La decisión de levantar la prohibición de viajar impuesta a siete ciudadanos estadounidenses enjuiciados en el contexto de una campaña contra las ONG en Egipto es una medida positiva, pero no suficiente, ha declarado Amnistía Internacional.La organización ha pedido que se retiren los cargos formulados contra los procesados en virtud de la represiva ley sobre ONG y que las autoridades pongan fin a sus ataques contra la sociedad civil.Los siete procesados forman parte de un grupo de 43 personas —todas extranjeras salvo 14— juzgadas por infringir supuestamente la Ley de Asociaciones egipcia.Según informes, la prohibición de viajar sigue en vigor para otras personas relacionadas con la investigación y existe el temor de que este caso se utilice como preludio para un asalto general contra las organizaciones egipcias de derechos humanos. Los informes indican que hay otros ciudadanos extranjeros a quienes se prohíbe viajar en relación con otro caso.“Las autoridades egipcias no deben usar este caso tan publicitado para desviar la atención internacional de la situación que atraviesan las organizaciones de derechos humanos en Egipto”, ha declarado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.“Cuando la atención internacional se acabe, los activistas de derechos humanos de Egipto serán las más afectadas por esta ofensiva, tanto en los tribunales como por la amenaza de una Ley de Asociaciones aún más represiva.”Al anunciar el levantamiento de la prohibición de viajar, el juez del tribunal de apelación fijó para los ciudadanos estadounidenses una fianza de dos millones de libras egipcias (332.000 dólares estadounidenses). En respuesta al enjuiciamiento de ciudadanos estadounidenses, las autoridades de Estados Unidos estaban estudiando la posibilidad de congelar 1.300 millones de dólares de ayuda militar anual a Egipto.Además de los siete ciudadanos estadounidenses beneficiados por esta última medida —de un total de 16, nueve salieron de Egipto antes de que se impusiera la prohibición de viajar—, entre los enjuiciados hay ciudadanos egipcios, serbios, noruegos y alemanes. Se cree que también se ha procesado a palestinos y jordanos.Todos ellos trabajan para ONG con sede en Estados Unidos y Alemania, y eran observadores de las elecciones parlamentarias egipcias con el consentimiento de las autoridades o impartían formación en participación política.Amnistía Internacional observó la sesión inicial del juicio celebrada el domingo ante el Tribunal Penal del Distrito Norte de El Cairo, a la que asistieron únicamente los 14 procesados egipcios.Uno de los cargos formulados contra estos trabajadores es que, en contra de las restricciones establecidas en la estricta legislación egipcia sobre asociaciones, sus organizaciones aceptaron financiación extranjera y trabajaron ilegalmente en el país. Se sabe que al menos tres de estas organizaciones han solicitado formalmente su inscripción ante las autoridades egipcias.Los órganos de vigilancia de los tratados de la ONU y los expertos en derechos humanos han criticado en reiteradas ocasiones la Ley de Asociaciones egipcia (Ley 84 de 2002).El miércoles, el futuro del juicio quedó en suspenso después de que fueran recusados los jueces del caso. La próxima sesión estaba prevista para el 26 de abril.Se prevé que a continuación se produzca un nuevo ataque contra las organizaciones egipcias de derechos humanos. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y otras autoridades egipcias se han apresurado a culpar a estas organizaciones de fomentar el descontento con sus denuncias de violaciones de derechos humanos.“Las autoridades egipcias intentan convertir a las organizaciones egipcias de derechos humanos en chivos expiatorios del malestar social”, afirmó Hassiba Hadj Sahraoui.“Deben saber que permitir que los ciudadanos estadounidenses salgan del país no desviará la atención internacional de sus juicios contra ciudadanos egipcios.”El 29 de diciembre de 2011 las oficinas empleadas por ONG egipcias e internacionales fueron objeto de un registro en el contexto de una investigación oficial.Entre las ONG afectadas figuraban el Centro Árabe para la Independencia de la Judicatura y la Profesión Jurídica y el Observatorio de Presupuestos y de Derechos Humanos. Desde que se efectuaron los registros, se ha citado e interrogado a miembros de ambas organizaciones en el curso de la investigación de las autoridades.En los resultados de una investigación gubernamental filtrados en septiembre de 2011 se nombraba a varias organizaciones de derechos humanos como autoras de infracciones de las leyes sobre inscripción y financiación extranjera de asociaciones. Según informes, este año, al menos dos miembros de organizaciones de derechos humanos han sido interrogados sobre las actividades de sus grupos.Las autoridades egipcias también están presionando para que se apruebe un proyecto de ley que restringiría aún más las actividades de la sociedad civil.El nuevo proyecto de ley daría a las autoridades amplia potestad para decidir si son aceptables las actividades de una organización, al mismo tiempo que mantendría unas normas estrictas sobre financiación y reforzaría las restricciones sobre inscripción.La infracción de la ley estaría castigada con penas de hasta un año de prisión y multas de miles de libras egipcias.“Las autoridades egipcias deben abandonar este proyecto de ley, que va aún más allá de la ya represiva Ley de Asociaciones, y garantizar que todas las leyes respetan el derecho a la libertad de asociación”, concluyó Hassiba Hadj Sahraoui.
