Cuando la Unión Europea se dispone a tomar una decisión respecto a sus responsabilidades en relación con Kosovo, Amnistía Internacional advierte de que los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en el conflicto de finales de la década de 1990 no deben quedar impunes.
La organización pide a las autoridades kosovares e internacionales que concluyan y den a conocer los resultados de una revisión del trabajo del poder judicial local e internacional para llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes entre grupos étnicos, y que den a conocer públicamente todas las sentencias y documentos judiciales relativos a esos crímenes.
“Han transcurrido siete años desde que la ONU iniciara acciones dirigidas a reconstruir del sistema judicial de Kosovo y aún quedan por resolver centenares de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad (entre ellos las violaciones y desapariciones forzadas), así como otros crímenes interétnicos. Se han archivado cientos de casos ante la falta de pruebas recabadas con prontitud y efectividad. Familiares de personas desaparecidas denuncian que han sido entrevistadas en demasiadas ocasiones por policías y fiscales internacionales recién llegados a su caso y que sin embargo no se han hecho progresos”, ha manifestado Sian Jones, investigadora de Amnistía Internacional sobre Kosovo.
Una delegación de Amnistía Internacional visitó Kosovo en noviembre y diciembre de 2007 y se entrevistó con miembros del Equipo de Planificación de la UE, con representantes de la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo -incluidos los responsables de la policía y la judicatura- y con organizaciones no gubernamentales locales e internacionales que vigilan la actuación de fiscales y jueces internacionales. La delegación pudo comprobar que se siguen aplazando los juicios debido a la falta de jueces y fiscales internacionales, la cantidad de procesamientos atrasados, la ausencia de medidas eficaces de protección de testigos y la falta de apoyo necesario a las víctimas de violación y de otros delitos de violencia sexual, todo lo cual impide que los casos lleguen ante un tribunal.
Tras el conflicto de 1999 en Kosovo, que entonces era una provincia de la República Federativa de Yugoslavia, el sistema de justicia civil y penal se desplomó. Aunque el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia tenía jurisdicción sobre Kosovo, era evidente que sólo podría ocuparse de un número de casos muy limitado, por lo que la ONU estableció el programa de jueces y fiscales internacionales para incorporar un número reducido de jueces y fiscales extranjeros al sistema local de justicia penal.
El informe de Amnistía Internacional Kosovo (Serbia): The challenge to fix a failed UN justice mission examina y compara el funcionamiento del citado programa con las leyes y normas internacionales relativas a juicios justos y al derecho de las víctimas a obtener justicia y reparaciones completas. Extrae las lecciones que se deben aprender para elaborar e implementar iniciativas en el futuro, incluida la recomendación de incorporar un elemento internacional a los sistemas judiciales nacionales en quiebra.
“Por desgracia, el funcionamiento del programa de jueces y fiscales internacionales durante más de siete años no ha cumplido las expectativas. Los fiscales y jueces locales siguen sin estar preparados para enjuiciar casos relacionados con delitos de derecho internacional; todavía no se han promulgado las reformas jurídicas fundamentales para abordar tales casos, y no se ha fijado la fecha para completar la reconstrucción del sistema de justicia a fin de que pueda funcionar sin la asistencia continuada de un componente internacional”, ha explicado Sian Jones.
Amnistía Internacional afirma que el modelo de internacionalización de tribunales nacionales importando expertos internacionales con carácter provisional para trabajar junto al personal nacional en todas las partes del sistema de justicia nacional colapsado o mermado sigue siendo aquel que sea capaz de demostrar su eficacia a largo plazo para investigar y enjuiciar un gran número de delitos de derechos humanos, proporcionar reparaciones a las víctimas y restablecer el Estado de derecho a través de un sistema judicial reconstituido.
Pero, tristemente, la estructura y el funcionamiento del programa de jueces y fiscales internacionales han sido tan defectuosos desde sus inicios, que el ejemplo de Kosovo no puede servir de modelo para internacionalizar sistemas nacionales de justicia sin introducir importantes cambios.
En el informe de Amnistía Internacional se ofrece un conjunto de recomendaciones para impulsar de forma inmediata reformas esenciales destinadas a ayudar tanto a la Unión Europea, en su planificación para garantizar que jueces y fiscales internacionales hacen efectivos los beneficios que prometieron llevar al sistema de justicia de Kosovo, como a la ONU, a la hora de planificar cualquier ayuda en la esfera de la justicia transicional en el futuro. A menos que esas recomendaciones se lleven a la práctica lo más rápidamente posible, la perspectiva de que se instale una paz duradera en Kosovo en un clima de respeto de los derechos humanos de todas las personas se verá seriamente amenazada.
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