El Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) debe adoptar medidas urgentes para abordar el agravamiento de la situación de los derechos humanos en Sri Lanka, ha afirmado Amnistía Internacional tras la publicación de un informe condenatorio de la ONU sobre los esfuerzos del país para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes cometidos durante el conflicto civil.
Casi 12 años después del fin de la guerra civil en Sri Lanka, el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) advierte de que la persistente inacción de las autoridades del país a la hora de abordar crímenes históricos está dando lugar a “claras señales de alerta temprana respecto del deterioro de la situación de los derechos humanos, y a un riesgo significativamente mayor de violaciones de derechos humanos”.
En febrero de 2020, el gobierno de Sri Lanka anunció que dejaría de cooperar con la histórica resolución 30/1 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU —que promueve la reconciliación, la rendición de cuentas y los derechos humanos en el país— para iniciar su propio proceso de reconciliación y rendición de cuentas.
Este informe deja al descubierto el deplorable historial de Sri Lanka en materia de administración de justicia y rendición cuentas, y la erosión que esto ha provocado en la situación de los derechos humanos en el país.
David Griffiths, director de la Oficina de la Secretaria General de Amnistía Internacional
“Este informe deja al descubierto el deplorable historial de Sri Lanka en materia de administración de justicia y rendición cuentas, y la erosión que esto ha provocado en la situación de los derechos humanos en el país. La gravedad de estas conclusiones pone de relieve la necesidad urgente de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU intensifique sus esfuerzos en Sri Lanka”, ha dicho David Griffiths, director de la Oficina de la Secretaria General de Amnistía Internacional.
“Durante más de un decenio, los procesos nacionales han fallado manifiestamente a miles de víctimas y sus familiares. En vista de la decisión del gobierno de desmarcarse de la resolución 30/1, y de la regresión respecto a los escasos avances que se habían logrado, el Consejo de Derechos Humanos debe transmitir el claro mensaje de que se procurará la rendición de cuentas, tanto con la cooperación del gobierno como sin ella.”
Amnistía Internacional pide al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que aplique las recomendaciones clave del informe en lo referente a establecer una vigilancia más rigurosa de Sri Lanka, que incluya un sistema más sólido de supervisión y presentación informes sobre la situación de los derechos humanos, y de recopilación y preservación de indicios para futuros procesos judiciales.
El informe, que acusa a Sri Lanka de “negar el pasado”, describe el modo en que el fracaso de los mecanismos nacionales ha consolidado aún más la impunidad, exacerbando la desconfianza de las víctimas en el sistema. El informe aborda, entre una larga lista de incumplimientos, el desmantelamiento de las reformas de 2015 que ofrecían más mecanismos de control sobre el poder ejecutivo; la erosión de la independencia institucional y judicial, y el hecho de que no se reformara el sector de la seguridad, ni se destituyera e hiciera rendir cuentas a los presuntos responsables de graves crímenes y violaciones de derechos humanos.
El informe ofrece además una devastadora valoración de la regresión en otras esferas de los derechos humanos, como la creciente marginación de las minorías tamil y musulmana, alimentada por el discurso discriminatorio y de la división por parte de autoridades del Estado, y la reducción del espacio para la sociedad civil, incluidos los medios de comunicación independientes.
En el periodo de sesiones de la ONU que comenzará el mes que viene, todas las miradas estarán puestas en Canadá, Alemania, Montenegro, Macedonia del Norte y Reino Unido, pues se espera que presenten una resolución sobre Sri Lanka.
Durante más de un decenio, los procesos nacionales han fallado manifiestamente a miles de víctimas y sus familiares.
David Griffiths, director de la Oficina de la Secretaria General de Amnistía Internacional
“Recae ahora sobre estos países, con el apoyo de otros Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la responsabilidad de presentar una propuesta significativa que responda de manera creíble a las conclusiones condenatorias y las recomendaciones concretas formuladas en este informe de la ONU, sometiendo al debido escrutinio al gobierno de Sri Lanka y, una vez más, trabajando en favor de un proceso de rendición de cuentas acordado a nivel internacional”, ha sostenido David Griffiths.
“Los Estados miembros de la ONU deberían aprender de anteriores experiencias y, esta vez, prestar atención a los indicadores de alerta temprana identificados por la mayor autoridad de derechos humanos de la ONU.”
Información complementaria
El informe de la OACNUDH, publicado el 27 de enero de 2021, puede descargarse aquí: El Consejo de Derechos Humanos de la ONU se reunirá con ocasión de su 46º periodo de sesiones del 22 de febrero al 23 de marzo, y se espera que Canadá, Alemania, Montenegro, Macedonia del Norte y Reino Unido (el grupo básico de Estados que ha llamado la atención sobre Sri Lanka) presenten una resolución que dé seguimiento al informe de la OACNUDH.
Este mismo mes, Amnistía Internacional ha publicado una evaluación de la situación en Sri Lanka en la que deja claras sus expectativas en lo referente a la acción del Consejo de Derechos Humanos. El informe de la OACNUDH respalda la petición de un sistema más sólido de supervisión y presentación de informes sobre la situación, así como la recopilación, análisis y preservación de indicios para futuros procesamientos.
Sri Lanka tiene un largo historial de comisiones de investigación nacionales que han fracasado repetidamente a la hora de brindar justicia y reconciliación a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Las conclusiones de anteriores comisiones no han dado lugar al enjuiciamiento de ninguna de las personas responsables de las atrocidades. Amnistía Internacional ha documentado estos procesos en el pasado.