El mundo hace frente a una crisis humanitaria sin precedentes. Cuando se cumple el 65 aniversario de la adopción de la Convención de la ONU sobre los Refugiados, hay en el mundo 65 millones de personas desplazadas, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Más o menos un tercio de ese número son personas refugiadas; al menos la mitad de ellas son niños y niñas. Pero el único intento de encontrar una solución internacional a este problema tan acuciante está siendo vaciado de sentido y demorado.
A finales del año pasado, el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, formuló unas propuestas para un innovador acuerdo mundial con el objetivo de repartir de manera equitativa la responsabilidad de proteger a las personas refugiadas entre los Estados del mundo. El plan, un proyecto de respuesta global coordinada a los grandes movimientos de refugiados, abordaría desigualdades mayúsculas, como el hecho de que los países en desarrollo acogen al 86 por ciento de las personas refugiadas del mundo, mientras que los países más ricos, aunque dicen reconocer los derechos de los refugiados, a menudo no van más allá de las palabras. Una solución mejor y más justa, en la que los países más ricos asuman su cuota de responsabilidad, estaba sobre la mesa.
Pero ese plan —un Pacto Mundial sobre el Reparto de Responsabilidad hacia las Personas Refugiadas— ahora pende de un hilo. Antes de que concluya el mes de julio, los Estados miembros de la ONU tienen en Nueva York la última oportunidad de formular estas propuestas antes de que sean adoptadas en la Cumbre de la ONU de septiembre. El análisis de la documentación presentada por los Estados miembros de la ONU en el periodo previo a estos debates, llevado a cabo por Amnistía Internacional, sugiere que se corre el riesgo de desaprovechar la oportunidad de aliviar este desastre mundial cada vez mayor.
En lugar de un avance, podríamos hallarnos ante otro papel redactado con lindas palabras que autorizaría la inacción: nada nuevo bajo el sol. En ese caso, nuestros líderes habrán fallado no sólo a decenas de millones de personas refugiadas y desplazadas, sino a todos nosotros.
Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional
Como algunos Estados tratan de diluir el acuerdo para adecuarlo a sus propias agendas políticas, podríamos acabar con medidas a medias y provisionales que se limiten a reforzar el statu quo o incluso a debilitar la protección existente. En lugar de la solidaridad, prevalecen los intereses nacionales y regionales. En lugar de valor, podríamos observar un exceso de cautela. En lugar de un avance, podríamos hallarnos ante otro papel redactado con lindas palabras que autorizaría la inacción: nada nuevo bajo el sol. En ese caso, nuestros líderes habrán fallado no sólo a decenas de millones de personas refugiadas y desplazadas, sino a todos nosotros.
Las variadas razones de estas evasivas —por parte de países como Australia, China, Egipto, India, Rusia, Pakistán, Reino Unido y la Unión Europea, entre otros— están vinculadas de manera abrumadora con los intereses propios de los Estados. A algunos les preocupa el impacto del acuerdo en la soberanía o en las elecciones nacionales. Algunos países en desarrollo, cuyas economías son beneficiarias netas de la migración, prefieren que la migración sea parte de un acuerdo más amplio, lo que es probable que ahora demore un resultado final hasta 2018. Otros desean asegurarse de que se permite que sus políticas disuasorias, que incluyen encerrar a menores de edad y a familias, continúen sin control.
El año pasado, la ONU acordó“17 objetivos para transformar nuestro mundo”, una agenda de desarrollo sostenible que incluía la promesa de que “todos los seres humanos puedan realizar su potencial con dignidad e igualdad y en un medio ambiente saludable”. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible prometen a todas las personas la oportunidad de una vida próspera y plena.
La ONU sumó a este llamamiento su compromiso de respetar el marco consagrado en la Convención sobre los Refugiados de 1951 —así como en su Protocolo de 1967, que amplió su influencia—, al tiempo que elaboraba un nuevo programa para abordar los grandes movimientos actuales y futuros de personas a través de las fronteras. En un informe hecho público en mayo, la ONU propuso un marco duradero y coordinado globalmente para ayudar a las personas refugiadas a largo plazo, de manera “segura, regular y ordenada”.
Sin embargo, en lugar de un avance histórico, podríamos encontrarnos ahora ante un fracaso histórico. Los millones de personas refugiadas que se consumen —a veces desde hace decenios— en países a menudo mal equipados para acogerlas no deben esperar ya ni un instante más. Un acuerdo sujeto a concesiones que no contemple acciones resueltas perpetuaría sufrimientos innecesarios y pondría en peligro las vidas de las personas. También representaría un desperdicio sin sentido del tremendo potencial humano de un ingente número de mujeres, hombres, niñas y niños.
Amnistía Internacional ha propuesto un plan de cinco puntos para que los Estados miembros de la ONU compartan la responsabilidad de acoger y ayudar equitativamente a las personas refugiadas, de acuerdo con su PIB, su índice de desempleo y otros criterios objetivos. Este mecanismo de reparto de la responsabilidad podría salvar a millones de personas de sufrimientos y de morir en el mar o por enfermedades, al proporcionar a las personas refugiadas rutas auténticas, seguras y legales para huir de la guerra y la persecución.
Pero en lugar de comprometerse a tomar medidas concretas, los Estados han atenuado las propuestas originales en lo que va de año, y las tácticas dilatorias hacen que no exista todavía un calendario claro para su aplicación.
Hacer frente a la crisis de refugiados es un objetivo perfectamente alcanzable: la comunidad internacional ha demostrado que puede responder a desafíos globales complejos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los objetivos en materia de cambio climático aprobados en París en diciembre pasado. De hecho, la crisis de refugiados mundial es en realidad una crisis de liderazgo, no de recursos. La respuesta internacional a la crisis de refugiados de Indochina en las décadas de 1970 y 1980 mostró cómo la comunidad mundial, a través de la ONU, puede colaborar para acoger a cientos de miles de personas. Esa respuesta mostró que los países más ricos pueden trabajar unidos para aceptar su responsabilidad de proteger a las personas refugiadas.
No queda mucho tiempo para que los Estados miembros de la ONU actúen. ¿Quieren nuestros gobiernos que se les recuerde como la generación que desperdició esta oportunidad histórica de proteger a millones de personas refugiadas? ¿O como los líderes que aprovecharon la ocasión para inaugurar un capítulo nuevo y audaz de la historia de la protección de las personas refugiadas?
Nota: Este artículo se publicó originalmente en Refugees Deeply.