Los cuatro memorandos secretos que el nuevo gobierno de Estados Unidos decidió hacer públicos nos permiten entender hasta qué punto su predecesor perdió la orientación legal y moral al recurrir a la tortura y otros malos tratos en nombre de la lucha contra el terrorismo.
La publicación de los memorandos, redactados por el Departamento de Justicia estadounidense en 2002 y 2005 con el objeto de dar cobertura legal a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en relación con el empleo de técnicas de interrogatorio “mejoradas” en su programa de detención secreta, es una buena noticia. Amnistía Internacional hace tiempo que había pedido la publicación de todos los documentos de esa índole.
Sin embargo, las declaraciones adicionales realizadas por el presidente Barack Obama y el fiscal general Eric Holder, confiriendo en la práctica impunidad a los actos de tortura –que constituyen delitos en virtud del derecho internacional– son incompatibles con la obligación legal internacional contraída por Estados Unidos de llevar a los responsables ante la justicia.
El derecho internacional es claro. La tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes jamás pueden justificarse. Nunca son legales. Ni siquiera bajo un estado de excepción se puede soslayar esta obligación.
El derecho internacional también es claro respecto a los deberes del Estado cuando se viola esta prohibición. Los Estados deben garantizar la realización de investigaciones independientes e imparciales sobre las denuncias de tortura u otros malos tratos y que los responsables comparecen ante la justicia.
En una carta dirigida a los empleados de la CIA, el presidente Obama afirmó: “Con la publicación de estos memorandos, los hombres y mujeres de la CIA tienen mi compromiso y el del fiscal general Holder de que protegeremos a todos los que actuaron razonablemente y confiaron en el asesoramiento legal del Departamento de Justicia avalando la legalidad de sus acciones”. […] “El Fiscal General me ha asegurado que estas personas no serán objeto de acciones legales y que el gobierno las apoyará”.
Sin embargo, la tortura perpetrada con “buena voluntad” o en circunstancias “razonables” no existe.