Por James Lynch, investigador de Amnistía Internacional sobre los derechos de las personas migrantes en el Golfo Pérsico
El año pasado, cuando me reuní con un grupo de hombres que trabajaban para Lee Trading and Contracting, su situación presentaba todas las características de una crisis. Sin recibir su salario desde hacía meses y abandonados por su empleador, tenían dificultades para comprar alimentos y no podían enviar dinero a su país. El hecho de que hubieran trabajado en una de las torres más prestigiosas de Qatar, sede de sus principales organismos futbolísticos, acrecentaba la sensación de injusticia.
Las autoridades no deberían haber tenido ninguna dificultad para resolver este caso. Según mis datos, ninguna de las partes implicadas en el caso ha negado que a estos hombres se les adeuden meses de salarios impagados. Sin embargo, nueves meses después los casos languidecen en los tribunales y los salarios siguen sin pagarse. Muchos de los hombres han perdido toda esperanza y han regresado a su país. Entre el gobierno, los tribunales y las empresas involucradas, parece que las personas que necesitaban protección han quedado en gran medida abandonadas a su suerte.
Estos últimos informes causarán una frustración inmensa entre quienes en Qatar, tanto ciudadanos qataríes como extranjeros, intentan poner fin a los abusos laborales. Les motivan el enojo por la explotación, el despertarse antes del alba para llevar a cabo controles por sorpresa del bienestar de los trabajadores en empresas de construcción y trabajan para forjar una cultura empresarial que respete los derechos.
Los informes dicen que ven indicios de progresos, como el aumento del alcance del debate público sobre los derechos de los trabajadores, puesto de relieve por la reciente publicación de un contundente informe sobre el asunto de la Qatar Foundation, una de las instituciones de perfil más elevado del Estado, presidida por la madre del emir. Pero estos esfuerzos positivos se ven eclipsados a menudo por los duros relatos de personas a las que el sistema deja en la estacada porque al parecer hay personas en el gobierno que no han captado la magnitud y la urgencia del problema. Esto es sorprendente, teniendo en cuenta los acontecimientos del último año, en el que los derechos laborales en Qatar han sido objeto de debate en el Parlamento Europeo y en las reuniones del comité ejecutivo de la FIFA, el primer ministro británico ha formulado preguntas y el Departamento de Estado estadounidense ha decidido rebajar la calificación de Qatar en su informe sobre tráfico de personas de 2014.
El Ministerio de Trabajo ha hecho una serie de anuncios en las últimas semanas, entre ellos el aumento del número de inspecciones de trabajo y de su rigor, normas de alojamiento y medidas de protección de los salarios más estrictas, y propuestas para introducir ligeros ajustes en el restrictivo sistema de patrocinio. Sin embargo, aunque entre estas medidas hay algunos signos positivos, gran parte de ellas no son más que actualizaciones del proceso burocrático; la mayoría de estas normas legales no han entrado en vigor todavía, y mucho menos han surtido efectos sobre el terreno.
Seguimos aguardando las medidas concretas que comiencen a generar confianza en que existe un compromiso de abordar los asuntos más importantes: abolir de manera inequívoca y con carácter inmediato el permiso de salida que impide que los trabajadores migrantes salgan del país sin permiso de sus empleadores; abrir una investigación independiente sobre las causas de las muertes de trabajadores y elaborar planes para abordar esos incidentes; suprimir las tasas para que los trabajadores denuncien a los empleadores ante los tribunales; enjuiciar y publicar los nombres de los reclutadores y empleadores explotadores; y conceder a los trabajadores y trabajadoras domésticos la protección legal de los derechos laborales que se conceden a otros trabajadores. También tiene que haber un calendario claro y ambicioso para la reforma completa del sistema de patrocinio, y debemos saber cómo tiene previsto Qatar proporcionar a los trabajadores migrantes su derecho a la libertad de asociación.
Estas medidas podrían comenzar a conseguir crédito internacional para el país y en su mayor parte estarían en consonancia con las recomendaciones del estudio del propio Estado, elaborada por la firma de abogados DLA Piper. Pero el gobierno no parece dispuesto o no puede hacer frente a sectores influyentes de la comunidad empresarial de Qatar, que consideran que les interesa mantener el control sobre una mano de obra barata y que ha encabezado con firmeza la oposición a la cancelación completa del permiso de salida y a una reforma a fondo del sistema de patrocinio.
Con la controversia en curso sobre la organización de la Copa Mundial por el país, centrada sobre todo en denuncias de corrupción, nunca ha sido mayor la presión para que el gobierno y los organizadores demuestren al mundo que Qatar 2022 puede ser una fuerza para el bien. Si tiene pensado responder a quienes les critican haciendo lo que se debe en relación con la mano de obra migrante, ahora es el momento.
Nota: Este artículo apareció originalmente en the Guardian el 28 de julio de 2014.