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Se confirman las condenas a sindicalistas tunecinos

Un tribunal de apelación de Túnez confirmó el pasado miércoles día 4 las sentencias condenatorias de trabajadores y líderes sindicales, que habían presentado un recurso contra dichas sentencias y las condenas respectivas, impuestas en diciembre de 2008 en relación con las protestas de Gafsa. Los líderes sindicales Adnan Hajji y Bechir Laabidi, y otras 36 personas, estaban acusados de liderar los disturbios contra el desempleo y el elevado coste de la vida a principios de 2008 en la región de Gafsa, rica en fosfatos, del sureste de Túnez. Habían sido detenidos junto a centenares de personas más. ”Instamos al presidente de Túnez a que intervenga y ordene la libertad de las personas condenadas sólo por ejercer su derecho a la libertad de expresión de un modo pacífico”, ha declarado Malcolm Smart, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África. La mayoría de las condenas fueron reducidas en apelación, incluidas las de 10 años, reducidas a ocho, de los líderes sindicales Adnan Hajji y Bechir Laabidi. Otras cinco personas que habían sido puestas en libertad tras la sentencia del tribunal de primera instancia fueron declaradas culpables por el Tribunal de Apelación tras el recurso presentado por la fiscalía. Entre los cargos que se les imputaron a las 38 personas figuran el de “formar un grupo criminal con el objetivo de destruir propiedades públicas y privadas” y el de “rebelión armada y agresión a funcionarios en el ejercicio de sus obligaciones”. Bechir Laabidi sufrió un deterioro grave de su salud durante el tiempo que permaneció detenido. Tras las reiteradas peticiones de sus abogados y familiares, fue trasladado a un hopital de Túnez. estuvo presente durante todas las actuaciones judiciales, que duraron todo el día y toda la noche del martes, con sólo dos descansos, y que finalizaron a primera hora de la mañana del miércoles. Amnistía Internacional manifestó su preocupación por las graves violaciones de las normas sobre imparcialidad procesal que se cometiron durante la vista en el Tribunal de Apelación de Gafsa el miércoles. Aunque los abogados de la defensa pudieron presentar el caso de sus clientes, se les negó el derecho a citar a testigos y a interrogar a los testigos de la parte contraria. El tribunal rechazó las peticiones de los abogados de que sus clientes fueran sometidos a un examen médico en busca de rastros de posibles torturas y no tuvo en cuenta las alegaciones de tortura. “El Tribunal de apelación no ha ofrecido tampoco esta vez un remedio a unas personas que critican al gobierno, cuyo juicio ante el tribunal inferior estuvo lleno de defectos y fue injusto —ha declarado Malcolm Smart—. Es hora de que los tribunales de Túnez presten atención a hacer que se respeten las garantías básicas de que gozan todos los enjuiciados tanto en aplicación del derecho tunecino como en virtud de las obligaciones internacionales contraídas por Túnez en materia de derechos humanos.” La región de Gafsa se vio sacudida por una oleada de protestas populares en la primera mitad de 2008. Comenzaron en la localidad de Redeyef poco después de que la mayor empresa de la zona, la Gafsa Phosphate Company, anunciase los resultados de un concurso de contratación de personal. Quienes quedaron excluidos del concurso de selección y otras personas, entre ellas algunas pertenecientes a la Unión General de Trabajadores Tunecinos, denunciaron que el proceso para el concurso había sido fraudulento. Las protestas cobraron un carácter más general, contra el elevado desempleo de la zona y el alto nivel del coste de la vida, y se propagó a otras localidades, tras lo que las autoridades procedieron al despliegue de un numeroso contingente de fuerzas de seguridad en la región. Amnistía Internacional considera a las personas condenadas presos de conciencia y ha pedido que se las ponga de inmediato en libertad sin condiciones. Asimismo, la organización ha solicitado que las demás personas encausadas sean juzgadas de nuevo en actuaciones imparciales, con arreglo a las garantías de imparcialidad procesal consagradas en el derecho tunecino y a las obligaciones internacionales contraídas por Túnez.