El Salvador debe hacer finalmente justicia por una brutal masacre cometida hace tres decenios, ha instado hoy Amnistía Internacional en una carta abierta al presidente Mauricio Funes, mientras familias de todo el país se disponen a celebrar la festividad religiosa anual del Día de los Fieles Difuntos. El 22 de agosto de 1982, más de 200 hombres, mujeres y niños murieron a manos de una unidad de élite del ejército en la masacre de El Calabozo, en la región septentrional de San Vicente. Tres decenios después, las autoridades salvadoreñas aún no han reconocido los atroces asesinatos ni han hecho comparecer ante la justicia a los responsables.En una carta abierta, Amnistía Internacional insta al presidente a que reconozca públicamente la responsabilidad del Estado en la masacre, haga comparecer a los responsables ante la justicia y garantice que los sobrevivientes y familiares reciben una reparación. La carta se hace eco de las demandas de los sobrevivientes y de la ONG salvadoreña Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec”, que trabaja con ellos.“Esta semana, cuando personas de todo El Salvador visitan las tumbas de sus familiares fallecidos para rendirles homenaje, decenas de familias de las personas asesinadas a sangre fría en El Calabozo llorarán la muerte despiadada de sus seres queridos, desde bebés que ni siquiera habían dado sus primeros pasos, hasta abuelos de avanzada edad. La inmensa mayoría no tiene una tumba que visitar, sólo un monumento conmemorativo construido para recordar el lugar donde se cometió la masacre”, ha declarado Esther Major, investigadora sobre América Central de Amnistía Internacional.“Treinta años es demasiado tiempo de espera; ya es hora de que las autoridades salvadoreñas den un paso adelante y reconozcan la responsabilidad del Estado en la masacre.”Es difícil confirmar el número exacto de personas asesinadas en El Calabozo. Según informes, después de matar a decenas de personas —y de violar previamente a muchas mujeres y niñas—, los soldados del Batallón Atlacatl, entrenado en Estados Unidos, arrojaron ácido sobre algunos de los cuerpos, y el río se llevó muchos de los cadáveres. Familiares y sobrevivientes han recopilado una lista de más de 200 personas en paradero desconocido.El Día de los Fieles DifuntosEl 1 de noviembre, las ONG de El Salvador suelen recordar a las personas desaparecidas, cuyo paradero y lugar de último descanso se desconocen aún. Al día siguiente, personas de todo el país celebran el Día de los Fieles Difuntos, fecha en que recuerdan a sus seres queridos fallecidos.Tras el acto de este año, el 5 de noviembre, los miembros del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” entregarán personalmente al presidente Funes una petición firmada por más de 5.000 activistas de Amnistía Internacional de todo el mundo.Los activistas piden a las autoridades de El Salvador que reconozcan públicamente la responsabilidad del Estado en la masacre de El Calabozo, incluido el legado de sufrimiento para los sobrevivientes y las familias de las víctimas.También instan al presidente Funes a que adopte las medidas inmediatas necesarias para abrir una investigación exhaustiva que revele la verdad de lo sucedido, garantice que todos los responsables de la masacre rinden cuentas ante la justicia, y proporcione una reparación a sobrevivientes y familiares.“No estamos pidiendo un tratamiento especial en este caso. El Salvador tiene la obligación internacional de garantizar que se rinden cuentas por sucesos como la masacre de El Calabozo”, afirmó Major.“El presidente Funes ya ha dado el paso positivo de reconocer el papel desempeñado por el Estado en otra masacre, la de El Mozote; nada le impide hacer lo mismo para los sobrevivientes y familiares de víctimas de El Calabozo. De hecho, según el derecho internacional, tiene la obligación de garantizar la verdad, la justicia y la reparación a todas las víctimas.”En enero de 2012, el presidente Funes reconoció formalmente la responsabilidad del Estado salvadoreño en otra masacre cometida durante la guerra civil en El Mozote, donde los soldados mataron a más de 750 personas, e inició un programa de reparaciones para esa comunidad.
