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El nuevo plan de DD. HH. de China privilegia los derechos económicos sobre las libertades civiles

Las autoridades chinas han dado a conocer un Plan Nacional de Derechos Humanos que en algunos aspectos incluye objetivos concretos para 2010. Amnistía Internacional lo ha acogido con satisfacción y ha señalado que pone de manifiesto la creciente importancia que las autoridades chinas dan a la protección de los derechos humanos y a la observancia de las normas internacionales en esta materia.

La organización ha indicado que los objetivos –en caso de cumplirse– constituirían un avance notable en la realización de los derechos humanos, pero ha señalado también algunas lagunas importantes.

“Se privilegian los derechos económicos, sociales y culturales a expensas de los civiles y políticos –ha declarado Roseann Rife, subdirectora del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional–. Es evidente, sin embargo, que el pueblo chino no puede disfrutar de unos derechos si no disfruta también de los otros”.

En el plan no se abordan muchas de las graves violaciones de derechos humanos que siguen perpetrándose en China.

Entre dichas violaciones figuran el hostigamiento, la detención y el encarcelamiento de presos de conciencia y defensores y defensoras de los derechos humanos, a los que se persigue por  el simple hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión; la censura de Internet y de otros medios de comunicación, y el uso continuado de formas de detención administrativa, como la reeducación por el trabajo, que pueden comportar periodos de privación de libertad de hasta cuatro años sin la posibilidad de un juicio justo.

En varios campos de los derechos civiles y políticos, como los relativos a la pena de muerte, la erradicación de la tortura y la libertad religiosa, el nuevo plan se limita a repetir leyes y políticas que no han protegido de manera adecuada los derechos humanos.

“Para que el plan de derechos humanos de China tenga una influencia real en la práctica, las autoridades deberán adoptar medidas concretas que mejoren de manera significativa la vida de las personas –ha señalado Roseann Rife–. Entre dichas medidas deberían figurar iniciativas encaminadas a abordar las violaciones de derechos civiles y políticos recogidas en las observaciones finales y recomendaciones de los mecanismos de seguimiento de los derechos humanos y de los órganos de vigilancia de los tratados, de la ONU”.

En noviembre de 2008, un experto del Comité de la ONU contra la Tortura señaló graves divergencias entre las garantías legislativas contra la tortura y su aplicación en la práctica.

Como firmante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Estado Parte en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, China tiene la obligación de proteger los derechos civiles y políticos enumerados en estos tratados.

Amnistía Internacional ha reiterado su llamamiento para que China ratifique el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito por este país en 1998. Las autoridades chinas han afirmado en repetidas ocasiones su intención de hacerlo.