El 18 de julio de 2020, individuos desconocidos vestidos con indumentaria de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), se llevaron de sus casas a cuatro activistas garífunas Alberth Snider Centeno Tomás, presidente del patronato de Triunfo de la Cruz por parte de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Rochez Cálix y Milton Joel Martínez Álvarez, miembros de la OFRANEH, y una quinta persona, Junior Rafael Juárez Mejía, denunció Amnistia Internacional en carta abierta al presidente Juan Orlando Hernández
“De comprobarse que la privación de libertad de estas personas fue cometida por agentes del Estado, estos hechos podrían configurarse como una desaparición forzada. Esto sería una grave violación de derechos humanos y un crimen bajo el derecho internacional que no puede quedar impune,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
De comprobarse que la privación de libertad de estas personas fue cometida por agentes del Estado, estos hechos podrían configurarse como una desaparición forzada. Esto sería una grave violación de derechos humanos y un crimen bajo el derecho internacional que no puede quedar impune.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional
Según la Secretaría de Seguridad de Honduras, esta ordenó una operación de búsqueda, pero a la fecha se desconoce el paradero de las cinco personas.
La organización insta al Estado de Honduras a iniciar sin demora investigaciones para determinar la suerte y el paradero de las cinco personas de la comunidad garífuna, y a llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial que permita identificar a todos los autores materiales e intelectuales de la desaparición y traerlos ante la justicia, asegurando que se incluya la posibilidad de que la desaparición esté relacionada con su labor de defensa de los derechos humanos.
“Amnistía Internacional también considera urgente que la Secretaría de Derechos Humanos desarrolle un plan de protección colectiva para la comunidad Garífuna del Triunfo de la Cruz, y demás comunidades afrodescendientes y Pueblos Indígenas, para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos, considerando el contexto histórico y los hechos recientes de violencia.”
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