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Egipto: La excarcelación de personas críticas con las autoridades no debe estar en manos de las agencias de seguridad

“La suerte de miles de hombres y mujeres detenidos arbitrariamente no debe estar en manos de las agencias de seguridad de Egipto, a saber, la Agencia de Seguridad Nacional y el Departamento General de Inteligencia”, ha declarado hoy Amnistía Internacional tras la excarcelación de cuatro personas recluidas por motivos políticos basada en la recomendaciones del recientemente reactivado Comité de Indultos Presidenciales.

En los últimos tres días, la fiscalía egipcia ha ordenado la excarcelación de Abdelrahman Tarek (conocido como Moka), Kholoud Saeed y otras nueve personas, algunas de las cuales llevaban detenidas arbitrariamente desde 2018, después de que el Comité de Indultos Presidenciales declarase este mismo mes que había sometido a revisión de las agencias de seguridad una lista de más de “mil presos políticos”.

“Acogemos con satisfacción la excarcelación, que debía haberse producido hace tiempo, de personas detenidas exclusivamente por ejercer sus derechos humanos y la promesa de liberar a más. No obstante, en las cárceles egipcias siguen encerradas miles de personas detractoras del gobierno y críticas con éste, mientras continúan practicándose nuevas detenciones y enjuiciamientos”, dijo Amna Guellali, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Las promesas anteriores de excarcelar a personas recluidas por motivos políticos fueron poco más que intentos engañosos de desviar las críticas internacionales al terrible historial de Egipto en materia de derechos humanos. Para demostrar su compromiso ahora, las autoridades egipcias deben poner en libertad inmediata e incondicional a todas las personas detenidas exclusivamente por ejercer sus derechos humanos, lo que incluye figuras políticas, periodistas, abogados y abogadas, y personas que defienden los derechos humanos”.

Amnistía Internacional pide a las autoridades que adopten un planteamiento basado en derechos y pongan fin a las detenciones arbitrarias masivas, todo ello en consonancia con sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y las peticiones de grupos egipcios independientes de derechos humanos.

Exclusiones de los indultos

El 5 de mayo, tras la reactivación del Comité de Indultos Presidenciales por el presidente Abdel Fattah al Sisi, ocho ONG egipcias de derechos humanos pidieron a las autoridades que aclarasen públicamente los criterios y el calendario utilizado para revisar los expedientes de las personas encarceladas.

Los grupos expresaron preocupación por la posibilidad de que presos y presas de conciencia y otras personas recluidas por motivos políticos fueran excluidos por razones discriminatorias debido a que el proceso de toma de decisiones para las excarcelaciones está bajo el control de las agencias de seguridad.

De hecho, varios miembros del Comité dijeron que no considerarían la excarcelación de miembros de la Hermandad Musulmana. Varias familias que solicitaron al Comité que revisara la detención de sus seres queridos dijeron a Amnistía Internacional que dos miembros del Comité exigieron ver pruebas de que éstos no pertenecían a la Hermandad Musulmana.

Las promesas anteriores de excarcelar a personas recluidas por motivos políticos fueron poco más que intentos engañosos de desviar las críticas internacionales al terrible historial de Egipto en materia de derechos humanos.

Amna Guellali, Amnistía Internacional

En una declaración hecha pública el 9 de mayo, Tarek al Kholi, miembro del Comité de Indultos Presidenciales y del Parlamento, dijo que se excluiría de los indultos a “los miembros de grupos terroristas” y a las personas implicadas en actos de violencia. Este reconocimiento es muy alarmante si se tiene en cuenta que en Egipto hay miles de personas en situación de detención preventiva prolongada tras ser acusadas sin fundamento de “pertenencia a un grupo terrorista”. Una de ellas es Youssef Mansour, abogado de derechos humanos detenido arbitrariamente desde el 24 de marzo de 2022, pendiente de investigaciones sobre “pertenencia a un grupo terrorista”, exclusivamente debido a sus publicaciones críticas en redes sociales.

