Bielorrusia reanudó las ejecuciones en 2014. Ha llegado el momento de redoblar la presión sobre el único país de Europa que sigue utilizando la pena de muerte, escribe Jan Wetzel, de Amnistía Internacional.
Este mismo año, Amnistía Internacional informó de que Bielorrusia no había llevado a cabo ninguna ejecución en 2013. Era la primera vez desde 2009 que Bielorrusia estaba un año sin ejecutar a nadie. En junio de 2013, la máxima autoridad de la Iglesia Ortodoxa Bielorrusa llegó a pedir incluso la abolición de la pena de muerte. Estos hechos fueron positivos en un país que seguía usando una pena que el resto del continente ha relegado a la historia. Pero en fechas recientes ha trascendido a noticia de que al menos dos hombres han sido ejecutados en 2014.
A mediados de abril, Pavel Selyun fue ejecutado en secreto. Ese mismo mes se llevó a cabo la condena a muerte de Rygor Yuzepchuk, pero la ejecución no se hizo pública hasta el 8 de mayo. Habían sido condenados a muerte en 2013; las condenas fueron confirmadas en julio y septiembre, respectivamente, y las peticiones de indulto fueron enviadas automáticamente al presidente de Bielorrusia, Alyaksandr Lukashenka.
La madre de Pavel, Tamara, había escrito su propia petición al presidente. Nunca se le dijo que se había denegado el indulto, ni se le informó de la inminente ejecución. Tamara sólo se enteró a través de su abogado, que a su vez no supo nada de la ejecución hasta que fue a visitar a Pavel en la prisión y se le dijo: “Ha fallecido, conforme a su condena”. Una carta oficial en la que se confirmaba que la fecha de la ejecución fue el 17 de abril no se envió hasta más tarde.
Al menos otros dos hombres, Eduard Lykau y Alyaksandr Haryunou, también condenados a muerte en 2013, continúan en espera de ejecución y podrían ser ejecutados en cualquier momento.
En Bielorrusia, las condenas a muerte se llevan a cabo sin previo aviso. No se informa a los familiares ni a los abogados, ni siquiera a los presos. Simplemente se saca a los condenados de sus celdas, se les dice que su petición de indulto ha sido rechazada, y después se les obliga a ponerse de rodillas y se les dispara en la nuca. Los datos sobre el uso de la pena de muerte en Bielorrusia siguen estando clasificados como secreto de Estado.
El secreto que rodea el uso de la pena de muerte constituye trato cruel, inhumano y degradante, no sólo para los condenados, sino también para sus familiares.
Amnistía Internacional ha recibido muchos testimonios de familiares de personas que fueron ejecutadas en secreto en Bielorrusia en los últimos años. Estos testimonios muestran cómo sufrieron el absoluto desprecio de las autoridades por sus derechos y por las obligaciones contraídas por Bielorrusia en virtud del derecho internacional.
El relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Belarús afirma en su último informe que en el último año no se registraron progresos en cuestiones de derechos humanos. El 25 de abril, el relator especial reiteró su preosupación por el uso de la pena de muerte. Pidió la suspensión inmediata de las condenas a muerte y que no se lleve a cabo ninguna ejecución más.
Este mes de junio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra se centrará una vez más en la situación de los derechos humanos en Bielorrusia. En 2013, el Consejo se limitó a observar “la atención prestada por el Relator Especial a la cuestión de la pena de muerte en Belarús” cuando amplió su mandato por un año más. Este año, ¿volverá el Consejo a permanecer prácticamente en silencio en relación con este aspecto fundamental del historial de derechos humanos de Bielorrusia?
No debería ser así.