El Tribunal Supremo de China debe revisar con atención las condenas de muerte que, según informes, un tribunal de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, en el noroeste del país, ha impuesto hoy, 3 de diciembre de 2009, a cinco personas.
Un tribunal de la ciudad de Urumqui ha condenado a 13 personas en relación con una situación de violencia mortal que estalló a raíz de una represiva operación emprendida por la policía contra manifestantes uigures el 5 de julio.
Cinco de estas personas han sido condenadas a muerte, y otras dos, a cadena perpetua.
Mañana se verán otras cinco causas relacionadas con los disturbios.
“Instamos al tribunal a que garantice que las personas que van a ser juzgadas mañana reciben un juicio justo, cuentan con asistencia letrada de su elección y no son condenadas a muerte”, ha manifestado Roseann Rife, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.
Según información oficial china, en los disturbios de julio resultaron muertas casi 200 personas.
Los manifestantes protestaban por la falta de medidas de las autoridades tras la muerte de al menos dos trabajadores migrantes uigures (aunque posiblemente fueran decenas) en el curso de un conflicto ocurrido en una fábrica de juguetes de Shaoguan, ciudad de la provincia meridional de Guangdong.
El mes pasado fueron ejecutas en relación con los disturbios nueve personas.
Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por la falta de transparencia y claridad en los juicios y cree que se ha negado a los acusados su derecho a contar con asistencia letrada de su elección.
Las autoridades judiciales de Pekín ejercen presión sobre los abogados de derechos humanos para que no se ocupen de los casos de los acusados.
Desde los disturbios ocurridos en julio en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, las autoridades han detenido a millares de personas, han sometido a juicio a decenas y han amenazado con imponer severas penas a las implicadas en los disturbios.
“Las ejecuciones del mes pasado se llevaron a cabo inmediatamente después de que el Tribunal Intermedio hubiera impuesto las condenas, lo que hace dudar de la atención con que el Tribunal Supremo revisó estos casos –ha explicado Rife–. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, pero la falta de transparencia y de las debidas garantías procesales en estos juicios es escandalosa.”
Las autoridades chinas se han negado a permitir una investigación independiente sobre la violencia de julio.
En la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang las conexiones a Internet, las líneas telefónicas y otras comunicaciones, que se cortaron el 5 de julio por la noche, continúan bloqueadas, por lo que resulta sumamente difícil obtener información sobre los sucesos ocurridos ese día y posteriormente.
De acuerdo con la legislación china, todas las condenas de muerte deben ser revisadas por el Tribunal Supremo Popular.