Ante la noticia de que la condena injusta de seis meses impuesta al defensor de las derechos humanos y abogado ambientalista Steven Donziger se ha cumplido el 25 de abril de 2022, Daniel Joloy, asesor general de política de Amnistía Internacional, ha afirmado:
“Es un alivio que Steven Donziger recupere por fin su libertad después de casi 1.000 días de detención arbitraria, 45 de ellos en prisión y más de 900 bajo arresto domiciliario. No debería haber estado detenido ni un solo día, pues ha quedado claro que todo el proceso en su contra ha sido en represalia por su trabajo de derechos humanos que puso al descubierto actuaciones indebidas de empresas.
Lamentablemente, el final de esta condena no significa el final de las injusticias que Steven ha sufrido. El gobierno de Estados Unidos debe aplicar plenamente el dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de la ONU, incluida la apertura de una investigación imparcial e independiente sobre las circunstancias de la detención arbitraria de Steven, para impedir que algo así vuelva a ocurrir, y promulgar sin dilación leyes contra las demandas estratégicas contra la participación pública para proteger a quienes tienen la valentía suficiente para denunciar los delitos que cometen las empresas. No se debe permitir que las empresas sigan abusando del sistema de justicia estadounidense para silenciar e intimidar a quienes defienden los derechos humanos o a cualquier otra persona que denuncie sus actuaciones indebidas.”
Información complementaria
Las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) son acciones judiciales iniciadas, o con cuyo inicio se amenaza, con la intención de inhibir o silenciar la participación ciudadana. Este tipo de demandas suelen entablarse contra periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, activistas o intelectuales con el objetivo de acallarlos y disuadir a otros actores críticos. Además, no pretenden necesariamente defender el honor o la reputación de una persona o empresa, sino más bien intimidar, cansar y agotar los recursos psicológicos y económicos de la parte acusada. El costo de enfrentarse a estas acciones jurídicas puede someter a una extrema presión económica y de otra índole a los y las activistas de derechos humanos y obligarlos a cambiar la finalidad de los ya escasos fondos y recursos destinados a su trabajo para utilizarlos en la defensa de la demanda. El litigio también suele lograr desviar la atención de la cuestión ambiental o de derechos humanos hacia el propio proceso judicial por el cargo de difamación.