Las autoridades de Papúa Nueva Guinea deben actuar con más energía para evitar que se sigan produciendo homicidios relacionados con acusaciones de brujería.
Un padre y un hijo, asesinados el 8 de febrero, son las últimas víctimas. Unos vecinos del poblado de Ban mataron a tiros a Plak Mel Doa, de 60 años, y arrojaron su cuerpo a una hoguera. A su hijo, Anis Dua, lo sacaron a rastras de su casa y lo quemaron vivo. Los habitantes de la zona los habían acusado de haber provocado, mediante brujería, la muerte de un destacado miembro de la comunidad.
A lo largo del último año, ha habido un aumento del número de informes sobre homicidios relacionados con la brujería en Papúa Nueva Guinea. Según los medios de comunicación, en 2008 se produjeron más de 50 muertes por este motivo. Esto puede deberse bien a un aumento de este tipo de casos, o bien a que los medios informan más sobre ello.
En 2009 se han seguido produciendo noticias de esta naturaleza. El 30 de enero, un tribunal local, compuesto por pastores de la iglesia y funcionarios locales, declaró a un hombre de 40 años de un poblado del distrito de Unggai-Bena, provincia de las Tierras Altas Orientales, culpable de brujería, y lo condenó a muerte. Un grupo de hombres del poblado lo mató a golpes de machete.
El 6 de enero, un grupo de hombres desnudó a una mujer, la amordazó y la quemó viva en el vertedero de Kerebug, en Mount Hagen, tras acusarla de practicar brujería.
“Puesto que se ha dado muerte a decenas de personas tras cazas de brujas –literales–, está claro que el gobierno no ha hecho lo bastante para proteger a sus propios ciudadanos y mantener el Estado de derecho –ha manifestado Apolosi Bose, investigador de Amnistía Internacional sobre las Islas del Pacífico–. La policía y las autoridades judiciales deben intervenir de inmediato antes de que otra persona tenga que hacer frente a este tipo de violencia parapolicial.”
Amnistía Internacional ha señalado que la Real Policía de Papúa-Nueva Guinea a menudo no tiene capacidad para hacer cumplir la ley. Por ejemplo, tras los homicidios del 8 de febrero, la policía informó de que visitó el lugar del crimen para confirmar la muerte de los dos hombres, pero que residentes de la zona fuertemente armados les impidieron llevarse los cadáveres al hospital para que les hicieran la autopsia.
“La gente a menudo no se fía de la policía ni del poder judicial, y opta por culpar de las cosas que suceden a causas sobrenaturales y por castigar a los presuntos brujos –ha manifestado Apolosi Bose–. La policía, la fiscalía y otras autoridades pertinentes deben redoblar sus esfuerzos por frenar esta violencia parapolicial y por dar a conocer a las comunidades las formas en las que se puede pedir legítimamente justicia.”
El 26 de enero de 2009, Amnistía Internacional y Human Rights Watch enviaron cartas conjuntas al ministro de Justicia, el Hon. Dr. Alan Marat, y al jefe de la Policía, Gari Baki, manifestando su preocupación por los constantes informes sobre homicidios, especialmente de mujeres, relacionados con la brujería, y pidiendo que las autoridades actúen con más energía para frenar la violencia y los asesinatos. Hasta el momento no se ha recibido respuesta.
Amnistía Internacional pide a la Real Policía de Papúa Nueva Guinea que investigue enérgicamente todos los casos y garantice que los responsables comparecen ante la justicia.