El gobierno colombiano no debe proteger a los mandos militares de ser procesados por violaciones de derechos humanos, ha dicho hoy Amnistía Internacional.
El presidente Álvaro Uribe y el alto mando militar pidieron ayer que las fuerzas armadas fueran protegidas frente a su procesamiento en tribunales civiles, tras conocerse la condena impuesta el miércoles por una jueza de un tribunal civil al coronel retirado Alfonso Plazas Vega por la desaparición de 11 personas durante la retoma del Palacio de Justicia de Bogotá, en 1985, en la que murieron más de 100 personas.
“Si se protegiera a los integrantes de las fuerzas armadas para impedir su procesamiento quedarían en entredicho las afirmaciones del gobierno sobre su compromiso con la lucha contra la impunidad y su respeto de su obligación internacional de poner a disposición judicial a todos los perpetradores de abusos contra los derechos humanos”, ha dicho Marcelo Pollack, investigador sobre Colombia de Amnistía Internacional.
El coronel retirado ha sido condenado a 30 años de cárcel por su papel en las desapariciones que se produjeron en noviembre de 1985 tras irrumpir las fuerzas armadas en el Palacio de Justicia de Bogotá, sede del poder judicial, a cuyos ocupantes tenían como rehenes miembros del grupo guerrillero M-19.
Según informes, el presidente Álvaro Uribe salió ayer en defensa del oficial del ejército afirmando que el coronel “simplemente buscó cumplir con su deber” y sugiriendo que el sistema de justicia militar debía ser reforzado para evitar condenas similares en el futuro.
A pesar de las reiteradas recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos y del fallo de 1997 de la Corte Constitucional colombiana según el cual estos casos debían ser instruídos por el sistema de justicia civil, los tribunales militares han seguido reclamando su jurisdicción en algunos casos de derechos humanos, protegiendo así a los miembros de las fuerzas de seguridad de ser procesados..
“Durante los últimos años, varios oficiales de alta graduación han sido investigados por los tribunales civiles, a pesar de la resistencia de las fuerzas militares a la jurisdicción civil”, ha dicho Marcelo Pollack.
“Pero ahora el gobierno pone en grave peligro los pocos avances conseguidos hasta la fecha.”
“Las desaforadas críticas del gobierno y el alto mando del ejército, expresadas públicamente, contra la decisión de condenar al coronel retirado Plazas Vega, son sólo el último de los muchos intentos hechos hasta ahora por las autoridades para desacreditar al poder judicial y hacer fracasar una investigación penal fundamental en el ámbito de los derechos humanos.”
“En concreto, los reiterados ataques contra la integridad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han amenazado la independencia del poder judicial y el Estado de derecho.”
“Jueces como María Stella Jara Gutiérrez, que ha dictado la condena contra Plazas Vega, y los magistrados de la Corte Suprema, quienes han dirigido la investigación sobre los vínculos entre el Congreso y los grupos paramilitares, han trabajado infatigablemente para derribar los muros de la impunidad”, ha dicho Marcelo Pollack.
Algunos de los implicados en investigaciones penales emblemáticas sobre violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad –testigos, víctimas y sus familiares, abogados, defensores de los derechos humanos, jueces y fiscales– han sufrido reiterados hostigamientos y amenazas, y en algunos casos han sido víctimas de homicidio.
“La lucha contra la impunidad en Colombia es un trabajo peligroso. Las reiteradas amenazas de muerte contra María Stella Jara Gutiérrez, y las amenazas recibidas por varios magistrados de la Corte Suprema, así como los informes según los cuales dichos magistrados fueron sometidos a vigilancia ilegal y a escuchas, son motivo de grave preocupación y deben ser inequívocamente condenados”, ha dicho Marcelo Pollack.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido al gobierno que adopte las medidas necesarias para proteger la vida de María Stella Jara Gutiérrez y de su hijo. Con anterioridad, la Comisión ha hecho solicitudes similares en referencia a varios magistrados de la Corte Suprema.