubernamentales generó una crisis humanitaria en Cabo Delgado. Al final del año había más de 500.000 personas internamente desplazadas, y más de 700.000 necesitaban asistencia humanitaria. El gobierno no proporcionó alojamiento, alimentos, agua, educación ni servicios de salud, y muchas personas dependían de la buena voluntad de familias locales para encontrar alojamiento en Cabo Delgado y las provincias limítrofes de Nampula y Niassa. Al terminar el año seguía sin saberse con certeza si el organismo público Agencia de Desarrollo Integrado del Norte había influido de algún modo en la crisis humanitaria.

Impunidad

La impunidad por los crímenes de derecho internacional y graves violaciones y abusos contra los derechos humanos cometidos en el conflicto armado de Cabo Delgado seguía estando muy extendida. En diciembre habían muerto más de 2.000 personas, entre ellas civiles atrapados en fuego cruzado o atacados deliberadamente por grupos armados de oposición y fuerzas gubernamentales. Durante todo el año, los grupos armados decapitaron a civiles, incendiaron casas, saquearon poblados y secuestraron a mujeres y niñas. Mientras tanto, civiles, presuntos miembros de grupos armados de oposición y periodistas que informaban sobre los ataques fueron objeto de detención, tortura y otros malos tratos, desaparición forzada y ejecución extrajudicial a manos de las fuerzas de seguridad.

En junio y julio trascendieron documentos fotográficos y videográficos que parecían mostrar a soldados y oficiales de la Unidad de Intervención Rápida de las Fuerzas Armadas de Defensa de Mozambique2 cometiendo delitos contra presuntos combatientes de grupos armados. Las víctimas eran torturadas, ejecutadas extrajudicialmente y mutiladas una vez muertas, y los cadáveres parecían ser arrojados a fosas comunes. Al terminar el año las autoridades no habían investigado los crímenes.

Desapariciones forzadas

El 7 de abril, Ibraimo Abú Mbaruco, periodista de una radio comunitaria de Cabo Delgado, desapareció tras ser abordado por militares cuando regresaba a su domicilio desde el trabajo alrededor de las seis de la tarde.3 Las autoridades no respondieron a la solicitud de información de su familia acerca de su paradero, que al terminar el año seguía sin conocerse.

Ejecuciones extrajudiciales

El 11 de marzo, las fuerzas de seguridad arrestaron a Roberto Mussa Ambasse y Muemede Suleimane Jumbe, líderes comunitarios y activistas locales, en sus domicilios situados en el distrito de Palma. Sus cuerpos sin vida se hallaron más tarde entre los de otros 12 civiles. A pesar de las numerosas peticiones de esclarecimiento de lo ocurrido, al terminar el año las autoridades no habían realizado investigaciones dignas de mención que dieran lugar a una detención.

Libertad de expresión

Se intensificó la represión del derecho a la libertad de expresión, en forma de intimidaciones, campañas difamatorias, hostigamiento, detenciones arbitrarias y enjuiciamiento de periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y detractores del gobierno.

En junio, la fiscalía formuló cargos contra Matias Guente y Fernando Veloso —directores ejecutivo y editorial, respectivamente, del periódico independiente Canal de Moçambique— por “violación de secreto de Estado” y “conspiración contra el Estado”; en marzo se había publicado en este medio un artículo sobre un contrato secreto e ilegal entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y empresas de gas natural de Cabo Delgado. El 23 de agosto, la policía detuvo al periodista de investigación Armando Nenane en la capital, Maputo, por incumplir la normativa de la COVID-19. El periodista había hecho un depósito de fondos en la cuenta bancaria del exministro de Defensa y publicado después los detalles a fin de corroborar la información publicada en Canal. Tras ello, los partidarios del gobierno lanzaron en las redes sociales una campaña exigiendo su enjuiciamiento por “violación de secreto de Estado”.

El mismo día de la detención de Armando Nenane, unos asaltantes no identificados atacaron con explosivos incendiarios las oficinas de Canal en Maputo.4 El ataque tuvo lugar sólo cuatro días después de publicarse en el periódico denuncias sobre un proceso de contratación no ética en el que estaban implicados altos funcionarios del Ministerio de Recursos Minerales y Energía y élites del partido gobernante. Los partidarios del gobierno respondieron con una campaña en las redes sociales en la que se pedía el cierre del periódico.

Luíz Fernando Lisboa, ciudadano brasileño y obispo de Pemba (capital de Cabo Delgado), planteó en reiteradas ocasiones su preocupación por la situación de los derechos humanos en la provincia. En agosto, el presidente lo denunció indirectamente al decir que “algunos extranjeros” no respetaban, “en nombre de los derechos humanos”, a quienes los protegían. Tras la declaración presidencial, partidarios del gobierno y al menos un periódico progubernamental tildaron al obispo de criminal, lo acusaron de apoyar la insurgencia y pidieron su expulsión de Mozambique.


  1. África Austral: Los gobiernos deben ir más allá de la política en la distribución de la ayuda alimentaria por la COVID-19 (noticia, 6 de mayo)
  2. Mozambique: Torture by security forces in gruesome videos must be investigated (noticia, 9 de septiembre)
  3. Mozambique: Desaparición forzada de un periodista: Imbraimo Abú Mbaruco (AFR 41/2138/2020)
  4. Mozambique: Media freedom in ashes (AFR 41/2947/2020)