Miles de personas más están encarceladas por actos de violencia tras juicios masivos y manifiestamente injustos ante tribunales de excepción o militares. El 29 de mayo, un tribunal de excepción condenó a 25 miembros de la oposición política. Entre ellos figuraban el político Mohamed al Kassas y el excandidato a la presidencia Abdel Moneim Aboul Fotouh, a quienes condenó a 10 y 15 años de prisión, respectivamente, por cargos falsos de terrorismo y difusión de noticias falsas.

Las fuerzas de seguridad no deberían intervenir en las revisiones

El 6 de mayo, Tarek al Kholi confirmó que las solicitudes de excarcelación recibidas por el Comité de Indultos Presidenciales se enviarían a las fuerzas de seguridad para que las revisaran. No obstante, no se debería conceder a las fuerzas de seguridad, incluida la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), autoridad alguna sobre excarcelaciones, ya que han impedido reiteradamente la puesta en libertad de personas recluidas por motivos políticos y han sometido a personas afiliadas a la Hermandad Musulmana y a otros activistas conocidos que desempeñaron un papel destacado en la Revolución del 25 de enero a un trato especialmente punitivo y discriminatorio en prisión. Anas al Beltagy, hijo del miembro destacado de la Hermandad Musulmana en prisión Mohamed al Beltag, está encarcelado desde diciembre de 2014 a pesar de que los tribunales lo han absuelto en cuatro procedimientos diferentes. Cada vez que un juez ordenaba su excarcelación, la NSA la impedía.

Según un artículo del sitio de noticias independiente Mada Masr, bloqueado en Egipto, una fuente próxima al Comité que pidió permanecer en el anonimato dijo que las agencias de seguridad no permitirán la excarcelación del destacado activista Alaa Abdel Fattah, que tiene la doble nacionalidad egipcia y británica, en huelga de hambre desde hace 60 días y que está encarcelado injustamente desde septiembre de 2019, ni la del activista Ahmed Douma, condenado a 15 años de cárcel en un juicio manifiestamente injusto por su participación en protestas antigubernamentales.

La excarcelación de personas recluidas únicamente por ejercer sus derechos humanos debe ser también incondicional. Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de que la NSA advirtió a varias de las personas excarceladas en abril de que no se implicaran en ningún tipo de activismo si no querían ser detenidas de nuevo. Al menos dos de ellas recibieron la orden de presentarse cada semana ante la NSA para “vigilancia”.

Las autoridades egipcias deben asimismo ordenar inmediatamente a las fuerzas de seguridad y a la fiscalía que dejen de detener y recluir arbitrariamente a quienes las critican. Desde abril de 2022, las autoridades han detenido a tres periodistas: Mohamed Fawzi, Hala Fahmy y Safaa al Korbagi, a quienes ha encarcelado por compartir publicaciones en redes sociales que las autoridades consideraban críticas, acusados de “pertenencia a un grupo terrorista” y/o “difusión de noticias falsas”.

“Para garantizar un avance significativo en lo que se refiere a la lacra de la detención arbitraria masiva en Egipto, hace falta una acción conjunta sostenida de la comunidad internacional para presionar, tanto en privado como en público, a las autoridades egipcias a fin de que excarcelen a todas las personas detenidas arbitrariamente en el país con independencia de su filiación política y pongan fin a la represión de la disidencia pacífica”, concluyó Amna Guellali.

Información complementaria

El 26 de abril de 2022, durante un iftar al que asistieron algunas figuras de la oposición, el presidente Abdel Fattah al Sisi pidió la reactivación del Comité de Indultos Presidenciales para volver a examinar los expedientes de las personas detenidas por motivos políticos o por impago de deudas. Esta medida fue precedida de la excarcelación con motivo del Eid al Fitr de alrededor de 30 hombres y mujeres recluidos por motivos políticos. El Comité está integrado por dos parlamentarios, un exministro y dos personas independientes.

Desde que las fuerzas armadas derrocaron al expresidente Mohamed Morsi en julio de 2013, las autoridades egipcias han detenido a decenas de miles de hombres y mujeres, muchos de los cuales siguen encarcelados injustamente en condiciones que violan la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos.