Mientras en Sri Lanka los enfrentamientos no disminuyen y la situación humanitaria empeora, aumentan los llamamientos para una tregua entre el gobierno de Sri Lanka y los Tigres de Liberación de Eelam Tamil (LTTE).
Amnistía Internacional ha exhortado a los dos partes implicadas en el conflicto a que declaren de inmediato una tregua temporal humanitaria y creen corredores humanitarios. Tales medidas permitirán escapar de la guerra a más de un cuarto de millón de civiles que se encuentran atrapados, así como llevar alimentos, agua y asistencia médica a quienes no puedan salir.
La organización ha pedido también que el gobierno de Sri Lanka garantice que las personas desplazadas que hayan huido de la zona del conflicto a centros de tránsito no están sujetas a restricciones indebidas de su libertad de circulación y gozan de condiciones de seguridad.
Desde diciembre han buscado refugio en zonas bajo control del gobierno menos de 10.000 personas de la región de Wanni. Se encuentran recluidas en centros de detención de facto, o lugares conocidos como pueblos de bienestar, y están expuestas a sufrir abusos a manos de las fuerzas del gobierno.
Estos campos de acogida se encuentran en Kalimoddai y Sirukandal, distrito de Mannar, y en Manik Farm y Nellumkulam, distrito de Vavuniya. Asimismo, se están estableciendo otros campos en los distritos de Mannar, Vavuniya y Jaffna.
Aunque el gobierno ha permitido a algunas personas desplazadas salir de estos campos por razones de educación, sustento o salud, se las obliga a dejar a un miembro de su familia en el campo como garantía de que regresarán. Esta política viola la prohibición jurídica internacional de la toma de rehenes.
El gobierno ha permitido al CICR y a la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) el acceso limitado a los centros existentes, pero no a otros organismos humanitarios.
“Lo más importante ahora mismo es centrarse en el envío inmediato y sin restricciones de asistencia humanitaria a las familias atrapadas entre las partes contendientes –ha señalado Yolanda Foster, investigadora de Amnistía Internacional sobre Sri Lanka–. El gobierno quiere asistencia internacional, pero no normas internacionales.”
Aproximadamente 300.000 personas se encuentran atrapadas en este momento en la región de Wanni, en una pequeña extensión de terreno situada entre las partes contendientes. Se trata de familias que llevan meses viviendo sin refugio adecuado y sin suficientes alimentos. La población civil depende totalmente de los alimentos que llegan del exterior. El último envío de alimentos llegó a la zona el 29 de enero, pero no se sabe con certeza si se distribuyó totalmente entre todas las personas que los necesitaban.
“La situación de la población civil de Wanni es inaceptable –ha manifestado Yolanda Foster–. La gente no puede desplazarse en condiciones de seguridad, ni siquiera para recoger los cadáveres de sus familiares muertos, y los heridos no tienen hospitales. Hay un cuarto de millón de personas sufriendo, sin alimentos ni refugio adecuados, mientras llueven los proyectiles sobre ellas. La mayoría de las que han conseguido escapar del conflicto no han recibido atención hospitalaria adecuada.”
Se ha cerrado el último hospital que funcionaba en la zona en guerra. Situado en la localidad de Puthukkudiyiruppu, tuvo que ser evacuado el 3 de febrero tras ser bombardeado.
Antes de la evacuación, el hospital sufrió varios ataques. El 8 de febrero, al menos nueve personas murieron y 20 resultaron heridas cuando recibió tres impactos directos. Al día siguiente por la tarde, el hospital fue alcanzado por cuarta vez.
“Si el hospital ha sido blanco de una ataque deliberado del gobierno o de los LTTE, constituiría un crimen de guerra –ha declarado Yolanda Foster–. Si el hospital fue alcanzado en el transcurso de un ataque desproporcionado o indiscriminado, también constituiría un crimen de guerra. Amnistía Internacional insiste en pedir tanto a las fuerzas de Sri Lanka como a las de los LTTE que respeten el derecho internacional humanitario. ”
Las dos principales partes en el conflicto tienen terribles expedientes en materia de derechos humanos. Los LTTE han reclutado a personas menores de edad en el pasado. Además, llevan tiempo acallado las voces disidentes en las zonas bajo su control y han enviado a civiles a excavar búnkeres y a trabajar en las líneas del frente.
“La vida ha sido extremadamente difícil para la población civil que vive en las zonas controladas por los LTTE –ha manifestado Yolanda Foster–. Los LTTE querían recaudar fondos, de manera que han aplicado un impuesto sobre las familias individuales. Existía la política de entregar al grupo un menor por familia. He entrevistado a madres que han tenido que entregarles no uno, sino dos menores. También ha sido muy difícil para cualquier persona montar una radio independiente o tener opiniones distintas de la línea oficial de los LTTE. ”
El gobierno ha estado involucrado directa e indirectamente en desapariciones, homicidios extrajudiciales e intimidación explícita de los opositores. En el sur del país, han silenciado asimismo la disidencia a fin de aplastar las voces críticas.
Desde 2006, 14 periodistas han muerto en Sri Lanka. Y ha existido una campaña sistemática para silenciar cualquier voz crítica. Es evidente por la forma en que el gobierno ha amedrentado a los redactores –pidiéndoles, por ejemplo, que los periódicos no traten determinadas historias, como la crisis humanitaria– que se ha llevado a cabo una campaña concertada para acallar a los medios de comunicación.
No ha existido una rendición de cuentas apropiada para los homicidios que han sucedido en los últimos dos años, así que hay impunidad para los perpetradores. A principios de este año, un conocido redactor del periódico Sunday Leader, Lasantha Wickramatunge, fue asesinado en Colombo. La mayoría de los periodistas no cree que se vaya a llevar a cabo una investigación apropiada sobre su muerte.
“Una de las preocupaciones reales es que se trata de una guerra sin testigos –ha declarado Yolanda Foster–. Sencillamente, no sabemos lo que ha ocurrido en Sri Lanka durante las últimas semanas, pero, según los informes de las pocas organizaciones de ayuda humanitaria que quedan sobre el terreno, sólo en las últimas semanas se han producido varios cientos de víctimas mortales.”
“La escasa información de que se dispone con respecto a incidentes en los que se han producido víctimas mortales muestra la necesidad extrema de que se desplieguen urgentemente observadores independientes internacionales, a quienes el gobierno de Sri Lanka y los LTTE deben permitir el acceso sin pérdida de tiempo.”