(Abuja). Amnistía Internacional ha señalado hoy, 21 de octubre de 2008, que centenares de personas que están en espera de ejecución en Nigeria no han tenido un juicio justo y que por tanto pueden ser inocentes. La organización expuso una serie de deficiencias del sistema de justicia penal nigeriano e indicó que “esta corroído por la corrupción, la negligencia y una carencia de recursos que roza lo delictivo”.
En una conferencia de prensa celebrada en Abuja con motivo de la presentación de un informe exhaustivo sobre la pena de muerte en Nigeria, la organización pidió al gobierno que –habida cuenta de las conclusiones del informe– declarara de inmediato una suspensión de las ejecuciones.
El Proyecto de Asistencia y Defensa Jurídica (Legal Defence and Assistance Project, LEDAP), organización jurídica nigeriana que trabaja en la promoción del buen gobierno y el Estado de derecho en Nigeria, se unió al llamamiento. El LEDAP colaboró en la elaboración del informe que se ha presentado hoy.
“La verdad es que resulta terrible pensar en la cantidad de personas que pueden haber sido ejecutadas y que pueden serlo todavía –indicó Aster van Kregten, investigadora sobre Nigeria de Amnistía Internacional, desde Abuja–. El sistema judicial está lleno de deficiencias que pueden tener consecuencias desastrosas. Es evidente que para las personas acusadas de delitos castigados con la pena capital los efectos son mortíferos e irreversibles.”
Entre las conclusiones más preocupantes del informe elaborado por Amnistía Internacional y LEDAP, titulado Nigeria: Waiting for the Hangman, figuran:
Las confesiones: la mayoría de las penas de muerte se basan exclusivamente en confesiones obtenidas a menudo bajo tortura. La tortura: La tortura está prohibida en Nigeria legalmente, pero en la practica la policía recurre a ella a diario. Casi el 80 por ciento de las personas recluidas en prisiones nigerianas afirman que han sido objeto de tortura, golpes o amenazas con armas en calabozos de la policía. Las demoras: Los juicios por delitos castigados con la pena capital pueden durar más de 10 años, y algunos recursos de apelación han estado pendientes de resolución 14, 17 e incluso 24 años. Las negligencias: Muchas personas condenadas a muerte ni siquiera tienen la posibilidad de que se vean sus recursos de apelación porque el sumario de la causa se ha extraviado. Las condiciones de reclusión: La vida de los condenados a muerte es extremadamente dura.Aquéllos cuyos recursos de apelación se han resuelto ya permanecen recluidos en celdas desde las que pueden ver las ejecuciones. Cuando se ahorca a alguien, se obliga a otros condenados a muerte a limpiar el lugar en el que ha tenido lugar la ejecución.
Las personas menores de 18 años: Aunque el derecho internacional prohíbe la aplicación de la pena de muerte a personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad, al menos 40 condenados a muerte tenían entre 13 y 17 años cuando perpetraron el presunto delito por el que se les impuso la pena capital.Según las investigaciones de Amnistía Internacional y el LEDAP, a la mayoría de las personas condenadas a muerte se les ha impuesto la pena capital en función de confesiones obtenidas en muchos casos bajo tortura.
“La policía tiene demasiado trabajo y no dispone de los recursos suficientes –señaló Aster van Kregten–. Por esta razón, con el fin de ‘resolver’ los casos, en lugar de llevar a cabo investigaciones que resultan caras, se preocupa sobre todo de obtener confesiones. Es evidente que sobre las condenas basadas exclusivamente en confesiones pesa una gran incertidumbre.”
“Según la legislación nigeriana, si un presunto delincuente confiesa bajo presión, amenaza o tortura, la confesión no se puede utilizar como prueba ante un tribunal –indicó Chino Obiagwu, coordinador nacional del LEDAP–. A pesar de que saben que la policía practica la tortura de manera generalizada, los jueces siguen condenando a muerte a presuntos delincuentes en función de confesiones obtenidas por la fuerza, lo que comporta la posibilidad de que se imponga la pena capital a muchas personas que pueden ser inocentes.”
Debido al alto índice de delincuencia, la policía sufre presiones para que practique sin demora alguna detención cuando se ha perpetrado un delito. Cuando no encuentra al presunto delincuente, detiene en ocasiones a la esposa, la madre, un hermano o incluso a un testigo, vulnerando así el Código de Procedimiento Penal nigeriano.
Jafar, que tiene 57 años y se encuentra condenado a muerte desde 1984, señaló a Amnistía Internacional:
No soy un ladrón. Soy zapatero. Compré [una motocicleta] a alguien que la había robado. La policía me pidió que testificara. Atraparon al que me la había vendido, pero lo mataron a tiros. Inmediatamente después me convertí en el presunto ladrón.”
Jafar presentó un recurso de apelación hace 24 años, pero no se ha visto todavía, pues el sumario ha desaparecido. “En Nigeria, los centenares de personas ejecutadas o en espera de ejecución tienen todas ellas una cosa en común: la pobreza –señaló Chino Obiagwu–. Cuando se habla con personas que languidecen en prisión condenadas a muerte, una cosa está clara: la culpabilidad o la inocencia es una cuestión casi baladí en el sistema de justicia penal nigeriano. Lo importante es que puedas pagar para mantenerte al margen del sistema, ya sea a la policía para que investigue el caso de manera adecuada, a un abogado para que te defienda o a alguien para que ponga tu nombre en la lista de posibles indultados.”
“Los que tienen menos recursos son los que corren mayor peligro en el sistema de justicia penal nigeriano”, agregó.
Muchos presos que estaban en espera de juicio o que habían sido condenados ya a muerte indicaron a Amnistía Internacional y al LEDAP que la policía, tras detenerlos, les había pedido dinero para ponerlos en libertad. A los que no pudieron pagar los trataron como presuntos atracadores.
Otros condenados a muerte señalaron a Amnistía Internacional que los habían detenido cuando se dirigían a una comisaría para denunciar un delito que habían presenciado. La policía les pidió dinero para ponerlos en libertad. En ocasiones les pidió dinero para gasolina, pues sin ella no podía visitar a los testigos ni comprobar las coartadas.
Para ver el informe completo ( sólo en inglés ) Nigeria: “Waiting for the Hangman”, por favor, pinche aquí.
Para más información sobre la presentación del informe o para solicitar una entrevista personal, pónganse en contacto con Eliane Drakopoulos, encargada de prensa de Amnistía Internacional (tel. móvil: +44 7778 472 109), o llamen al teléfono de Nigeria +234 803 497 7240 (en ambos casos, a partir del 19 de octubre exclusivamente).