A un año de la sentencia condenatoria de la exfiscal Virginia Laparra, Amnistía Internacional exhorta a las autoridades agilizar su liberación, tal y como lo ordenó un grupo de expertos independientes de las Naciones Unidas que declaró su detención arbitraria.
El 16 de diciembre de 2022, Virginia Laparra fue condenada a cuatro años de cárcel por el delito de abuso de autoridad, al cabo de un proceso plegado de irregularidades y violaciones de sus derechos humanos, que llevó Amnistía Internacional a declararla presa de conciencia.
En mayo de 2023 el Grupo de Trabajo sobre la detención Arbitraria de las Naciones Unidas declaró que la detención de la exfiscal anticorrupción era arbitraria y solicitó su liberación inmediata. Sin embargo, en unos días Virginia Laparra cumplirá 22 meses privada de la libertad, lejos de sus dos hijas y de su familia. Recientemente, La Corte Suprema de Justicia que tiene en sus manos un recurso que podría permitir su liberación condicional, ha suspendido en dos ocasiones la audiencia para conocer de este recurso.
“Virginia Laparra es una víctima más de la persecución penal injusta de quienes han defendido la justicia y los derechos humanos. No debe pasar ni un día más en la cárcel. Urge que las autoridades guatemaltecas atiendan el llamado del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas y de toda la comunidad internacional para liberarla inmediatamente”, dijo Ana Piquer, directora regional de Amnistía Internacional para las Américas.
Virginia Laparra es una víctima más de la persecución penal injusta de quienes han defendido la justicia y los derechos humanos. No debe pasar ni un día más en la cárcel. Urge que las autoridades guatemaltecas atiendan el llamado del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas y de toda la comunidad internacional para liberarla inmediatamente.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional
La criminalización generalizada impulsada por el sistema de justicia de Guatemala contra operadores de justicia, periodistas y personas defensoras de derechos humanos que ha contribuido a la lucha contra la corrupción y la impunidad, ha obligado a decenas de personas a exiliarse en los últimos años. Se estima que al menos 45 fiscales y jueces se vieron forzados a huir de Guatemala desde 2018 para evitar procesos injustos e infundados que, al igual que Virginia Laparra, les llevarían a la cárcel.
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