Ataques mortales contra civiles llevados a cabo por grupos armados en el centro de Malí podrían provocar un desastre humanitario, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
La organización pide una investigación inmediata sobre los homicidios de al menos 32 habitantes de la región cometidos por atacantes armados el 1 de julio en el círculo de Bankass, así como mayor protección para población civil. La continuación de los ataques durante la estación lluviosa, que alcanza su punto álgido en julio y agosto, podría afectar al derecho al trabajo y a la vida de muchas comunidades campesinas.
Una parte considerable de la población del centro de Malí depende de las labores que lleva a cabo durante la estación lluviosa para mantener sus medios de vida. Si no se protege de estos brutales ataques a la población civil, incluidas las comunidades campesinas, podría producirse una crisis humanitaria.
Ousmane Diallo, investigador de Amnistía Internacional para África Occidental
“Una parte considerable de la población del centro de Malí depende de las labores que lleva a cabo durante la estación lluviosa para mantener sus medios de vida. Si no se protege de estos brutales ataques a la población civil, incluidas las comunidades campesinas, podría producirse una crisis humanitaria”, ha afirmado Ousmane Diallo, investigador de Amnistía Internacional para África Occidental.
“Los ataques deliberados contra civiles constituyen crímenes de guerra y no deben tolerarse. Las autoridades de Malí deben investigar de inmediato estos homicidios y procesar a los presuntos responsables para que se haga justicia a las víctimas. Deben también cumplir su compromiso de combatir la impunidad de los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos en el país y castigar a los responsables como corresponda.”
Los ataques tuvieron lugar en los pueblos de Panga Dougou, Djimdo, Gouari y Dialakanda de las comunas de Tori y Diallassagou del círculo de Bankass. Según testigos entrevistados por Amnistía Internacional, los atacantes formaban un convoy de al menos 60 motocicletas y vehículos armados. Atacaron primero Panga Dougou, causando al menos una muerte. Luego fueron a Djimdo, donde mataron a 15 personas, y a Gouari, donde murieron otras 16 y 4 más resultaron heridas. Los ataques se prolongaron desde las cuatro hasta las siete de la tarde del 1 de julio. Según familiares de las víctimas entrevistados por Amnistía Internacional, en estos pueblos los atacantes se apoderaron además de ganado y motocicletas. En el momento de los ataques, el ejército maliense no estaba presente en esos lugares.
Una persona que sobrevivió a uno de los ataques contó a Amnistía Internacional:
“Los atacantes llegaron en un convoy de decenas de motocicletas y camionetas armadas. Creíamos que era el ejército, porque los hombres de las camionetas llevaban trajes militares de faena. Al principio fueron bien recibidos por los campesinos que trabajaban en los campos, pero cuando entraron en el pueblo comenzaron a disparar contra ellos. Algunos de los campesinos respondieron disparando a su vez, pero a muchos, los mataron, y otros, huyeron. Los atacantes se quedaron en el pueblo hasta las siete de la tarde y los soldados no llegaron hasta alrededor de las ocho.”
La estación lluviosa es la época más importante del año para la agricultura en Malí. Muchos de los campos de los que depende el sustento de las comunidades campesinas se siembran y cultivan durante esta estación. La violencia entre comunidades dedicadas al pastoreo y sedentarias —motivada al principio por la competencia por la tierra y al agua, pero enmarcada cada vez más en una espiral de represalias— ha tenidos efectos negativos en el ciclo agrícola en los últimos años.
Amadou Guindo, alcalde de Diallassagou, contó a Amnistía Internacional:
“Muchos campesinos de las comunas de Diallassagou y Tori no cultivaron sus campos el año pasado debido a la persistencia de estos ataques. Es probable que este año ocurra lo mismo. A algunas personas las han matado en sus campos, lo que podría hacer aún más difícil la situación humanitaria. Pedimos que regresen los destacamentos del ejército y la gendarmería, que están desplegados en otras partes del país desde enero. La ausencia de las fuerzas de defensa y de seguridad pone en peligro la situación de las poblaciones de Diallassagou, que están expuestas a los ataques de estos grupos que van en motocicletas y que raras veces son identificados.”
Un análisis de la situación realizado por terceros ha revelado que hay una gran correlación entre los incidentes violentos y el abandono de las zonas de cultivo en el centro de Mali entre 2016 y 2019. El círculo de Bankass, donde se cometieron los homicidios del 1 de julio, es una de las zonas de la región de Mpoti más afectadas por el abandono de las de tierras de cultivo (el 22 por ciento).
Las víctimas de los homicidios de Gouari fueron enterradas el 2 de julio por la tarde. Después del enterramiento, los atacantes volvieron al pueblo y lo incendiaron, según testigos entrevistados por Amnistía Internacional. El pueblo quedó totalmente destruido, y muchos de sus habitantes huyeron a Diallassagou y Tori.
La situación en materia de seguridad ha empeorado en los últimos años, y el círculo de Bankass, donde se cometieron los homicidios, es uno de los lugares más afectados Grupos armados como el GSIM o Dan Na Ambassagou y las fuerzas de seguridad malienses han cometido abusos y violaciones de derechos humanos con impunidad.
Los ataques del 1 de julio se produjeron tras la renovación del mandato de la MINUSMA el 29 junio, cuando se instó a la autoridades malienses a dar prioridad a la lucha contra la impunidad de las violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario en el centro de Malí iniciando procedimientos contra las personas sospechosas de haber participado en masacres que han causado centenares de muertes desde el inicio del conflicto.
El 30 de junio, en el comunicado final de la cumbre del G5 Sahel celebrada en Nuakchot (Mauritania), el Grupo reafirmó su compromiso de prevenir la violencia y proteger a la población civil en su espacio regional. Los jefes de Estado se comprometieron a investigar todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de defensa y de seguridad, y a aplicar sanciones si procede. A fecha de mayo de 2020, el conflicto ha causado el desplazamiento de 250.000 personas dentro de Malí.