La decisión de la Corte Penal Internacional de no autorizar una investigación sobre los crímenes de derecho internacional cometidos en Afganistán señala un vergonzoso abandono de las víctimas y debilitará más su credibilidad, ha dicho hoy Amnistía Internacional.
La decisión de la CPI se produce pocos días después de que Estados Unidos, que ya había amenazado a la Corte, revocara el visado a la fiscal jefe porque la investigación implicaba crímenes perpetrados por las fuerzas estadounidenses.
“En Afganistán se han perpetrado crímenes atroces con casi total impunidad en todo el país durante más de 15 años. La decisión tomada hoy por la CPI es un vergonzoso abandono de las víctimas que debilitará su ya cuestionable credibilidad”, ha dicho Biraj Patnaik, director regional para Asia Meridional de Amnistía Internacional.
Los jueces de la CPI afirman que en su decisión influyó la perspectiva de unas investigaciones complicadas, la falta de cooperación estatal plena y las limitaciones presupuestarias.
“Ninguna de las razones dadas por los jueces de la CPI justifica esta decisión. La investigación de los crímenes más graves siempre se ha llevado a cabo en circunstancias difíciles. En todo caso, la renuencia de la Corte a continuar con las investigaciones ante estas dificultades sólo revela que está sobrepasada, y señala su escasa determinación”, ha afirmado Biraj Patnaik.
La negativa de la Sala de Cuestiones Preliminares a autorizar la investigación no impide que la fiscal presente ulteriormente otra petición basada en nuevos hechos o pruebas relacionados con la misma situación. Sin embargo, el temor de que la CPI haya actuado basándose en consideraciones políticas, no jurídicas, ofrece pocas esperanzas.
“Esta decisión, tomada inmediatamente después de una serie de enloquecidos ataques por parte de altas autoridades estadounidenses, y tras largos e inexplicables retrasos hasta el momento, se considerará en última instancia una cobarde capitulación ante el hostigamiento y las amenazas de Washington”, ha dicho Biraj Patnaik.
“La Corte tiene la obligación moral y jurídica de dirigirse a las víctimas de crímenes en Afganistán para explicarles esta decisión.”