Un juez federal estadounidense ha ordenado a la administración del presidente Barack Obama que le facilite información actualizada sobre las personas detenidas bajo custodia estadounidense en la base aérea de Bagram, en Afganistán, antes del 11 de marzo. El juez federal de primera instancia John Bates estudia en la actualidad si los detenidos pueden impugnar la legalidad de su detención ante los tribunales estadounidenses.
En enero de 2009 el juez Bates pidió a la administración Bush que revelara cuántas personas permanecían recluidas en Bagram, cuánta de ellas habían sido detenidas fuera de Afganistán y cuántas eran de nacionalidad afgana. La administración respondió clasificando la información clave como “secreta” y eliminándola de la versión no clasificada del expediente.
Ahora el juez Bates ha dirigido a la administración Obama las mismas preguntas, advirtiendo que los datos que le facilitó el gobierno en enero pueden haber quedado obsoletos.
Las cifras publicadas a finales de febrero por el Comité Internacional de la Cruz Roja, la única organización con acceso a los detenidos de Bagram, indican que entonces había unos 550 detenidos en la base aérea. Esta cifra era inferior a los “alrededor de 615” que mencionó el secretario de defensa estadounidense Robert Gates en su comparecencia ante el Comité de Servicios Armados del Senado un mes antes.
Las tropas estadounidenses y aliadas continúan practicando detenciones en Afganistán. Según informes del servicio de prensa de las fuerzas armadas estadounidenses, en enero y febrero de 2009 al menos 120 “extremistas” fueron puestos bajo custodia. Se desconoce si algunos de ellos han sido o serán trasladados a Bagram.
Amnistía Internacional se ha dirigido por escrito a la administración estadounidense instándole a dotar de la necesaria transparencia al régimen de detención vigente en Bagram y a poner íntegramente a disposición del público la información solicitada por el juez federal de primera instancia John Bates.
Amnistía Internacional ha instado a la nueva administración a que no utilice, como su predecesora, la confidencialidad para ocultar al público su respuesta al juez. La transparencia, esencial para la rendición de cuentas y la protección a los detenidos, debe ser uno de los elementos fundamentales de la política estadounidense en materia de detención. Como afirmó el propio presidente Obama al dar instrucciones a su gobierno, “la transparencia promueve la rendición de cuentas”.
La necesidad de transparencia se puso de manifiesto el mes pasado cuando el gobierno de Reino Unido reveló que dos personas a quienes había entregado a Estados Unidos en Irak en 2004 habían sido trasladadas posteriormente a la custodia estadounidense en Afganistán, donde permanecen cinco años después.
Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Estados Unidos que confirme si estas dos personas se encuentran recluidas en Bagram y que facilite más información sobre sus casos. La organización ha planteado la posibilidad de que el traslado de estas personas a Afganistán por parte de Estados Unidos constituya un crimen de guerra.
Amnistía Internacional sigue pidiendo que se proporcione a los detenidos de Bagram acceso a un tribunal independiente para impugnar la legalidad de su detención, así como a un remedio efectivo en relación con el trato recibido y las condiciones de reclusión, y a una verdadera asistencia letrada a tales efectos. En la actualidad los detenidos no tienen acceso a abogados ni a tribunales.