Malasia: Poner fin a la campaña de represión sin precedentes contra cientos de personas críticas

Al mismo tiempo que nos disponemos a celebrar el Día Mundial contra la Censura en Internet, vemos cómo Malasia se adentra en una era oscura. A lo largo de los últimos dos años, el gobierno ha lanzado una campaña de represión sin precedentes para silenciar, hostigar y encerrar a cientos de personas críticas.

El documento Critical crackdown: Freedom of expression under attack in Malaysia demuestra que se ha disparado la aplicación de la Ley contra la Sedición —que concede a las autoridades amplios poderes para atacar a sus adversarios— , con 170 casos de sedición desde que la coalición gobernante Frente Nacional (Basisan Nasional, BN) ganara por escaso margen las elecciones generales de 2013.

En Malasia, cada vez es más peligroso hablar abiertamente. El gobierno ha respondido a quienes cuestionan su autoridad de la peor manera posible: endureciendo la represión y atacando a decenas de personas consideradas críticas.
Josef Benedict, director adjunto de campañas de Amnistía Internacional para el Sudeste Asiático

Sólo en 2015, el número de personas detenidas, acusadas o investigadas por sedición ascendió, al menos, a 91, cifra que multiplica casi por cinco la correspondiente a los primeros 50 años de existencia de la Ley.

“En Malasia, cada vez es más peligroso hablar abiertamente. El gobierno ha respondido a quienes cuestionan a su autoridad de la peor manera posible: endureciendo la represión y atacando a decenas de personas consideradas críticas”, ha declarado Josef Benedict, director adjunto de campañas de Amnistía Internacional para el Sureste Asiático.

“La Ley contra la Sedición no tiene cabida en una sociedad moderna que respete los derechos. Es una Ley extremadamente represiva, que se ha convertido en el arma de las autoridades para castigar cualquier tipo de oposición.

Las cifras hablan por sí mismas: el alarmante aumento de casos de sedición a lo largo de los últimos años pone en evidencia el recorte del espacio de la libertad de expresión”.

Ataques a activistas

Las autoridades malasias han recurrido a la Ley contra la Sedición para lanzar una gran oleada de represión, atacando a activistas de derechos, periodistas, profesionales del derecho y políticos de oposición, entre otras personas.

Nuestro informe se publicó poco antes de la vista judicial del 28 de enero contra el caricaturista Zunar, que podría ser condenado a muchos años de prisión por cargos de sedición, debido a una serie de tuits críticos con el gobierno que publicó.

Otra víctima reciente de la Ley es el activista estudiantil Khalid Ismath, contra el que se presentaron tres cargos de sedición en octubre de 2015 sólo por una publicación de Facebook en la que denunciaba el abuso de poder de la policía malasia. En la actualidad se encuentra en espera de juicio.

Efecto paralizador del debate

La amenaza de detención ha tenido un efecto paralizador del debate público y de la libertad de expresión en Malasia, incluso en los medios de comunicación independientes. Susan Loone, periodista detenida en 2014 por cargos de sedición debido a un artículo en el que criticaba a la policía, explicó a Amnistía Internacional que sus compañeros y compañeras se autocensuraban a veces para evitar el acoso de las autoridades.

Sin embargo, Susan Loone se mantiene firme: “Si escribir la verdad, criticar a un ministro o pedir responsabilidades a una persona poderosa son actos de sedición, entonces seremos todos culpables de sedición”.

La Ley contra la Sedición es una reliquia de la era colonial, aprobada en 1948 durante la dominación británica de Malasia, para combatir el movimiento de independencia. Las penas impuestas a quienes son declarados culpables una primera vez pueden ascender a tres años de cárcel, multas de hasta 5.000 ringgits (unos 1.300 dólares estadounidenses) o ambas cosas. Quienes son condenados por segunda vez pueden recibir penas de hasta cinco años de prisión.

“Si escribir la verdad, criticar a un ministro o pedir responsabilidades a una persona poderosa son actos de sedición, entonces seremos todos culpables de sedición”.
Susan Loone, periodista detenida por cargos de sedición

En 2012, el primer ministro Najib Razak prometió revocar la Ley, pero el gobierno no sólo ha incumplido esa promesa, sino que ha fortalecido y ampliado el ámbito de aplicación de la Ley contra la Sedición.

En virtud de una enmienda a la Ley, que el Parlamento aprobó a toda prisa en abril de 2015, tras un único día de debate, las críticas a la religión se sumaron a la lista de delitos de sedición; asimismo, se redujo la discrecionalidad de los jueces a la hora de dictar sentencia, obligándolos a imponer penas de entre tres y siete años de prisión, y se incluyeron en el ámbito de la Ley los medios de comunicación electrónicos y las redes sociales.

Herramientas de represión

“Nos preocupan profundamente las medidas de las autoridades malasias para convertir la Ley contra la Sedición en una herramienta de represión aún más poderosa, en lugar de revocarla, como prometieron”, explica Josef Benedict.

“Ahora que Internet y las redes sociales se han hecho imprescindibles para muchos activistas de Malasia, las autoridades se han apresurado a reprimirlas”.

Amnistía Internacional insta a las autoridades malasias a revocar urgentemente la Ley contra la Sedición, a anular las sentencias condenatorias dictadas contra personas que se han limitado a ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión, y a dejarlas en libertad de inmediato y sin condiciones.

Asimismo, la organización insta a Malasia a revisar y reformar todas las demás leyes que restringen el derecho a la libertad de expresión para ajustarlas a las normas y el derecho internacional de los derechos humanos.

 

Amnistía Internacional se ha unido a Adblock en el Día Mundial contra la Censura en Internet para concienciar a la opinión pública sobre la represión de la libertad de expresión en el mundo.  Adblock es una herramienta que ayuda los usuarios de la web a bloquear publicidad no deseada, y el 12 de marzo de 2016 reemplazará la publicidad de los banners por contenidos que los censores de algunos países no quieren que la población vea.