El juicio que se celebrará mañana contra siete periodistas marroquíes acusados de “menoscabar la seguridad del Estado” y de “no informar de recibir financiación extranjera” es parte de una calculada represión de la libertad de expresión, ha declarado Amnistía Internacional.
Los siete periodistas serán juzgados por participar en un proyecto financiado con fondos extranjeros destinado a formar a personas en el uso de teléfonos inteligentes para el periodismo ciudadano. Los documentos judiciales muestran que las autoridades creen que el periodismo popular podría “desestabilizar la confianza de la ciudadanía marroquí en sus instituciones”.
Ayudar a la ciudadanía marroquí a aprovechar la tecnología de los teléfonos inteligentes para informar de lo que está pasando en el país no es un delito, y es indignante que se esté tratando como un delito contra la seguridad del Estado. Los marroquíes y las marroquíes tienen derecho a recibir y difundir información sobre lo que está ocurriendo en su país.
Said Boumedouha, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África
“Este caso demuestra claramente que el gobiernomarroquí está intensificando sus ataques contra la libertad de prensa. Ayudar a la ciudadanía marroquí a aprovechar la tecnología de los teléfonos inteligentes para informar de lo que está pasando en el país no es un delito, y es indignante que se esté tratando como un delito contra la seguridad del Estado. Los marroquíes y las marroquíes tienen derecho a recibir y difundir información sobre lo que está ocurriendo en su país”, afirmó Said Boumedouha, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
Si son declaradas culpables, cinco de las siete personas enjuiciadas se enfrentarán a penas de hasta cinco años de prisión en virtud de las leyes de seguridad nacional. Amnistía Internacional pide a las autoridades que retiren los cargos contra las siete personas enjuiciadas.
El juicio de mañana no es más que el episodio más reciente de una represión en aumento contra la libertad de expresión en Marruecos.
En otro caso de gran repercusión, el 21 de enero, el tribunal antiterrorista del país acusó al destacado periodista independiente Ali Anouzla de “propugnar”, “apoyar” e “incitar” el terrorismo.
Los cargos están relacionados con un artículo publicado en 2013 en su popular sitio web de noticias Lakome.com, en el que Ali Anouzla criticaba un vídeo de Al Qaeda en el Magreb Islámico. Anouzla fue detenido y recluido más de un mes tras la publicación y se clausuró el sitio web.
De ser declarado culpable, podría ser condenado a hasta 20 años de prisión.
Ali Anouzla está también acusado en otra causa de “amenazar la integridad nacional” por una entrevista que concedió al diario alemán Bild el pasado mes de noviembre tras recibir el premio Raif Badawi para periodistas valerosos, en la que supuestamente usó la expresión “Sáhara Occidental ocupada”. El periodista insiste en que el diario cometió un error al traducir sus palabras y que se había referido al territorio como “Sáhara”, sin más. Las autoridades marroquíes reivindican la soberanía sobre el Sáhara Occidental, territorio situado al sur de Marruecos que éste se anexionó en 1975. De ser declarado culpable, Anouzla podría ser condenado a cinco años de prisión en aplicación del vigente Código de Prensa.
Las autoridades de Marruecos deben retirar los cargos contra Ali Anouzla y dejar de enjuiciar a periodistas por hacer su trabajo, así como a activistas pacíficos, por cargos relacionados con la seguridad del Estado y la lucha antiterrorista. Deben cesar en su campaña para aplastar las voces disidentes y dejar de intimidar a las personas para que se autocensuren.
Said Boumedouha
“Las autoridades de Marruecos deben retirar los cargos contra Ali Anouzla y dejar de enjuiciar a periodistas por hacer su trabajo, así como a activistas pacíficos, por cargos relacionados con la seguridad del Estado y la lucha antiterrorista. Deben cesar en su campaña para aplastar las voces disidentes y dejar de intimidar a las personas para que se autocensuren”, declaró Said Boumedouha.
Información complementaria
Las personas que serán juzgadas mañana son las siguientes:
Maati Monjib, de 53 años, historiador y fundador del Centro de Estudios y Comunicación Ibn Rochd, presidente de la ONG Libertad Ya (que creó junto con Ali Anouzla) y miembro de la Asociación Marroquí de Periodismo de Investigación (AMJI). Comentarista habitual de la política marroquí en medios de comunicación internacionales, centros de estudios y foros académicos, se cree que es la figura principal contra la que está dirigida este juicio.
Abdessamad Ait Aicha (conocido como Samad Iach), de 31 años, periodista y ex empleado del Centro de Estudios y Comunicación Ibn Rochd y miembro de la AMJI.
Hicham Mansouri, de 35 años, periodista y ex empleado de la AMJI, excarcelado recientemente tras cumplir una pena de 10 meses de prisión, condena que Amnistía Internacional considera tuvo motivación política.
Hicham Khreibchi (conocido como Hicham Al Miraat), de 39 años, doctor en medicina, fundador y ex presidente de la Asociación de Derechos Digitales (ADN), así como ex director de relaciones institucionales de Global Voices.
Mohamed Essaber/Sber, de 44 años, presidente de la Asociación Marroquí para la Educación de la Juventud (AMEJ).
Maria Moukrim, de 39 años, periodista y ex presidenta de la AMJI.
Rachid Tarik, de 68 años, periodista (retirado) y presidente de la AMJI.
Varias de estas personas son también ex simpatizantes o miembros del Movimiento 20 de Febrero, movimiento de protesta pacífico a favor de la democracia y anticorrupción de Marruecos que surgió en 2011 en el contexto de los levantamientos populares de la región.