Un proyecto de ley cuyo debate en el Parlamento tunecino está previsto hoy podría impulsar la impunidad para las fuerzas de seguridad al concederles inmunidad procesal por el uso innecesario de medios letales, además de penalizar las críticas a la conducta policial, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
La propuesta, conocida como proyecto de ley de “Represión de los ataques contra las fuerzas armadas”, autoriza a las fuerzas de seguridad el uso de medios letales para proteger bienes incluso cuando no sea estrictamente necesario para proteger vidas, lo que es contrario a las normas internacionales y eximiría a las fuerzas de seguridad de responsabilidad penal en estos casos si se considera que la fuerza empleada es “necesaria y proporcional”. El gobierno ya había presentado el proyecto legislativo al Parlamento en abril de 2015 y se ha vuelto a introducir a petición de los sindicatos de policía.
Este proyecto de ley es un paso peligroso hacia la institucionalización de la impunidad en el sector de la seguridad de Túnez.
Heba Morayef, directora de Investigación de Amnistía Internacional para el Norte de África
“Este proyecto de ley es un paso peligroso hacia la institucionalización de la impunidad en el sector de la seguridad de Túnez. El hecho de que el Parlamento esté siquiera estudiándolo indica la falta de voluntad política por parte del gobierno para garantizar la rendición de cuentas por abusos cometidos por los servicios de seguridad. El proyecto también viola la propia Constitución del país, que garantiza el derecho a la vida, la libertad de expresión y el acceso a la información”, ha afirmado Heba Morayef, directora de Investigación de Amnistía Internacional para el Norte de África.
“Las fuerzas de seguridad tunecinas han sido objeto de ataques, pero darles un margen más amplio para usar medios letales e inmunidad procesal no es la forma de abordar este desafío. El Parlamento tunecino debe rechazar este proyecto de ley y centrarse en medidas para acabar con la impunidad de que gozan las fuerzas de seguridad.”
Las fuerzas de seguridad tunecinas han sido objeto de una serie de ataques de grupos armados desde 2015. La Comisión Parlamentaria sobre Legislación General celebrará hoy una audiencia con el ministro del Interior, cuyo ministerio redactó el proyecto de ley. Posteriormente, se reunirá también con los sindicatos de las fuerzas de seguridad que propugnan la aprobación del proyecto.
El proyecto de ley permite que las fuerzas de seguridad respondan con medios letales a ataques contra bienes que no representen una amenaza para la vida o puedan causar lesiones graves. Su artículo 18 exime a los miembros de las fuerzas de seguridad de responsabilidad penal por “lesionar o matar a una persona”, incluso cuando ello sea consecuencia del uso de medios letales para proteger de ataques contra viviendas, objetos o vehículos, si se considera que la fuerza empleada es “necesaria y proporcional” al peligro. Esto es contrario a la obligación del Estado de respetar y proteger el derecho a la vida.
El uso de medios letales únicamente para proteger bienes no sería necesario ni proporcional. Los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego limitan el uso de medios letales por los funcionarios encargados de hacer cumplir a situaciones en las que sea “estrictamente necesario para proteger la vida”. Estas normas exigen que una autoridad independiente evalúe si el uso de medios letales con resultado de muerte o de lesión grave fue necesario y proporcional.
En febrero de 2017, Amnistía Internacional publicó un informe que exponía cómo las violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad en el contexto del estado de excepción, entre ellas torturas y detenciones arbitrarias, amenazan el camino del país a la reforma. Hasta ahora ningún agente de las fuerzas de seguridad ha sido declarado culpable de estas violaciones de derechos humanos.
En Túnez, los abusos que se cometen so pretexto de la seguridad casi nunca son castigados.
Heba Morayef, directora de Investigación de Amnistía Internacional para el Norte de África
“En Túnez, los abusos que se cometen so pretexto de la seguridad casi nunca son castigados. Esto ha creado una atmósfera de impunidad generalizada en la que las fuerzas de seguridad consideran que están por encima de la ley y que no deben temer el enjuiciamiento”, ha declarado Heba Morayef.
“Conceder inmunidad procesal a las fuerzas de seguridad mediante este proyecto de ley sólo envalentonará a los perpetradores de violaciones de derechos humanos.”
En junio, miembros de la tristemente famosa brigada antiterrorista tunecina El Gorjeni se quejaron a la Comisión Parlamentaria de Seguridad y Defensa del número de denuncias de tortura y otros malos tratos presentadas contra ellos, calificándolas de una “forma de acoso”.
El proyecto de ley incluye también disposiciones imprecisas que podrían penalizar críticas legítimas a las fuerzas de seguridad, incluso por abusos contra los derechos humanos. Su artículo 12 penaliza la “denigración” de la policía y otras fuerzas de seguridad con el fin de “perjudicar el orden público”, y la castiga con una pena máxima de dos años de prisión y una multa de hasta 10.000 dinares.
Por su parte, los artículos 5 y 6 prevén penas de hasta 10 años de prisión y una multa de 50.000 dinares para quienes revelen o publiquen “secretos de seguridad nacional”, que define como “cualquier información, dato o documento relacionado con la seguridad nacional”. Esta definición excesivamente amplia podría utilizarse para encarcelar a quienes revelen información sobre violaciones de derechos humanos. No se prevé ninguna protección frente al enjuiciamiento para quienes denuncien irregularidades ni para los periodistas.
Estas disposiciones son incompatibles con la obligación de Túnez de respetar la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a acceder a la información, previstos en el derecho internacional y en la Constitución del país.
Durante el examen de su historial en materia de derechos humanos ante el Consejo de Derechos de la ONU de mayo, Túnez recibió al menos 10 recomendaciones relativas al fortalecimiento de la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. Al aceptar estas recomendaciones, Túnez se comprometió a tomar medidas concretas para combatir la impunidad.
“Es sumamente desalentador volver a ver sobre la mesa este proyecto de ley, que amenaza de forma fundamental los avances en materia de derechos humanos que ha hecho Túnez desde 2011”, ha afirmado Heba Morayef.
“Túnez debe cumplir su compromiso de respetar sus obligaciones en materia de derechos humanos garantizando una mayor supervisión del sector de la seguridad y tomando medidas concretas para abordar la impunidad de una vez por todas.”