La legislación de emergencia introducida para responder a la COVID-19 se prorrogó en dos ocasiones y restringía el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Las mujeres y las niñas padecían índices de violencia de género cada vez más elevados. Se restringió el derecho de asilo. Las licencias de prospección petrolífera amenazaban el medioambiente y los medios de vida de pueblos indígenas. La muerte por ahorcamiento se mantenía para delitos como el asesinato.
Leer másConserva la pena de muerte en la ley