Grupos locales e internacionales condenan el aumento de las intimidaciones a defensores de los derechos humanos En una conferencia de prensa celebrada hoy, un grupo de ocho organizaciones locales e internacionales ha pedido a las autoridades libanesas que pongan fin inmediato al hostigamiento que sufre Saadeddine Shatila, del grupo internacional de derechos humanos Alkarama, por su trabajo de documentación de torturas a manos de las fuerzas de seguridad. Los grupos han criticado también una incipiente constante de intimidaciones contra defensores de los derechos humanos que exponen motivos de preocupación acerca de las fuerzas de seguridad. Han pedido además a las autoridades judiciales libanesas que investiguen las denuncias de tortura documentadas por Alkarama. Los servicios de inteligencia militar libaneses citaron a Shatila en su sede de Beirut el 25 de julio de 2011 a las ocho de la mañana. Lo dejaron marchar a las ocho de la tarde, tras más de siete horas de interrogatorio continuo, en el que le preguntaron sobre todo por su trabajo de documentación de violaciones de derechos humanos cometidas en Líbano, particularmente de casos de tortura. Alkarama ha llevado estos casos ante los procedimientos especiales de derechos humanos de la ONU, en particular ante el relator especial sobre la tortura. El 26 de julio, el fiscal militar, Saqr Saqr, interrogó de nuevo a Shatila y lo remitió al juez militar de instrucción Riad Abu Ghida. Shatila está acusado de haber «publicado información prejudicial para la reputación del ejército libanés». “En vez de investigar a un activista de los derechos humanos, el poder judicial libanés debería examinar las denuncias de tortura documentadas continuamente por los grupos de derechos humanos”, ha manifestado Michael Romig, responsable de derechos humanos de Alkarama. “Esta medida es una forma flagrante de intimidación contra quienes se esfuerzan por poner de relieve los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad libanesas.” La intimidación a Shatila se produce tras otros casos recientes de hostigamiento y procesamiento de activistas en Líbano por su trabajo de derechos humanos. El 22 de marzo, el fiscal general, Sa`id Mirza, abrió una investigación criminal contra el Centro Libanés de Derechos Humanos (conocido por sus iniciales en francés, CLDH). Lo hizo a raíz de que AMAL, destacado partido político encabezado por el presidente del Parlamento, Nabih Berri, presentara una querella contra el CLDH por haber dicho en un informe del 10 de febrero que algunos detenidos habían denunciado torturas a manos de afiliados suyos. Durante el interrogatorio, los representantes del CLDH pidieron una copia de la querella, pero no se la dieron. El CLDH ha afirmado que fuentes judiciales le dijeron posteriormente que la querella de AMAL era por “provocar conflictos sectarios entre varias comunidades libanesas” (artículo 317 del Código Penal libanés). El juez de instrucción Jean Fernaini, del distrito de Baabda, está investigando el asunto, y la próxima vista está prevista para el 11 de octubre. El 9 de octubre de 2010, un agente de los servicios de inteligencia militar de Líbano interrogó a Ghassan Abdallah, director general de la Organización Palestina de Derechos Humanos. Le preguntó por la pertenencia del grupo a la Red Euromediterránea de Derechos Humanos y por un seminario que habían organizado en asociación con el organismo oficial Comité de Diálogo Palestino sobre el sistema de permisos impuesto por el ejército para acceder al campo de refugiados de Nahr al Bared. El interrogatorio duró tres horas, y Abdallah fue informado de que cada vez que intentara renovar su permiso de acceso al campo tenía que acudir a los servicios de inteligencia militar. El 27 de noviembre, los servicios de inteligencia militar interrogaron a Hatem Meqdadi, coordinador de las actividades de la Organización Palestina de Derechos Humanos en Nahr al Bared, y lo tuvieron detenido hasta el 1 de diciembre sin presentar ningún cargo contra él. Meqdadi dijo que en el interrogatorio le habían preguntado principalmente por documentación de la Organización sobre violaciones de derechos humanos, las reuniones de su secretario general y sus relaciones con embajadas extranjeras. Durante su detención en la base militar de Qubbeh, los servicios de inteligencia militar maltrataron a Meqdadi, obligándolo a quedarse totalmente desnudo, impidiéndole dormir y dándole comida sólo una vez. Durante una visita realizada al campo de Nahr al Bared el 11 de mayo, un militar dijo a Abdallah que acudiera a una oficina local de los servicios de inteligencia militar, donde otro militar le ordenó abandonar el campo. La Organización Palestina de Derechos Humanos escribió varias veces a las autoridades libanesas para preguntar por la justificación legal de tal trato, pero no recibió respuesta. Debido al hostigamiento del ejército, la Organización Palestina de Derechos Humanos cerró su oficina en Nahr al Bared. “Líbano se enorgullece con frecuencia de su vibrante sociedad civil, pero sus servicios de seguridad parecen estar intentando silenciar muchas de las voces de esta sociedad”, ha señalado Nadim Houry, director de la oficina de Beirut de Human Rights Watch. “El gobierno libanés deben hacer una señal clara a sus servicios de seguridad para que dejen de intimidar a defensores de los derechos humanos.” La tortura y los malos tratos siguen siendo un problema grave en las prisiones y otros centros de detención libaneses. Grupos locales e internacionales de derechos humanos han recogido testimonios de numerosos detenidos que afirman haber sido golpeados y torturados durante su interrogatorio en diversos centros de detención en los últimos cinco años, incluidos los dependientes del Ministerio de Defensa y de la Sección de Información de las Fuerzas de Seguridad Interna. El artículo 401 del Código Penal libanés pena el uso de violencia para obtener confesiones, pero los jueces libaneses raras veces, por no decir nunca, procesan a agentes del Estado por presunta tortura u otro malos tratos. Los grupos de derechos humanos solo han tenido noticia de una sentencia condenatoria desde 2004, la de un agente de policía acusado de golpear a un detenido durante su interrogatorio. El Ministerio del Interior no ha hecho públicos los resultados de una investigación encargada en agosto de 2008 para examinar presuntos abusos cometidos dentro de prisiones libanesas. Los Estados tienen la obligación especial de proteger a los defensores de los derechos humanos de los riesgos que puedan correr debido directamente a su trabajo. En 1998, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, que garantiza el derecho de los individuos y las asociaciones a “promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales.” La Declaración dispone también que los Estados tienen el deber de garantizar “la protección por las autoridades competentes de [los defensores de los derechos humanos] frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria” resultante de su trabajo legítimo de promoción de los derechos humanos. Notas para periodistas Los grupos que han emitido el comunicado de prensa son: Alkarama, Association Libanaise pour l’Education et la Formation (ALEF), CLDH, Organización Palestina de Derechos Humanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Red de ONG Árabes para el Desarrollo y Frontiers Ruwad.
