A finales del año pasado, en un país en el que Internet sigue estando controlado por el gobierno y censurado, el nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, lanzó una cuenta de Twitter. Desde entonces, una de sus etiquetas favoritas ha sido “#SomosContinuidad”. Pero, ¿qué significa “continuidad” para los derechos humanos en Cuba?
Tan sólo un mes después de que el presidente ocupara su cargo, la ONU examinó el historial de derechos humanos de Cuba. Al igual que en los exámenes anteriores, las autoridades cubanas siguieron rechazando una multitud de recomendaciones formuladas por otros Estados miembros de la ONU para que ratificaran incluso los tratados internacionales de derechos humanos más básicos. También rechazaron múltiples recomendaciones respecto a fortalecer la independencia del poder judicial o conformar la legislación penal cubana con el derecho internacional.
“Continuidad” significa asimismo que Cuba seguirá siendo el único país de las Américas que Amnistía Internacional, y la mayoría de los demás observadores independientes de derechos humanos, no pueden visitar. En septiembre reiteramos públicamente nuestras múltiples peticiones de entrar en Cuba. Después de años, finalmente el embajador de Cuba ante la ONU nos dio una respuesta: “Amnistía Internacional no ingresará a Cuba, y que no necesitamos sus consejos”.
'Continuidad' significa asimismo que Cuba seguirá siendo el único país de las Américas que Amnistía Internacional, y la mayoría de los demás observadores independientes de derechos humanos, no pueden visitar.
Pero no nos disuadirán. Aunque no poder visitar Cuba dificulta nuestro trabajo —porque siempre preferimos sentarnos con los gobiernos y escuchar su versión de los hechos—, seguiremos encontrando maneras de sortear este obstáculo. Por ejemplo, en 2017, cuando miles de migrantes de Cuba cruzaban América del Sur y Central para dirigirse a Estados Unidos, encontramos y entrevistamos a más de 60 de esas personas en México. Muchas habían vendido cuanto poseían, habían cruzado unos ocho países y habían atravesado el Tapón del Darién —una franja salvaje y peligrosa de jungla entre Colombia y Panamá— en busca de una vida donde no se sintieran aplastadas y asfixiadas por la opresiva maquinaria estatal cubana.
El informe que redactamos después de muchas horas de entrevistas con cubanos y cubanas corrientes detallaba cómo seguían utilizándose cargos falsos de delitos comunes, y despidos por motivos políticos de empleos públicos, como táctica para silenciar a quienes criticaban, aunque fuera de forma vaga, el sistema político o económico del país.
El presidente Díaz-Canel sólo parece querer reforzar esta red de control sobre la libertad de expresión. En abril de 2018, una de las primeras leyes que firmó fue el Decreto 349, una perspectiva distópica que pretende censurar a los artistas, quienes necesitarán autorización previa del Estado para trabajar o, de lo contrario, se exponen a ser sancionados. Hasta el momento, según la información disponible, las autoridades han detenido arbitrariamente a artistas que se han atrevido a protestar contra esa ley. Por supuesto, esto no es nada nuevo. Amnistía Internacional lleva documentando represión contra los artistas independientes en Cuba desde al menos la década de 1980.
Quizá el año pasado se atisbó un rayo de esperanza en el proceso de reforma constitucional. Amnistía Internacional expresó su satisfacción por la inclusión, en el primer borrador, de salvaguardias contra la discriminación de las personas LGBTI, y de una disposición que habría convertido a Cuba en la primera nación independiente del Caribe en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero para final de 2018 el gobierno había retirado del borrador de Constitución, que se someterá a referéndum este mes, el apoyo a las uniones entre personas del mismo sexo.
La nueva Constitución contiene algunas otras partes progresistas, como por ejemplo el reconocimiento explícito del cambio climático como amenaza global. Pero, a menos que las autoridades dejen de encerrar a activistas como el ecologista Ariel Ruiz Urquiola por presunto “desacato” o falta de respeto a funcionarios públicos, empiecen a dar a los cubanos y cubanas acceso a información para participar en políticas que afectan al medio ambiente, y hagan al poder judicial lo bastante independiente como para hacer cumplir derechos protegidos por la Constitución, resulta difícil imaginar cómo conseguirá la nueva Constitución traducirse en la práctica en una mayor protección de los derechos humanos.
Por eso, ¿qué es “continuidad” para los derechos humanos en Cuba? Es enfrentamiento y, a menudo, detención o pérdida del empleo, en lugar de diálogo, para cualquiera que desafíe al sistema estatal.
Son las personas encarceladas exclusivamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión. Y es la constante prohibición del trabajo legítimo de las organizaciones de derechos humanos y los abogados que tratan de defenderlas.
No obstante, dentro de este desgastado sistema, “continuidad” es también la valentía de periodistas independientes y activistas de derechos humanos que se arriesgan, sufren detención y se atreven a mirar a través de las frías líneas divisorias de la ideología política para pensar en alternativas y cambio.