Activistas de derechos humanos que conmemoran el encarcelamiento de 57 personas desde hace 6 años por ejercer su derecho a la libertad de expresión y asociación sufren persistente hostigamiento. Han sido objeto particular de acoso quienes habían previsto recordar el aniversario de las detenciones el pasado miércoles 18 de marzo.
En el pasado, las autoridades cubanas han detenido a personas que participaban en ese tipo de manifestaciones: las obligaban a tomar un autobús y las devolvían a sus casas, pero no las arrestaban formalmente. Amnistía Internacional hizo público su temor de que esto volviera a suceder el 18 de marzo.
Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Cuba que pongan en libertad de forma inmediata a las 57 personas que fueron detenidas en la represión de marzo de 2003 contra activistas políticos y de derechos humanos del país. La organización considera que todas esas personas son presas de conciencia.
Ivonne Mallesa, de la organización Damas de Blanco, fue detenida en su domicilio el 10 de marzo por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y llevada a una casa de visita (las casas de visita son locales del gobierno que se utilizan para organizar actos y reuniones públicas).
Cuatro horas después quedó en libertad sin cargos. Los agentes de seguridad le dijeron que acabaría condenada a 20 años de cárcel si seguía apoyando a las Damas de Blanco, grupo no oficial formado por mujeres que son familiares y amigas de las personas encarceladas en la represión de marzo de 2003.
“En su momento no había ningún motivo válido para que se detuviera a estos 57 hombres, y por supuesto que no hay ningún motivo para que permanezcan en la cárcel”, ha dicho Gerardo Ducos, investigador de Amnistía Internacional sobre Cuba. “El único ‘delito’ que cometieron fue ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión”.
“Las autoridades cubanas han hablado muchas veces de la importancia de los derechos humanos. Ahora tienen la oportunidad de pasar de las palabras a los hechos poniendo en libertad a quienes han sido encarcelados injustamente”, ha dicho Gerardo Ducos.
De los 57 presos de conciencia que hay actualmente en Cuba, 54 son los que quedan de un grupo de 75 que fueron encarcelados durante una campaña represiva masiva contra la disidencia que se efectuó en marzo de 2003. La mayoría fueron acusados de “actos contra la independencia del Estado”, por presuntamente recibir fondos o material de organizaciones no gubernamentales radicadas en Estados Unidos y financiadas por el gobierno estadounidense.
Fueron condenados a entre seis y 28 años de cárcel tras juicios rápidos sin garantías por realizar actividades que las autoridades consideraban subversivas y dañinas para Cuba.
Uno de los opositores políticos encarcelados es Víctor Rolando Arroyo Carmona, bibliotecario independiente y vicepresidente de la organización no oficial Foro para la Reforma, detenido el 18 de marzo de 2003 y condenado menos de tres semanas después a 26 años de cárcel.
Las actividades que la fiscalía le atribuyó fueron crear una biblioteca con más de 6.000 libros de carácter “reaccionario”, colaborar con agencias de prensa no acreditadas por el gobierno cubano y haber recibido el premio de derechos humanos Hellman/Hammet de Human Rights Watch. Actualmente está encarcelado en la cárcel Cuba Sí de la provincia de Holguín.